El reaccionario rechazo parlamentario de las distintas reformas presentadas por el gobierno llevó a un punto que hacía necesario gobernar por decretos, sabiendo desde meses atrás que los tumbarían la Corte Constitucional, pero que darían unos tiempos para mostrar las intenciones transformadoras. Frente al grosero rechazo de la reforma laboral surgió la idea de convocar a una Consulta Popular, que tampoco tendría ese aval parlamentario, pero que se desarrollaría puerta a puerta creando un movimiento nacional preelectoral que pondría a la derecha a la defensiva.
De la equivocada esperanza en las alianzas en el Congreso con una parte de los partidos tradicionales, se pasó a los decretos y luego a la Consulta. Esto llevó a que sectores del bipartidismo tradicional, asustados por lo que implicaba ese debate en los territorios, negociarán el aprobar en apuradas sesiones la avanzada -aunque insuficiente- reforma laboral, a cambio de que se retirara la propuesta de la Consulta.
Pero si algo tiene el presidente Petro es que no suelta la presa cuando la tiene en retirada, y con un cambio ministerial colocó en la agenda de la compleja coyuntura un tema estructural, que se decía no estaba entre los objetivos del proyecto progresista: un proceso constituyente que se concrete en una Asamblea que profundice y amplie el cuerpo de derechos humanos y de la naturaleza de la Constitución Nacional y elimine aquellos artículos que abrieron camino al neoliberalismo. Estrategia política que permitió el paso de lo coyuntural a un cambio estructural y creó una nueva coyuntura.
Este podría considerarse un globo político si no hubiera sucedido un cambio progresista en la composición de la Corte Constitucional, que llevó a que negara la decisión del Consejo Nacional Electoral -de mayoría opositora- de investigar al presidente por supuestos excesos en el gasto de recursos durante la campaña electoral, función que sólo le corresponde a la Comisión de Acusaciones del Congreso. Valga decir que allí se han sepultado todas las denuncias de este tipo, en las que el ex presidente Uribe tiene en su espalda la mayoría. (Algo que parece no podrá eludir con el fallo de una jueza que lo tiene del cuello).
Es decir, que si la estrategia constituyente encuentra el piso social político que lleve a inundar de papeletas las urnas de las parlamentarias de marzo de 2026, esa Corte podría abrir camino a una reelección -no inmediata- del presidente Petro.
Pero esta estrategia de mediano plazo está permeada por los tiempos electorales, los cuales tienen a las fuerzas políticas agrupadas ahora en el recién creado “Movimiento-Partido Pacto Histórico” con sus aliados, encerradas en la clásica disputa por los puestos en las listas nacionales a Senado y las listas departamentales a Cámara de Representantes. Las cuáles serán cerradas y deberían construirse por medio de consultas, pero que aún no han podido reglamentarse por las diferencias internas en cómo se abre la afiliación de cada sector para que sean los que votan, o lo hace toda la ciudadanía. La mayoría de los que ya ejercen ese oficio quieren seguir, lo cual es válido si lo hicieron bien, y los nuevos quieren llegar a ejercerlo. Gran “dilema” de la democracia electoral delegataria cuando la buscan implementar las fuerzas progresistas y de izquierda, pero que los partidos tradicionales las resuelven con el “dedo del dios” que los dirige, léase empresarios, caudillos políticos corruptos y fuerzas “externas” de alguna embajada.
Lo que nos alimenta el optimismo
Se dice que la política exterior es continuidad de la interior, escondiendo que el modelo es global y llega hasta los territorios. Sin embargo, le explique que hoy en Colombia -como también pasa en Brasil- lo que sucede o debería suceder es al revés. La avanzada propuesta realizada a la CELAC por parte de Petro de poner a funcionar grupos voluntarios de gobiernos que discutan y propongan alternativas concretas frente a los desafíos de una real integración latinoamericana y caribeña, así como su solicitud de ingreso al Banco de los BRICS, tienen un enfoque, que antes llamaban antimperialista, que debería extenderse y fortalecer los objetivos de la política interior.
Pero otra vez queda manifiesta con claridad la función del famoso equilibrio de poderes que sustenta al ya caduco Estado de Derecho. Lo que se creó para controlar a los reyes y emperadores que no querían soltar su poder absolutista, hoy les sirve para controlar al poder que escapa de su control electoral, que en nuestra América ha sido el presidencial o ejecutivo. En el contexto mundial actual, lograr recuperar para el pueblo esos tres poderes va más allá de la lucha interinstitucional y se logra -así suene panfletario- con el pueblo organizado, consciente y en las calles. No sólo en la calle, no sólo organizado, y no sólo con una causa transformadora, requiere del crisol político que los amalgame. Y eso es lo más complicado en una época donde el derecho internacional ya no se respeta y las injerencias imperiales del mercado no tienen límites. Si en Colombia llueve en el mundo no escampa.
Marcelo Caruso Azcárate* Investigador social colombo-argentino
Foto de portada: cambiocolombia.com/
