El día de ayer las tres candidatas a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se declararon afines a la llamada Cuarta Transformación, a favor de una reforma al Poder Judicial que logre que los ministros sean elegidos por voto popular, se les reduzcan sus salarios y se les recorte presupuesto, y en contra de medidas como la prisión preventiva oficiosa.
Así lo declararon durante sus comparecencias ante la Comisión de Justicia del Senado de la República Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González, integrantes de la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador que fue aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados con 12 votos a favor, 5 en contra y una abstención, por lo que avanzó al Pleno del Senado.
La decisión de avalar la terna propuesta por el presidente para nombrar a una nueva ministra de la Suprema Corte, que entre en lugar de Zaldívar, que presentó su renuncia como ministros hace apenas unas semanas, ocurrió tras casi 6 horas de entrevistas y una hora de debate, sesión que se prolongó debido a que las y los senadores de oposición desde el principio rechazaron la integración de Ríos González, actual consejera jurídica del presidente López Obrador, al considerar que no cubre con los requisitos que marca la ley.
No obstante, dentro de la presentación de sus propuestas y posteriores entrevistas las integrantes de la terna tocaron temas fuertemente criticados por el presidente López Obrador, en los que en su mayoría coinciden con el mandatario federal.
Afinidad a la 4T
La primera en reconocer su afinidad por la 4T fue Alcalde Luján, hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que a pregunta del senador Damián Zepeda, del PAN, sobre cómo podrá garantizar la independencia en sus resoluciones, respondió “no voy a negar que hay coincidencia respecto a los principios y valores del actual gobierno”. Sin embargo, aseguró que esas coincidencias “no necesariamente destruyen”, sino que pueden construir y ayudar a la sociedad.
“Me preguntaba ‘cómo va usted a garantizar esa independencia, esa autonomía’. Pues valorando caso por caso, valorando los hechos, valorando los elementos probatorios, valorando el derecho, excusándome cuando tenga que excusarme si hay un conflicto de interés y eso es fundamental para garantizar la independencia ¿Si creo que en general hay un conflicto de interés? No lo creo”, respondió.
Ríos González, actual consejera jurídica del presidente, respondió en el mismo sentido cuestionada por Zepeda sobre un posible conflicto de interés de llegar a la Corte, por ser la actual abogada del presidente.
“Sí quiero reconocer que sí soy afín a las ideas del presidente, a su proyecto, y por eso acepté cuando me ofreció ser consejera ¿Y por qué soy afín? Porque he visto cómo él, y a mi eso me congratula mucho, está haciendo cumplir la Constitución en lo que hace a los derechos humanos a la salud, educación y medio ambiente, a una serie derechos humanos que forman parte no solo de la expresión del presidente, sino del Plan Nacional de Desarrollo”, dijo.
Por su parte Lenia Batres, hermana del actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que cuando el presidente propone a personas cercanas “es porque sabe, sin ni siquiera habérnoslo preguntado, pero sabe, porque lo hemos manifestado, que estamos de acuerdo con estos temas y que nos va ser obvio trabajarlos en su caso”.
Esto lo dijo tras revelar que a las y los ministros que fueron designados por el presidente para ocupar un lugar en la Corte les solicitó promover políticas de austeridad en el Poder Judicial, acatar la ley de remuneraciones y que buscaran promover una reforma judicial, acciones que a su consideración no hicieron.
A favor de una reforma al Poder Judicial
Sobre una reforma al Poder Judicial que logre que los ministros sean elegidos por voto popular, que se les reduzca su salario y se les ajuste el presupuesto, las tres aspirantes coincidieron en estar a favor de emprender esta reforma.
“Que, si debe participar la ciudadanía en la selección de ministros, yo creo que sí. Creo que hay un cuestionamiento que es muy importante que en México no ha sido suficientemente debatido, pero es parte del corazón de la visión constitucionalista en el mundo, y es este papel que tiene el Poder Judicial”, dijo Batres en respuesta al senador Raúl Bolaños, del Partido Verde.
Además, sobre los recortes al presupuesto discutidos por el Congreso de la Unión, Batres señaló que “han faltado controles a los montos presupuestales del Poder Judicial. Y no estoy proponiendo que esos controles los ejerza un poder distinto del Poder Judicial, pero creo que deberían de ser más transparente y también deberían ceñirse en la parte que corresponde a salarios pues a lo que dice la Constitución”.
El senador Rafael Espino, de Morena, preguntó su postura a Alcalde Luján quien dijo que esta es una decisión que se tendrá que tomar en el Congreso de la Unión, donde sin duda se deberá llevar a debate.
“Hay países donde se eligen directamente por un poder, hay países en donde se eligen democráticamente, ya sea de manera directa a través del voto o de manera indirecta por parte del parlamento o poder legislativo. Lo que es cierto es que hay una problemática con la cual estoy de acuerdo, un diagnóstico que se ha hecho, hay un alejamiento de la ciudadanía con el Poder Judicial y es muy importante que se discuta en este foro cuál es la mejor forma de abordar esta problemática. Yo expuse algunas propuestas, pero ya la forma de elegir a las juezas, a los jueces, a los ministros y las ministras esa va ser una decisión que se tendrá que tomar en esta sede”, dijo.
Además, aseguró que de llegar a la Corte buscará abrir el debate para reducir los salarios de las y los ministros del Máximo Tribunal, situación que ha llevado a los integrantes de la Corte a ser fuertemente criticados por el presidente.
“Creo que la discusión en el seno de la Corte está en hacer una valoración armónica, creo que es importante tomar en cuenta también la situación social, económica […] pero sí decir que me parece fundamental que se requieren tener los recursos necesarios para poder ejercer un cargo y esto incluye también el salario, un salario digno, y la discusión también va estar en eso”.
Pese a lo anterior, sobre la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, Alcalde Luján aseguró que es un debate y análisis que se debe hacer “uno por uno”, mismo que debe tomar en cuenta su legalidad al momento de su creación.
“Es muy importante primero que se analice caso por caso, decir ‘todos los fideicomisos’ no, hay que ir viendo uno por uno en relación a estas disyuntivas, hay que ver de dónde provienen los fondos, porque esto también ha sido debatido. Son todos fondos públicos o son aportaciones de los propios jueces, en ese caso creo que hay mucho mayor riesgo”.
En contra de la prisión preventiva oficiosa
Finalmente, sobre el tema de prisión preventiva oficiosa, la senadora Sylvana Beltrones, del PRI, dijo a Alcalde Luján que, contrario al consenso internacional, en el Senado de la República se ha ampliado el catálogo de delitos previstos con esta figura de medida cautelar, por lo que la cuestionó sobre cómo hacer para que el control constitucional pueda ser utilizado para garantizar que se respeten los derechos de los y las acusadas en el país.
“Este cambio que a mí parecer no fue lo más positivo, yo incluso me he pronunciado en ocasiones anteriores sobre esto, no fue la mejor forma, vicia esto al sistema, no obstante lo anterior creo que es muy importante tomar en cuenta que para poder tener también un sistema de medidas cautelares en donde se discuta caso por caso, es muy importante también fortalecer instituciones clave.
¿Qué instituciones clave? Bueno, pues las unidades de medidas cautelares, que son las que aportan información, sobre todo a la fiscalía, pero también a la defensa, para discutir si hay o no o riesgo cautelar, un riesgo de fuga, riesgo a la víctima, riesgos a obstaculizar el proceso y no se diga las fiscalías y las policías de investigación”, agregó.
Pese a lo anterior señaló que la discusión sobre su reducción o ampliación es una decisión que tendrá que tomar en todo caso, no tanto la Corte, sino el propio legislativo como poder constituyente permanente, a través de una reforma al artículo 19 constitucional.
Cuestionada por la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, sobre su postura respecto a esta misma figura de prisión preventiva oficiosa o automática, la consejera jurídica Ríos González dijo apoyar su estudio caso por caso no se decantó por su total eliminación.
“Yo creo que es un tema que debe verse con mucho cuidado y que en cada caso concreto debe resolverse, porque si yo digo ‘defiendo el derecho del vinculado a proceso’ puede que esté afectando el derecho de testigos, de víctimas y de la sociedad”
A su vez Lenia Batres consideró que si bien no son “las mejores figuras en los contenidos penales normativos en los estados, cumplen con una función que no se pueden retirar de la noche a la mañana porque finalmente no terminamos de lograr como estado que funcionen de manera adecuada a las instancias de investigación ministerial”.
“(Quitándolos) dejamos al propio estado sin armas para proceder de manera rápida cuando además se tiene casos, como sucede muchos de estos delitos que se han catalogado en el artículo 19, se tienen casos en que es muy clara ante la opinión pública, no la culpabilidad, pero sí la necesidad de intervención de manera precautoria del estado”.
*Alfredo Maza es periodista de Animal Político, donde fue publicado originalmente este artículo.
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