Con el inicio de los juicios públicos contra los implicados en los sucesos de la costa siria en marzo de 2025, Siria entra en una fase delicada en su proceso de reconstrucción institucional tras la caída de Bashar Al Assad.
Tras el derrocamiento del gobierno anterior en diciembre de 2024, las zonas costeras (Latakia, Tartus y partes de la zona rural de Hama) se mostraron particularmente vulnerables debido a su composición social y política, por ser las regiones que mayor apoyo mostraban al Baaz.
Luego de repetidas insinuaciones y de ser perseguidos por las fuerzas militares del nuevo gobierno, el 6 de marzo, los alauitas radicados allí respondieron con ataques generalizados contra sedes del ejército. Los militares que responden a Sharaa no tardaron en contestar, llevando a una serie de enfrentamientos (en condiciones de gran desigualdad) que provocaron 1426 muertes, incluidas 90 mujeres, además de 20 personas desaparecidas.
¿Representan estos juicios un paso hacia la justicia o son simplemente un intento formal de apaciguar a la opinión pública nacional y enviar un mensaje calculado al exterior?
La escritora siria Samar Yazbek, describió estos juicios como “una mera farsa”, asegurando que “el juez y algunos miembros del equipo de defensa están implicados en las mismas violaciones”, lo que, según ella, elimina “toda imparcialidad o independencia del poder judicial”.
El juicio se basó en el informe final de la Comisión Nacional Independiente de Investigación, establecida por el gobierno autoproclamado y con facultades relativamente amplias en comparación con las comisiones gubernamentales tradicionales en Siria. La comisión trabajó durante cuatro meses, durante los cuales: visitó 33 lugares a lo largo de la costa; escuchó 938 testimonios; revisó pruebas digitales, incluyendo fotos y vídeos; examinó listas oficiales de los Ministerios de Defensa e Interior; entrevistó a funcionarios locales; interrogó a detenidos; y adoptó el criterio de “sospecha razonable” para identificar a los sospechosos. Este criterio es subjetivo a los condicionamientos y apreciaciones que tome la Comisión, en ese caso, serán sospechosos aquellos que representen una amenaza para sus convicciones.
El poder judicial sirio, en su forma actual, opera dentro de un marco legal que no comprende la naturaleza de los crímenes cometidos. El Código Penal General de 1949 no reconoce conceptos como delitos a gran escala, delitos sectarios organizados, ejecuciones posteriores a la conquista o violencia basada en la identidad. El Código Penal Militar de 1950 se diseñó para abordar los delitos de rebelión y disciplina militar, no para procesar a civiles que participaron en operaciones mixtas.
Lo que hace que este juicio amerite un análisis más profundo es que se desarrolla en un vacío legislativo aún por llenar, y en un momento de transición en el que las instituciones estatales aún se están redefiniendo con las políticas de facto de Al Sharaa.
El Estado procesa a tres partes: los remanentes de Al Assad (en su mayoría alauitas), miembros de facciones que lucharon junto al Estado y civiles que actuaron movidos por el deseo de proteger sus territorios o buscar venganza.
Hasta la fecha, no se han publicado las acusaciones, no se han presentado pruebas digitales a expertos independientes, no se han anunciado medidas de protección de testigos, la relación jurídica entre el Ministerio Público y la Comisión Nacional sigue sin estar clara, y se desconoce el mecanismo para determinar qué casos se remiten y cuáles se abandonan por razones desconocidas.
Así, surge un panorama dual: el juicio representa un avance formal, pero está rodeado de un profundo vacío legislativo, cálculos políticos, lagunas procesales y una falta de herramientas legales capaces de abordar crímenes de esta magnitud. Esto plantea una pregunta crítica y legítima: ¿Acaso el Estado busca realmente construir un sistema de justicia transicional o lo está sustituyendo por un juicio único utilizado como una demostración simbólica de “voluntad política” sin cumplir con los requisitos de una justicia plena?
Foto de portada: SANA
