A medida que se fue conociendo el contenido del tan mentado “Proyecto de Ley de Finanzas” del gobierno de Kenia, presentado a fines de mayo, votado por la Asamblea Nacional el 20 de junio por 204 de los 349 miembros, y ya acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien el país mantiene una deuda cercana a los 80.000 millones de dólares, a mediados de junio miles de kenianos, llamado por el movimiento Occupy Parliament. Protestas que rápidamente se extendieron a las principales ciudades del país.
Si bien pacíficas en su comienzo, la inercia del Gobierno del presidente William Ruto hizo que a partir del día 25 las protestas fueran tomando un carácter más intenso, derivando a lo largo de varias jornadas en disturbios cada vez más violentos que derivaron en saqueos, incendios robos e incluso que, tras quebrar las vallas policiales, se invadiera el edificio del Parlamento, al que intentaron incendiar, por lo que los legisladores debieron refugiarse en los sótanos del edificio. La muchedumbre pasó a vandalizar oficinas, donde robaron diferentes elementos, incluso una importante partida de gas pimienta. También sufrió daños el cuartel general de Ruto, especialmente en Eldoret, en la provincia del Valle del Rift,
La respuesta de la siempre brutal policía keniata, que justamente por esos días había enviado a Haití una dotación cercana a los 400 efectivos para intentar controlar el desmadre generalizado en esa nación caribeña fue encarnizada, lo que provocó cerca de 40 muertos, la mayoría por balas de plomo, y además cientos de detenidos, incluso mucho de ellos por policías de civil y parapoliciales, lo que equivale a un secuestro. En la represión se usó una cantidad desmedida de gas pimienta y lacrimógeno, según lo informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia, mientras que desde diferentes sectores ya se pide la dimisión de todo el Gobierno, que llegó al poder tras una muy peleada elección en agosto del 2022, en la que por fin un candidato “hijo de un don nadie”, como se le ha dicho, pudo vencer a las dos grandes familias políticas del país, los Kenyatta y los Odinga, que han tenido prácticamente secuestrada la política desde la independencia en 1963.
Los pagos de la deuda con el FMI suponen anualmente el 65 por ciento de los ingresos. El nuevo paquete económico, que ya fue retirado por el presidente Ruto, apuntaba a mayor recaudación para el ejercicio 2024-2025, para lo que se incrementaba el IVA del 16 por ciento para el pan y el aceite de cocina, además de la incorporación de un “impuesto ecológico” a productos nocivos para el medio ambiente, lo que elevaba drásticamente el precio de artículos como compresas, pañales, envases, plásticos y neumáticos. Mientras, el aumento en los alimentos desde el 2022 es constante.
Según el Gobierno “las medidas eran esenciales para financiar el gasto público”, a pesar de que agravaba, todavía más, la ya bombardeada economía de los más de 54 millones de kenianos.
Tras la magnitud de las manifestaciones y el asalto al Parlamento, Ruto, denunció que las protestas “habían sido secuestradas por criminales” y prometió una ronda de conversaciones con las diferentes entidades que habían participado en las calientes jornadas de fines de junio.
Envalentonados los manifestantes, ahora también exigen una amplia reforma del Gobierno que afecte los sueldos de funcionarios y parlamentarios, acusados de mantener un alto nivel de vida mientras la extrema austeridad gubernamental está llevando a millones de kenianos a vivir en la extrema pobreza, lo que ha hecho bajar drásticamente las tasas de crecimiento de la población, que cuando se independizó en 1963 tenía nueve millones de habitantes y en la actualidad ya roza los 55.
A pesar de la represión y la marcha atrás del Gobierno con el paquete económico, el anunció de la reducción de gastos de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, la congelación de contrataciones y la disminución de sueldo de altos funcionarios, otorgando una victoria inesperada a las manifestaciones, las protestas continuaron el día 27 de junio y el 2 de julio.
Las calles nuevamente se inundaron de manifestantes con un plan de lucha que se extenderá hasta el día 7, para lo que se convoca una “vigilia nacional” en honor de los muertos por la policía, acto para el que se espera a millones de personas, mientras las fuerzas de seguridad bajaron el nivel de represión evitando más muertes.
Una de las fuerzas de oposición más importante del país, el Partido de Coalición Azimio la Umoja–One Kenya, en suajili Resolución para la Unidad encabezada por el histórico líder opositor Raila Odinga, acusó a Ruto de haber “desatado su fuerza bruta” contra los manifestantes y llamó a la policía a “dejar de disparar contra inocentes, pacíficos y desarmados”.
Washington como resguardo
Ya desde antes de estas protestas Ruto venía perdiendo consenso en la población, particularmente entre los sectores más jóvenes conocidos como la Generación Z, que le dio la victoria en 2022 bajo el lema Nación hustler: los trabajadores comunes, según analistas locales, la matanza reciente ha acelerado esa caída.
En vista de esta información en Estados Unidos, que cuenta a Kenia como uno de los aliados más fieles del continente, en mayo último el presidente Joe Biden había recibido en Washington, en el marco de una gira oficial, al presidente Ruto. La primera de un de jefe de Estado africano desde 2008, dando muestra de la importancia que Estados Unidos da a Kenia en el marco continental y teniendo en cuenta este momento, cuando al igual que Francia la presencia norteamericana comienza a ser cada vez más controversial en muchos países africanos. Por lo que Kenia se ha convertido en un elemento clave para las políticas del Departamento de Estado, en su intento de profundizar esta crisis.
Por lo que se necesita fortalecer la figura del presidente William Ruto y su Gobierno, para evitar que la crisis termine derivando en un desbarranco político del Gobierno o incluso en un golpe de Estado. Más si se observa que potencias rivales, como Rusia, China e incluso Irán, están extendiendo su influencia en el continente.
En este contexto Washington designó formalmente a Kenia como importante aliado no perteneciente a la OTAN, anticipándose al rol que el Pentágono prepara para que jueguen las fuerzas armadas keniatas en una cooperación cada vez más estrecha en materia de seguridad.
Por su parte, la Unión Europea (UE) concedió a Kenia un apoyo de 20 millones de euros para aplicar en el sector de la seguridad
Kenia, puente entre el Cuerno de África y el África Subsahariana, se encuentra, en su frontera norte bajo el fuego intermitente de la khatiba somalí al-Shabaab, que en reiteradas oportunidades ha atacado dentro del país, incluso dos veces perpetró grandes atentados en el corazón de Nairobi.
La siempre inestable Etiopia, que no acaba de sacudirse la guerra civil 2020-2022 y una cada vez más empobrecida Sudán del Sur, consternada por la guerra civil de Sudán, junto a las cada vez más permeables crisis de seguridad de Tanzania y Uganda, naciones contaminadas e involucradas a la tragedia infinita de la República Democrática del Congo (RDC), adelanta que un nuevo episodio de violencia social como los que acaba de sufrir puede convertir a Kenia en un nuevo factor de la inestabilidad que vive prácticamente todo el continente africano.
*Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.
Artículo publicado originalmente en Rebelión
