Un relato perverso que, desde el comienzo del siglo 21, ha sido acompañado por intentos de golpes de Estado, intentos de magnicidio, sabotajes económicos y a la infraestructura del Estado, incursiones mercenarias y paramilitares, 930 sanciones al gobierno y a sus funcionarios, e incautaciones de bienes en el exterior, persecución contra quienes negociaran con el gobierno bolivariano, demostrada en el secuestro al empresario Alex Saab, deslegitimación de los procesos electorales, más allá de haber obtenido triunfos en elecciones regionales y legislativas, que les permitieron utilizar las diversas instituciones como alcaldías y gobernaciones para sus fines conspirativos o articular maniobras como el nombramiento de un presidente interino como juan Guaido, cuando era presidente de la Asamblea Nacional.
Desde el 13 de noviembre de 2001, cuando el comandante Hugo Chávez, publicó en Gaceta Oficial, los 49 decretos con rango y fuerza de ley, con los cuales comenzaba a profundizar los cambios revolucionarios en el marco de un sistema democrático, inclusivo y nacionalista, desde ese momento, comenzó el proceso destituyente y contrarrevolucionario impulsado por la oligarquía venezolana y el Departamento de Estado norteamericano.
Entre las leyes que fueron aprobadas gracias a la Ley Habilitante que se le había concedido al Comandante, estaba la Ley de Tierras y la Ley de Hidrocarburos, que devolvían al pueblo, el derecho de uso y aprovechamiento de estos dos importantes recursos.
Ante estas medidas que transformaban el statu quo de un sistema clientelar anquilosado y retrógrado, la oligarquía latifundista, los tecnócratas petroleros, y las grandes empresas petroleras multinacionales, reaccionaron de inmediato acudiendo a sus lacayos enquistados en la institucionalidad y a los burócratas del sistema político y sindical que se sumaron y cerraron filas en contra de los intereses nacionales y de los derechos del pueblo, convocando a movilizaciones y protestas que desembocarían en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002.
Fracasado el intento de golpe de Estado del 2002 y el paro criminal desde la empresa petrolera PDVSA, nacieron las misiones sociales como un desafío a la burocratización de la institucionalidad estatal, nacieron el Sebin, la Policía Nacional Bolivariana, las Milicias, se reorientó el rol de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional Bolivariana y se crearon los Consejos Comunales y las Comunas. Todos estos proyectos nacieron del combate contra el imperialismo y sus baterías contrarrevolucionarias de medidas que abarcaban desde los ofrecimientos económicos para corromper funcionarios públicos y dirigentes políticos, hasta la implementación de campañas mediáticas y sicológicas para influir en la cotidianidad de las y los venezolanos y la opinión pública internacional.
El desaliento de la economía articulado con un bombardeo constante de desconfianza y desmoralización, utilizado permanentemente contra la población, fueron unas de las armas con las cuales se pretendió minar el camino revolucionario. Cada vez que el gobierno bolivariano superaba algún obstáculo, el eje unipolar monrroista redoblaba sus esfuerzos por desestabilizar y poner en jaque al gobierno y pueblo bolivariano.
Pero en 25 años el mundo también fue cambiando, y mientras el gran hegemon unipolar otanista, perdía influencia económica y militar, potencias emergentes daban forma a una nueva estructuración internacional multipolar que crecería al calor del deterioro de los paradigmas económicos, financieros y militares de dominación que prevalecieron desde comienzos del siglo XIX.
En este siglo XXI las posibilidades de consolidación de los procesos revolucionarios, nacionalistas y soberanos que ponen en marcha sociedades pujantes e inclusivas de la mano de nuevas formas de democracia, participativas y protagónicas, se transforman en realidad al encontrar en el escenario internacional la posibilidad de romper con el chantaje fondomonetarista y establecer relaciones equitativas con otras naciones mediante mecanismos como los propuestos por el BRICS+, la Ruta de la Seda u organizaciones como la Organización de Cooperación de Shanghái a las que se puede acceder desde la Celac o unilateralmente.
El imperialismo recurre a las sanciones y bloqueos porque sabe que en condiciones normales de desarrollo las revoluciones populares y socialistas se transformarían en una realidad mundial indetenible. En Nuestra América hay tres revoluciones que con el correr del tiempo se han solidificado, la revolución sandinista de Nicaragua, la revolución socialista de Cuba y la revolución bolivariana de Venezuela, ellas nos han demostrado que el camino es de lucha y organización popular y no de claudicación y subordinación.
Vivimos una nueva etapa en donde la polarización entre las viejas fuerzas colonialistas nucleadas en el G7 y la multipolaridad emergente liderada por China, Rusia e Irán se torna cada día más antagónica y eso se expresa en los países de Europa y el sur global con la aparición de organizaciones fascistas y reaccionarias que pretenden arrasar con los derechos legítimamente conquistados por los pueblos y con las soberanías nacionales para ponerlas al servicio del aparato industrial militar otanista, que entiende que las viejas hegemonías imperiales están en peligro de extinción.
Cada país encolumnado y subordinado, significa incremento económico para alimentar sus guerras, mano de obra para combatir sus guerras y territorio para posicionarse en esas guerras. También recursos naturales para incrementar sus tasas de ganancia cada día más concentrada en menos manos y la posibilidad ya manifestada por las elites de contener y reducir la explosión demográfica que tarde o temprano pondrán en peligro su forma de vida.
Estamos en un momento álgido de las relaciones internacionales en los que Estados Unidos y sus aliados, agitan la posibilidad de una tercera guerra mundial nuclear como única alternativa para detener el inevitable cambio civilizatorio que les quitará su protagonismo hegemónico. Estamos en camino a la desdolarización y a la ruptura de la imposición del sistema internacional del “Orden Basado en Reglas”, sus reglas de dominación, estamos ante la posibilidad cada día más cierta de una África de pie, soberana y en tránsito hacia su definitiva descolonización, y eso en la construcción de un nuevo sur global independiente, es tan inentendible y aceptable para las fuerzas imperialistas como lo fue para la nobleza la irrupción de la burguesía y el naciente capitalismo de la edad media y la revolución industrial.
En este contexto, la recuperación económico-petrolera de Venezuela, aspirante con creces a formar parte de los BRICS+ en el corto o mediano plazo, con una institucionalidad saneada y consolidada y una estabilidad política democrática, desafía las apetencias y necesidades del “Estado Profundo” norteamericano, su sistema de sanciones y bloqueos y la extorsión sistemática de los acreedores internacionales.
Ya, durante su gobierno el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, vislumbraba la potencialidad en desarrollo de Venezuela y por eso emitió una orden ejecutiva en la que declaraba a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos». Orden ejecutiva que mantuvo Donald Trump durante su gestión y que en el gobierno de Biden tomó la forma oportunista de “flexibilidad” más allá de su férrea continuidad.
Hoy, a días del acto electoral, la trama golpista ha sido neutralizada, la unidad cívico-militar policial ha triunfado y Nicolás Maduro ha sido consagrado presidente de la república por el período 2025-2031, ¿esto significa que los peligros destituyentes de una revolución de colores o la implantación de los mecanismos de guerra híbrida e intervención militar extranjera han acabado? ¿esto significa el levantamiento de las sanciones criminales y el bloqueo o la devolución de los bienes incautados? No, significa que la revolución ha ganado en conciencia, organización y experiencia y está en mejores condiciones para seguir construyendo en paz un futuro de prosperidad con justicia social y soberanía.
Significa que las 7 transformaciones que expresan la profundización del Plan de la Patria y el robustecimiento del Estado social de derecho para garantizar la paz, contarán con la participación consciente de la juventud trabajadora y estudiantil para mediante el sistema de consultas populares fortalecer una sociedad cada vez más inclusiva e igualitaria, en el ámbito de una democracia participativa y protagónica que cierre filas a la corrupción y la desidia, y enaltezca los valores militantes como la vocación humanista ante la formalidad para la ejecución de las tareas, y el patriotismo ante la agresión extranjera.
Oscar Rotundo* Analista político internacional, editor de PIA Global
Foto de portada: NA
