Mientras aumentan los llamamientos en el Congreso para condicionar la ayuda a Israel y detener por completo la financiación a Ucrania, la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa emitió un informe que detalla fallos generalizados en las operaciones del Pentágono.
En un informe semestral al Congreso, el organismo de control detectó un fallo en el proceso de atención a los supervivientes de agresiones sexuales, artillería dañada destinada a Ucrania y continuos fallos en la supervisión del programa más caro del Departamento de Defensa, el avión de combate F-35, salpicado por el escándalo. En conjunto, las conclusiones del inspector general dibujan el panorama de un complejo militar-industrial en expansión que, si bien proporciona miles de millones en ayuda a ejércitos extranjeros, no ha logrado resolver problemas de larga data que dan lugar a niveles extremos de despilfarro de los contribuyentes.
El mes pasado, el Departamento de Defensa suspendió su sexta auditoría consecutiva, lo que subraya la falta de supervisión de los fondos que el Congreso entrega cada año a las fuerzas armadas. Entre las razones de su fracaso, el Pentágono ofreció de forma poco convincente que hay «progresos bajo la superficie de un aprobado-suspenso» y que «cada vez lo hacemos mejor». El Pentágono también ha fallado en la supervisión del dinero que envía a los aliados de Estados Unidos; en junio, el ejército descubrió que un error contable había sobreestimado el coste de la ayuda de defensa ucraniana en 6.200 millones de dólares.
En julio, un grupo bipartidista de senadores presentó una ley para obligar al Departamento de Defensa a limpiar sus actos, proponiendo que cualquier parte de la agencia que no complete una auditoría limpia sea obligada a devolver el 1% de su presupuesto.
«Desde la compra de inodoros de 14.000 dólares hasta la pérdida de control de almacenes llenos de piezas de repuesto, el Departamento de Defensa ha estado plagado de despilfarro durante décadas», escribió el senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, en un comunicado. «Cada dólar que el Pentágono despilfarra es un dólar que no se utiliza para apoyar a los miembros del servicio, reforzar la seguridad nacional o fortalecer la preparación militar».
En virtud de la ley del inspector general, los funcionarios encargados de la supervisión de los organismos deben enviar cada año informes al Congreso en los que resuman sus actividades y conclusiones. El informe más reciente del Departamento de Defensa abarca el periodo comprendido entre abril y septiembre y se publicó el 30 de noviembre. En él se incluyen resúmenes de investigaciones, actualizaciones sobre el cumplimiento de las medidas de supervisión y problemas sin resolver que aún aquejan al departamento.
Contiene más de una docena de avisos y evaluaciones sobre programas de apoyo a la guerra en Ucrania, muchos de los cuales siguen siendo clasificados.
El mes pasado, el Departamento de Defensa suspendió su sexta auditoría consecutiva, lo que subraya la falta de supervisión de los fondos que el Congreso entrega cada año a las fuerzas armadas. Entre las razones de su fracaso, el Pentágono ofreció de forma poco convincente que hay «progresos bajo la superficie de un aprobado-suspenso» y que «cada vez lo hacemos mejor». El Pentágono también ha fallado en la supervisión del dinero que envía a los aliados de Estados Unidos; en junio, el ejército descubrió que un error contable había sobreestimado el coste de la ayuda de defensa ucraniana en 6.200 millones de dólares.
En julio, un grupo bipartidista de senadores presentó una ley para obligar al Departamento de Defensa a limpiar sus actos, proponiendo que cualquier parte de la agencia que no complete una auditoría limpia sea obligada a devolver el 1% de su presupuesto.
«Desde la compra de inodoros de 14.000 dólares hasta la pérdida de control de almacenes llenos de piezas de repuesto, el Departamento de Defensa ha estado plagado de despilfarro durante décadas», escribió el senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, en un comunicado. «Cada dólar que el Pentágono despilfarra es un dólar que no se utiliza para apoyar a los miembros del servicio, reforzar la seguridad nacional o fortalecer la preparación militar».
Entre los problemas hechos públicos, el inspector general descubrió que los cañones de obuses de artillería pesada y docenas de Hummers destinados a Ucrania necesitaban reparaciones importantes y no habían recibido el mantenimiento adecuado. El informe señalaba que los contratistas pagados por el gobierno no habían realizado el mantenimiento de equipos militares críticos que podrían haber sido utilizados sin problemas por el ejército estadounidense.
El inspector general también descubrió que los funcionarios del Pentágono no siempre explicaban los pagos que realizaban al rescindir los proyectos de los contratistas, lo que podía suponer un sobrepago de 22 millones de dólares.
Lo más grave es que el Departamento de Defensa no informó del inventario de su programa de aviones de combate F-35, valorado en 1,7 billones de dólares, un problema que se remonta al lanzamiento del programa en 2006.
Según el informe, «la OIG del Departamento de Defensa ha identificado el programa F-35 JSF como una debilidad material que afecta a la capacidad del Departamento de Defensa para lograr una opinión de auditoría limpia«. A pesar de su precio, este sistema de armamento falla a menudo en su funcionamiento y recientemente se ha descubierto que es menos eficiente que su predecesor a la hora de proporcionar apoyo aéreo cercano en combate.
Más allá de las deficiencias financieras, el inspector general también informó de que los protocolos del Departamento de Defensa para proteger a sus empleados no se siguen de forma rutinaria. Los centros de tratamiento médico del Pentágono no clasifican ni registran sistemáticamente la atención prestada a las víctimas de agresiones sexuales, y la falta de documentación crea obstáculos para acceder a la atención médica después de una agresión.
Según el informe, las lagunas en el proceso de documentación del Departamento de Defensa pueden dar lugar a que no se dé prioridad a las víctimas de agresiones sexuales para recibir atención de urgencia, a que no se les realice un examen forense para documentar la agresión o a que no se les proporcione acceso a un defensor de las víctimas. El hallazgo se produce después de que hayan aumentado las denuncias de agresiones sexuales en múltiples divisiones del Ejército.
En la introducción del informe, el Inspector General Robert Storch insinuó parte del problema para poner freno al Departamento de Defensa: la contumacia de los funcionarios auditados.
«Durante este período, encontramos dificultades con las respuestas oportunas del DoD, específicamente en lo que respecta al suministro de información y a las revisiones de seguridad de nuestros informes», escribió Storch. Como ejemplo, añadió, «un mando de la Marina se negó inicialmente a proporcionar los registros solicitados a los evaluadores de la OIG del DoD basándose en su malentendido de la jurisdicción y autoridad de la OIG del DoD para tener acceso a toda la información disponible del DoD.»
*Daniel Boguslaw es periodista de investigación especializado en corrupción empresarial, las investigaciones del Congreso y la Casa Blanca, la influencia estadounidense en el extranjero y el trabajo organizado.
Este artículo fue publicado por The Intercept.
FOTO DE PORTADA: RT.
