Al conmemorarse en el Líbano el quinto aniversario de la devastadora explosión del puerto de Beirut, se observa un cambio significativo en el ánimo nacional. A diferencia de conmemoraciones anteriores, este año coincide con la inminente conclusión de la investigación judicial, dirigida por el juez Tarek Bitar, tras años de estancamiento legal y obstrucción política.
Aunque las familias de las víctimas esperaban que la acusación se emitiera antes del 4 de agosto —día en que 232 personas murieron, miles resultaron heridas y la mitad de la capital fue destruida—, el progreso genera un optimismo cauteloso. A pesar de la constante presión política, amenazas y más de 40 demandas para apartarlo del caso, el juez Bitar ha perseverado. Para las familias, esto es una señal de que la verdad y la justicia aún pueden prevalecer.
Una fuente judicial que sigue de cerca la investigación informó que Bitar está a punto de concluir la investigación. Durante los últimos cuatro meses, ha llevado a cabo decenas de sesiones, interrogando a altos líderes políticos, funcionarios militares y de seguridad, jueces y altos administradores portuarios.
“Está esperando respuestas a las solicitudes legales enviadas el mes pasado a seis países árabes y europeos”, declaró la fuente, señalando que estas solicitudes se refieren a asuntos específicos, aunque no incluyen imágenes satelitales. Una vez recibidas estas respuestas, Bitar procederá a redactar el escrito de acusación antes de fin de año o lo aplazará hasta que los tribunales superiores del Líbano se pronuncien sobre las numerosas demandas presentadas en su contra.
La investigación ha sufrido repetidas interrupciones desde diciembre de 2022 debido a impugnaciones legales presentadas por políticos y agentes de seguridad. El exministro de Obras Públicas, Ghazi Zeaiter, presentó múltiples denuncias, totalizando un total de 43.
En respuesta, Bitar emitió un dictamen legal en enero de 2023, afirmando que no podía ser apartado del caso y reanudó su trabajo. Posteriormente, presentó nuevos cargos contra varios altos funcionarios, incluido el exfiscal Ghassan Oueidat, quien, en represalia, acusó a Bitar de usurpar la autoridad judicial, le impuso una prohibición de viajar y liberó a 17 detenidos previamente en relación con el caso.
Estos desafíos legales siguen sin resolverse y, según se informa, Bitar está esperando fallos formales antes de finalizar su acusación, para evitar que futuras apelaciones descarrilen el caso.
Bitar ha interrogado a numerosas figuras de alto perfil, entre ellas el ex primer ministro Hassan Diab, el ex ministro del Interior Nohad Machnouk y el ex comandante del ejército, general Jean Kahwaji. Otros, como los diputados Ali Hassan Khalil y Youssef Fenianos, no comparecieron y están sujetos a órdenes de arresto.
Cabe destacar que este renovado impulso se produce en medio del firme respaldo político del recién elegido presidente Joseph Aoun, quien se comprometió a eliminar las barreras que obstaculizan la investigación. Un resultado tangible ha sido el restablecimiento de la cooperación entre el poder judicial y el juez de instrucción, como confirmó el actual fiscal Jamal Hajar.
Aún no se han tomado medidas contra los recientemente interrogados, pero fuentes esperan que Bitar los vuelva a citar una vez que se prepare el escrito de acusación. Las decisiones podrían ir desde la libertad vigilada hasta la detención formal.
En cuanto a las 17 personas liberadas por Oueidat, es poco probable que vuelvan a ser detenidas debido al largo tiempo que ya han pasado en prisión preventiva.
El ministro de Justicia, Adel Nassar, prometió apoyar la investigación, enfatizando que la explosión de 2020 fue tanto un crimen como una tragedia nacional.
“El Estado tiene la obligación de proporcionar un poder judicial que responda a las preguntas y garantice la rendición de cuentas”, declaró Nassar durante una conferencia de prensa. Si bien se abstuvo de analizar los detalles de la investigación, reafirmó su compromiso de ayudar al juez Bitar, incluso a través de la vía diplomática, para agilizar la respuesta internacional.
“El pueblo libanés, especialmente las familias de las víctimas, merecen saber la verdad y ver que se haga justicia”, concluyó Nassar.
Foto de portada: Wael Hamzeh – EPA.
