Cuando se habla de nuestra soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, muchas veces no se toma en cuenta la dimensión que adquiere en nuestro destino esa ocupación colonialista.
La existencia de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, como un enclave colonial Otanista al servicio de quienes pretenden arrastrarnos a una guerra mundial, desnuda la peligrosa concepción que tiene la dirigencia política en condiciones de ejercer el gobierno de nuestra soberanía, que reduce la contradicción entre soberanía y colonialismo a la ocupación física de un territorio, sin profundizar sobre la trascendencia de ese fenómeno anacrónico y perverso para la existencia y desarrollo de una nación.
La causa Malvinas está allí, sin resolverse, porque su resolución ha sido abordada desde posiciones mezquinas y oportunistas que han privilegiado las negociaciones dentro del encuadramiento de las normas establecidas por los Estados Unidos y su socio Gran Bretaña.
La dictadura criminal que trató de aprovechar el conflicto en 1982, confiaba en la aplicación del T.I.A.R y en una nueva instancia de negociación con Gran Bretaña. Los resultados fueron terribles, cientos de compatriotas murieron por la irresponsabilidad de un generalato genocida que lo único que sabía era conducir una fuerza de ocupación contra su propio pueblo.
Otra pérdida a manos del conflicto fue el trastocamiento de los roles en el reclamo histórico llevado adelante por nuestro país, en los cuales el usurpador colonialista y su “democracia neoliberal” pasaron a ser una víctima más de la dictadura argentina, y sus pretensiones ilegales sobre las islas comenzaron a tener otra categoría en los organismos internacionales.
Hasta el momento se ha tratado el tema Malvinas en los foros internacionales, sin considerar el perjuicio que Gran Bretaña le ocasiona a la Argentina con su presencia en las Islas y la explotación ilegitima de nuestros recursos naturales.
La posición de nuestros gobernantes ha sido más administrativa que política, nuestro pueblo no solo necesita que se reconozca que las Malvinas son argentinas, nuestro pueblo también necesita que se recupere la explotación de los recursos naturales y se libere a esa parte de nuestro país de una amenaza militar cada día más peligrosa.
No necesitamos compartir nada con quien impuso una usurpación a sangre y fuego hace mas de cien años y hoy junto a su aliado imperialista del norte del continente, pretende expandirse para tener pleno control de todo el estrecho de Magallanes y de la Antártida.
Si nuestros burócratas tuvieran una posición de defensa de los intereses populares y nacionales, las propiedades y recursos de Gran Bretaña en nuestro país ya estarían neutralizados como parte del cobro indemnizatorio que merecemos por la usurpación y explotación ilegitima desde 1833 de nuestro patrimonio en esa región.
Habríamos congelado todo tipo de relaciones políticas, comerciales, deportivas y culturales con quienes sin duda nos infringen un daño, hasta tanto se proceda al traspaso administrativo de las islas en reclamación.
Lo mismo debería ocurrir con los países que permiten que este estado de saqueo continuo se prolongue en el tiempo
El problema de la soberanía esta ligado a la autodeterminación de los pueblos y nuestro pueblo como muchos otros pueblos de distintos continentes reconocen nuestros legítimos derechos sobre el territorio usurpado, la cuestión pasa por la mentalidad colonizada de muchos dirigentes políticos que a lo largo de la historia han seguido mirando a Europa como la metrópoli de nuestro país.
Han prolongado en el tiempo el deslumbramiento que tuvieron por Europa, Sarmiento o Julio Roca quien pronunciara la tristemente recordada frase, “Argentina es la joya más preciada de la Corona Británica”, ante la vergonzosa firma del tratado “Roca-Runciman” con el gobierno británico.
Y así hasta llegar a nuestros días, muchos políticos, intelectuales y periodistas funcionales al orden occidental colonialista, han reproducido el relato cuestionador sobre nuestra soberanía sobre Malvinas y el territorio insular circundante.
La desmalvinización es una cuestión que data de muchos años, no son pocos los periodistas e historiadores como Luís Alberto Romero que reflexionaban desde las páginas del diario La Nación, “¿Son realmente nuestras las Malvinas?” y agregaba “No habrá solución argentina a la cuestión de Malvinas hasta que sus habitantes quieran ser argentinos e ingresen voluntariamente como ciudadanos a su nuevo Estado”, y recalcaba,“Me resulta difícil pensar en una solución para Malvinas que no se base en la voluntad de sus habitantes, que viven allí desde hace casi dos siglos. Es imposible no tenerlos en cuenta, como lo hace el gobierno argentino”.
Estas no son expresiones aisladas, forman parte de un relato militante que tomó forma a través de un escrito en el año 2012, y que expresaba lo siguiente:
Una visión alternativa
A tres décadas de la trágica aventura militar de 1982 carecemos aún de una crítica pública del apoyo social que acompañó a la guerra de Malvinas y movilizó a casi todos los sectores de la sociedad argentina. Entre los motivos de aquel respaldo no fue menor la adhesión a la causa-Malvinas, que proclama que las Islas son un “territorio irredento”, hace de su “recuperación” una cuestión de identidad y la coloca al tope de nuestras prioridades nacionales y de la agenda internacional del país.
Un análisis mínimamente objetivo demuestra la brecha que existe entre la enormidad de estos actos y la importancia real de la cuestión-Malvinas, así como su escasa relación con los grandes problemas políticos, sociales y económicos que nos aquejan. Sin embargo, un clima de agitación nacionalista impulsado otra vez por ambos gobiernos parece afectar a gran parte de nuestros dirigentes, oficialistas y de la oposición, quienes se exhiben orgullosos de lo que califican de “política de estado”. Creemos que es hora de examinar a fondo esa política a partir de una convicción: la opinión pública argentina está madura para una estrategia que concilie los intereses nacionales legítimos con el principio de autodeterminación sobre el que ha sido fundado este país.
Una revisión crítica de la guerra de Malvinas debe incluir tanto el examen del vínculo entre nuestra sociedad y sus víctimas directas, los conscriptos combatientes, como la admisión de lo injustificable del uso de la fuerza en 1982 y la comprensión de que esa decisión y la derrota que la siguió tienen inevitables consecuencias de largo plazo. Es necesario poner fin hoy a la contradictoria exigencia del gobierno argentino de abrir una negociación bilateral que incluya el tema de la soberanía al mismo tiempo que se anuncia que la soberanía argentina es innegociable, y ofrecer instancias de diálogo real con los británicos y –en especial- con los malvinenses, con agenda abierta y ámbito regional. En honor de los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución de nuestro país en 1994, los habitantes de Malvinas deben ser reconocidos como sujeto de derecho. Respetar su modo de vida, como expresa su primera cláusula transitoria, implica abdicar de la intención de imponerles una soberanía, una ciudadanía y un gobierno que no desean. La afirmación obsesiva del principio “Las Malvinas son argentinas” y la ignorancia o desprecio del avasallamiento que éste supone debilitan el reclamo justo y pacífico de retirada del Reino Unido y su base militar, y hacen imposible avanzar hacia una gestión de los recursos naturales negociada entre argentinos e isleños.
La República Argentina ha sido fundada sobre el principio de autodeterminación de los pueblos y para todos los hombres del mundo. Como país cuyos antecedentes incluyen la conquista española, nuestra propia construcción como nación es tan imposible de desligar de episodios de ocupación colonial como la de Malvinas. La Historia, por otra parte, no es reversible, y el intento de devolver las fronteras nacionales a una situación existente hace casi dos siglos -es decir: anterior a nuestra unidad nacional y cuando la Patagonia no estaba aún bajo dominio argentino- abre una caja de Pandora que no conduce a la paz.
Como miembros de una sociedad plural y diversa que tiene en la inmigración su fuente principal de integración poblacional no consideramos tener derechos preferenciales que nos permitan avasallar los de quienes viven y trabajan en Malvinas desde hace varias generaciones, mucho antes de que llegaran al país algunos de nuestros ancestros. La sangre de los caídos en Malvinas exige, sobre todo, que no se incurra nuevamente en el patrioterismo que los llevó a la muerte ni se la use como elemento de sacralización de posiciones que en todo sistema democrático son opinables.
Necesitamos superar la agitación de la causa-Malvinas y elaborar una visión alternativa que deje atrás el conflicto y aporte soluciones. Los principales problemas nacionales y nuestras peores tragedias no han sido causados por la pérdida de territorios ni la escasez de recursos naturales, sino por nuestra falta de respeto a la vida, los derechos humanos, las instituciones democráticas y los valores fundacionales de la República Argentina, como la libertad, la igualdad y la autodeterminación. Ojalá que el dos de abril y el año 2012 no den lugar a la habitual escalada de declamaciones patrioteras sino que sirvan para que los argentinos -gobernantes, dirigentes y ciudadanos- reflexionemos juntos y sin prejuicios sobre la relación entre nuestros propios errores y los fracasos de nuestro país.
Emilio de Ípola, Pepe Eliaschev, Rafael Filippelli, Roberto Gargarella, Fernando Iglesias, Santiago Kovadloff, Jorge Lanata, Gustavo Noriega, Marcos Novaro, José Miguel Onaindia, Vicente Palermo, Eduardo Antin (Quintín), Luis Alberto Romero, Hilda Sabato, Daniel Sabsay, Beatriz Sarlo, Juan José Sebreli
Entre los distintos señalamientos que podemos observar en esta construcción deliberada que enarbola la autodeterminación de los pueblos como bandera, hay que mencionar que las Islas Malvinas formaban parte de las colonias españolas y que cuando se produjo la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, estas quedaron dentro de su soberanía.
Otro punto no mencionado en el pronunciamiento es que la población argentina que habitaba las islas Malvinas, fue expulsada en 1833 por las fuerzas del Reino Unido de Gran Bretaña cuando ocuparon las islas, resistencia mediante, y que la misma contaba con una presencia institucional ejercida desde el 10 de junio de 1829 por Luis Elías Vernet, primer comandante político y militar argentino de las Islas Malvinas y adyacentes al cabo de Hornos en el océano Atlántico, cuyas atribuciones eran «observar por la población de dichas islas, las leyes de la República, y cuidar en sus costas de la ejecución de los reglamentos sobre pesca de anfibios», según establecía el decreto firmado por Martín Rodríguez y Salvador María del Carril.
A partir de ese momento no se nos permitió a los argentinos radicarnos en las islas, salvo que estuviéramos casados con un británico/a, malvinense o no, y a tal punto llega la incongruencia en esta situación, que los argentinos que quieran visitar las Islas Malvinas, tienen que utilizar su pasaporte como único documento válido, como si se tratara de un país lejano, convalidando de esta manera la ocupación, ya que, para los países comprendidos dentro del Mercosur, se puede viajar con la cédula de Identidad.
No queda duda que los firmantes de ese escrito que habla de una “Visión Alternativa”, en realidad son funcionales al relato construido por los colonialistas que tratan de asignarle un status de pobladores originarios a los descendientes de los usurpadores, desconociendo su condición de súbditos ingleses.
De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, el principio de autodeterminación debe aplicarse a un grupo étnico sobre su espacio de pertenencia y no sobre espacios ocupados ilegalmente por una población trasplantada.
Y, objetivamente, si este principio se aplicara cabalmente, Gran Bretaña tendría que preocuparse más por el reclamo de autodeterminación de los pueblos de Gales, Escocia e Irlanda que por los de sus lejanos “kelpers”.
Lo más preocupante de esta “visión” funcional a una estrategia guerrerista por parte de las fuerzas hegemónicas que conforman la OTAN, es que, más allá del hilo conductor cipayo que se expresa en estos personajes, que demuestran constantemente su inclinación visceral a lo antipopular y antinacional, para su desgracia estamos en tiempos de confrontación civilizatoria, y en ella, el occidente capitalista, no posee la impronta de finales de la segunda guerra mundial.
Declaraciones como las del diputado derechista Javier Milei, «Me siento identificado con Margaret Thatcher», o de Eduardo Bolsonaro, que se refiere a nuestras Malvinas como «Falklands», o de la presidenta del PRO y ex ministra de seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, que expresó que de haber pedido «Pfizer” «las Islas Malvinas se las podríamos haber dado», o la “Declaración conjunta” conocida como acuerdo “Foradori-Duncan”, del año 2016, dan cuenta de un alineamiento internacional con las fuerzas empeñadas en escalar una guerra con las potencias enroladas en la nueva alternativa multipolar comandada por China desde Asia central.
Se repite nuevamente la mueca de las “relaciones carnales” de los años 90 que terminó llevando a un contingente de militares argentinos a combatir en Irak y que no aportó nada positivo para nuestro país.
Pensar que la concentración militar otanista que se está desarrollando en Malvinas es para que no vuelva a ocurrir un evento como el de 1982, es hipócrita y siniestro, fundamentalmente por los ribetes que va adquiriendo esta escalada militar global, a la que Gran Bretaña agrega armamento nuclear y municiones con uranio enriquecido.
Pareciera, que para muchos de nuestros dirigentes políticos la convivencia con los ingleses y los norteamericanos es más importante que nuestra autodeterminación y soberanía, inclusive mucho más importante que los acuerdos alcanzados con países aliados como los integrantes de Unasur o Celac.
El camino histórico de la subordinación ha sido uno de los flagelos que nos ha impedido la construcción de soluciones para las necesidades del país y fundamentalmente de nuestro pueblo. La asfixia constante de nuestra economía gracias al seguimiento diciplinado al mantra dictado por los gurúes del capitalismo transnacional y las recetas fondomonetaristas nos han llevado de frustración en frustración.
La impunidad y la complacencia del poder judicial y el poder legislativo con quienes deliberadamente defalcaron, saquearon o se aprovecharon de los recursos del Estado, son una muestra más de la decadencia institucional devenida de una clase política genuflexa ante los intereses colonialistas.
Sin soberanía política no habrá desarrollo endógeno, sin desarrollo endógeno, nuestro destino quedará neutralizado por la manipulación de nuestras fortalezas por parte del imperialismo en su confrontación geopolítica.
Cuando el embajador norteamericano Marc R. Stanley se pasea por nuestro país brindando declaraciones y opinando de manera injerencista sobre asuntos de nuestra exclusiva competencia y no es interpelado por sus dichos, nuestra soberanía se condiciona.
Cuando una jefa militar de una fuerza extranjera como Laura Richardson, habla de nuestros recursos naturales como si se tratara de una empresa familiar y desde el gobierno, no se toma nota sobre la gravedad de dichos planteamientos, nuestra soberanía se pone en duda.
Cuando al dólar no se lo deslinda de nuestras transacciones comerciales y genera todo tipo de distorsiones en nuestra economía, nuestra soberanía se reciente.
Cuando las empresas multinacionales extranjeras y las empresas monopólicas exportadoras reciben del Estado un trato administrativo y no político con el cual fortalecer los intereses de nuestra nación, nuestra soberanía se diluye.
Cuando el soberano, es un convidado de piedra en el debate de los grandes temas sobre la política que debe regir los destinos de la nación y queda preso de la formalidad y de la banalidad de los momentos electorales, manipulado por la maquinaria mediática que a punta de mentiras y medias verdades consolida o demoniza candidatos, nuestra soberanía entra en un limbo del cual se benefician los corsarios de la política.
La defensa de nuestra soberanía, no solo se centra en la lucha por la recuperación territorial de nuestro patrimonio, también se expresa en el desmonte de las políticas que a través de los ajustes continuados minan las posibilidades de sobrevivencia y bienestar de los cada vez más amplios sectores populares empujados a la miseria y la marginalidad.
La soberanía política y las políticas soberanas dependen del grado de participación de la gente en la construcción cotidiana del proyecto de país. Se construye soberanía cuando la gente discute sobre la salud, la educación, la vivienda y lo que deberán organizar los funcionarios electos, que no son más que correas de transmisión de la soberanía popular, que reside en el pueblo.
Si nos quedamos estancados en la democracia representativa y no alentamos y logramos construir los mecanismos que nos permitan avanzar hacia una democracia participativa y protagónica, donde el sujeto transformador sea el pueblo y no los actores ocasionales de las boletas de votación enrolados en franquicias circunstanciales que responden a los intereses del gran capital transnacional, nuestro destino como país soberano estará sellado.
Oscar Rotundo* Analista politico, editor de PIA Global
Foto de portada: reporteasia.com
