Para el gobierno de El Salvador es momento de rendir cuentas. No se piense que hablamos de rendirlas al pueblo, ni siquiera a la Nación. Eso no figura en el imaginario de la clase a cargo de un gobierno que solo administra recursos para el sector privado al que pertenece y del cual es socio y sirviente al mismo tiempo.
Su rendición de cuentas debe responder, en primer lugar, a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en consecuencia, al conjunto de multilaterales con disponibilidad crediticia, a las cuales el Estado salvadoreño accede a través de una puerta de entrada que solo el FMI puede abrir.
Para ello, y para seguir también el paso dictado por otros acreedores externos, se debe desentrampar el acuerdo con el FMI por 1,400 millones de dólares. Esto último estaría próximo a suceder, siempre y cuando desde El Salvador demuestren que cumplen servilmente con la exigencia de expulsar del Estado a miles de trabajadores a su servicio y aumenten, en el futuro próximo, regresivos impuestos como el IVA.
Como es sabido, la cifra esgrimida por el FMI, y que despectivamente los arrogantes especuladores de Wall Street y sus socios locales llaman “grasa”, es de más de once mil puestos de trabajo e igual número de familias condenadas a la incertidumbre, al hambre, a la miseria, el desarraigo o la migración forzosa.
La economía de hambre para las mayorías es también un arma de control social, usada por un gobierno cuyo objetivo es el lucro de sus empresas y de sus socios, y el saqueo de los recursos naturales y humanos al costo que sea.
El hambre, o la amenaza de sufrirlo, pende como una espada sobre la cabeza de familias y grupos sociales completos. Representa, junto con el régimen de excepción eterno e inconstitucional, una eficiente herramienta de control social preventivo.
Esta autocracia domina por la fuerza, el miedo y el insulto, convencida que la mentira sistemática y la manipulación mediática ya hicieron lo suyo en una sociedad lobotomizada. No incluye en su lenguaje la búsqueda de consensos; su lógica de dominación no es la hegemonía sino la fuerza. Como denunciaba Unamuno ante las hordas franquistas, vencen pero no convencen, porque ni siquiera les interesa convencer.
Aquella amenaza del hambre como arma se aplica en estos días contra los empleados públicos, utilizados como rehenes del Estado, no solo al servicio de las exigencias fondomonetaristas, sino como forma de garantizar que quienes finalmente sobrevivan a los estragos del despido, sean también los más dóciles y manipulables.
Estas medidas no se aplican sólo a oficinas dependientes del Ejecutivo de forma directa, como ministerios y secretarías, sino que, en concordancia con su control de todos los poderes del Estado, impone el mismo tratamiento a personal de cualquier otro poder u órgano que sea necesario.
Así, esta semana se supo del próximo despido de al menos 140 empleados técnicos y administrativos delTribunal Supremo Electoral (TSE), incluida la Junta Directiva de su sindicato (STRATSE), violando el fuero sindical y los acuerdos con la OIT, que en cualquier caso tienen a este gobierno sin cuidado. El listado de despidos incluye personas con enfermedades crónicas y sobrevivientes de cáncer.
Las medidas aplicadas contra los empleados públicos buscan consolidar un aparato burocrático fiel y sumiso; vivero de votos oficialistas, determinante para los amaños electorales a los cuales la reforma del Estado, su Constitución y sus leyes, conducen. En este sentido, los despidos no solo obedecen a cuestiones económicas y a exigencias foráneas, aseguran un Estado disciplinado que garantice continuidad de cara al futuro.
Los acuerdos con la fuerza armada constituyen otro de los elementos fundamentales de esta dictadura de nuevo tipo que, pese a cierto lenguaje modernista y a sus apelaciones a la cuarta y quinta revolución industrial, tienen en su mira el retorno a las formas más rapaces y salvajes de capitalismo depredador, profundamente inhumano e indiferente a cualquier sufrimiento que no sea el de los ricos por obtener más riquezas.
La estrategia del telepredicador
Los telepredicadores hicieron su fama en EEUU y posteriormente se desplegaron en el continente americano y el Caribe para ganar mentes y corazones de poblaciones vulnerables a determinado tipo de discurso, a la vez paternalista, condescendiente e imperativo, capaz de regañar a su audiencia, montando en cóleras discursivas, para persuadirlas que lo que oyen es verdad absoluta, y que dudar de lo que diga su predicador se convierte en pecado de fe; así actúa el mandatario salvadoreño en sus cadenas nacionales.
Se trata de enormes y masivos esfuerzos publicitarios para convencer a la audiencia que todo lo que oye salir de la boca del predicador-presidente es verdad, y que viene directamente de un dios que, a través de su persona, “defiende a su pueblo”.
A caballo entre la actitud de líderes de sectas mesiánicas fundamentalistas, predicadores de diversas religiones y el ordeno y mando de viejos dictadores militares que supieron abundar en América Latina y el Caribe, hoy en El Salvador se utilizan las cadenas nacionales como púlpitos desde donde emitir sermones que irradian verdades supremas e incuestionables.
Así estuvo actuando el poder últimamente, en preparación del golpe mortal a una de las leyes más avanzadas del planeta, a la que ningún país del mundo había podido aún alcanzar, aunque en verdad muchos lo intentaran: la prohibición total de la minería metálica.
Como en nuestro país, las resistencias en cada caso han sido enormes; por eso es necesario valorar la poderosa fuerza organizada que llegó a conformar este pueblo para doblegar multinacionales que habían triunfado virtualmente en cada punto del planeta donde su avaricia las había llevado para desmantelar formas y estilos de vida, naturaleza, y la vida misma de sus habitantes, quedándose con las riquezas escondidas en el subsuelo o en las montañas. En El Salvador fueron derrotados.
Como señalan varios medios e instituciones, la mayoría de países que han prohibido la minería metálica a cielo abierto lo han hecho por cuestiones ambientales y sociales. Turquía (1997), República Checa (2000), Austria (2000), Alemania (2002) y Costa Rica (2010) son parte de la lista, que viene a responder a la insultante pregunta presidencial (“díganme uno, solo un país además de El Salvador, que haya prohibido la minería”).
El desafío en realidad conlleva la intención de hacer pasar por tontos y desinformados, además de malévolos y mentirosos, a quienes defienden la ley, que por cierto fue aprobada luego de amplios debates y consultas masivas, nacionales e internacionales, como quedó claro en el foro que organizó desde su sede nacional, esta misma semana, la dirección del FMLN, para abordar la problemática con el público y la prensa y plantear la necesidad de la resistencia y la lucha contra este tipo de iniciativas depredadoras.
Pero la estrategia del predicador, reaccionaria y autoritaria, busca también ridiculizar a cualquiera que opine distinto. Lo hace desde el momento en que llama a la mencionada ley, “una tontería” o “un absurdo”, y a quienes se oponen a su lógica elemental los tilda de ecologistas fanáticos, no importa que allí enliste a científicos con más de 30 años de lucha en favor del medioambiente, académicos reconocidos mundialmente en la materia.
Nada de eso sirve ante los conocimientos oficiales, cuya fuente parece ser Google. Por cierto, ni la Inteligencia Artificial avala las cifras exorbitantes que el mandatario insiste en citar como la fórmula mágica para solucionar los problemas del país, incluido el de la contaminación del agua.
Para el fanatismo presidencial, las opiniones en contra surgen de fanáticos. Pero, por las dudas, y en la medida que el interés que prevalece en este asunto desde el punto de vista oficial es el de los grandes conglomerados mineros, no basta con insultar a los contrarios, ni con enviar ejércitos de bots y trolls a atacar cualquier cuestionamiento, mientras se multiplican hasta el infinito las falsas voces de apoyo al ahora gurú pro-minería.
Por las dudas, es necesario limitar al máximo el efecto de la prensa crítica y de los grupos organizados, que ya han dado luchas victoriosas contra estos invasores silenciosos que amenazan el país y sus comunidades.
Por eso el régimen, en uso de sus facultades inconstitucionales, manda a sus cancerberos, con el atuendo de la fiscalía y de la policía a allanar, amedrentar, decomisar medios de producción periodística (computadoras, teléfonos, discos duros, memorias, etc.), de los domicilios de trabajadoras de prensa y de activistas ecologistas. Todo de noche y bajo estricto secreto sumarial, para que nadie pueda saber, ni los supuestos investigados, de qué se los puede acusar.
Asi sucedió, primero con los ambientalistas de Santa Marta, que vuelven a ser juzgados, a pesar de haber sido sobreseídos, y ahora contra la periodista de Radio Bálsamo, Mónica Rodríguez y su compañero Steve Magaña, y contra el artista digital Carlos Najarro. Entre enero y septiembre de 2024, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) contabilizó al menos 380 agresiones y vulneraciones a periodistas.
Una patraña a la medida de la justicia y el ministerio público que sufre este país, tan acostumbrado ya al régimen de excepción (suman 33 prórrogas mensuales consecutivas desde marzo de 2022) que nadie duda que se usará contra quienes se resistan a la salvaje minería metálica, tan alabada desde los micrófonos oficiales.
Según expertos internacionales, por cada kilogramo de oro extraído se emplean alrededor de 130 mil litros de agua que, al convertirse en aguas residuales, contaminan al menos 46.8 millones de litros de agua de los mantos acuíferos. Incluso con los mejores sistemas de tratamiento, cada litro de agua residual generada por las operaciones de la minería tiene el potencial de contaminar al menos 360 litros de agua.
El gobierno vuelve a subrayar su vocación autocrática, autoritaria e intolerante; lo hace como lo ha hecho en muchas otras oportunidades, negando el pasado, no por ignorancia sino por conveniencia. No ignora la historia, sino que la recuerda de manera oportunista.
Los proyectos mineros se corresponden a la estrategia económica de un gobierno que busca favorecer intereses de grupos cercanos al poder y despojar de sus medios de vida a las poblaciones más vulnerables, aplastando para ello cualquier oposición que se le enfrente.
La resistencia y la lucha están sobre la mesa. Nos va la vida en ello.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN. Colaborador de PIA Global
Foto de portada: José Cabezas/Bloomberg/Alex Peña/Getty
