La cuestión de la dimensión social del proceso de integración europea no es nueva, como se indica en el estudio. Pero desde hace algún tiempo está experimentando un renacimiento político, que durante mucho tiempo pasó desapercibido fuera de los círculos de expertos. Esto se debe a las distorsiones y divergencias sociales que se han puesto de manifiesto durante la rápida sucesión de crisis económicas de los últimos 15 años. El paradigma económico neoclásico y su concepción del Estado del bienestar basada en el mercado se han arraigado demasiado. La brecha entre la integración creadora de mercado y la integración correctora de mercado es demasiado profunda, y los enfoques de coordinación de la política social que se han introducido desde mediados de los años 90 son demasiado débiles.
Aquí es donde se sitúa principalmente el Pilar Europeo de Derechos Sociales (EPSR). Sus 20 principios fueron anunciados en 2017 por el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea como posibles objetivos para una unión social global. Este pilar no es jurídicamente vinculante, no conlleva ningún cambio de competencias entre el nivel supranacional y el de los Estados miembros, y solo incluye una tabla de indicadores sociales como herramienta de apoyo para su aplicación, aspectos que lo hacen aparecer sobre todo como un intento retórico de devolver la atención al elemento social.
Desde el anuncio de la EPSR hace seis años, la Comisión no ha perdido ocasión de referirse a estos principios en las políticas sociales reguladoras, distributivas y de coordinación de la Unión Europea (UE). Por otra parte, la mayoría de los Estados miembros se han mostrado cautos ante el nuevo documento. En los Programas Nacionales de Reforma (PNR) que enviaron a Bruselas, los Gobiernos solían alabar de boquilla la existencia del EPSR. Pero muy pocos de ellos utilizaron los indicadores del cuadro de indicadores sociales para identificar y analizar mejor los déficits y problemas sociales en sus propios países. Así pues, el EPSR sólo pudo servir de vago punto de referencia en sus tres primeros años de existencia.
Esto cambió en 2020, cuando la UE respondió a la pandemia de Covid-19 y a sus consecuencias socioeconómicas con varias medidas decisivas. Levantó las restricciones presupuestarias, suspendiendo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, antes de crear un instrumento europeo de apoyo al trabajo a corto plazo: el Apoyo a la Reducción del Riesgo de Desempleo en Situaciones de Emergencia (SURE). Además, se puso en marcha el paquete de reformas e inversiones de nueva generación de la UE: 750.000 millones de euros de ayuda paneuropea a la crisis y a las estructuras, cofinanciada, basada en las necesidades y basada en gran medida en transferencias financieras a fondo perdido. Por último, en el sector social, se presentó el Plan de Acción EPSR en la Cumbre Social de la UE celebrada en Oporto en 2021. Contiene tres objetivos cuantitativos vinculantes: aumentar las tasas de empleo, incrementar la participación en la formación profesional y luchar contra la pobreza y la exclusión social.
A la vista de este enfoque innovador de la gestión de crisis, se plantea la cuestión de si los nuevos instrumentos con apoyo financiero son un complemento hasta ahora ausente de la EPSR. Más allá de meras referencias retóricas, ¿está ahora la EPSR en condiciones de liberar el potencial que se le atribuye para la mejora social? ¿Podemos esperar un progreso social acelerado también en el contexto de la pandemia y del paquete de la próxima generación de la UE, además de las inversiones explícitas y los objetivos de reforma de las transformaciones medioambientales y del gemelo digital? ¿Llevará la gestión de los Planes de Recuperación y Resiliencia (RRPS) en el Semestre Europeo a un mejor equilibrio entre los objetivos económicos y sociales? Y, ¿son ahora más visibles los PEER y el cuadro de indicadores sociales que los acompañan en el Estado del bienestar de cada país?
El Instituto Alemán opina que, para dar un impulso a la dimensión social del proceso de integración, que durante mucho tiempo se ha descuidado, no sólo simbólicamente sino también en términos reales, los Estados miembros deberían utilizar continuamente el EPSR y su aplicación debería ser objeto de un estrecho seguimiento. Después de Oporto, se optó por una vía con tres objetivos cuantitativos, a la que deberían seguir indicadores sociales adicionales, especialmente en el ámbito de las condiciones laborales justas. El principio básico seguirá sin estar claro hasta que se inicie un debate nacional (parlamentario) sobre los resultados del propio país en una comparación europea de indicadores sociales. Debería introducirse un procedimiento sobre desequilibrios sociales para estimular dicho debate. De este modo, los planes de inversión y reforma social de los Estados miembros para la próxima generación de inversiones y reformas sociales dentro de la UE, que en algunos lugares siguen siendo provisionales e insuficientemente rigurosos, serán más vinculantes y se ajustarán mejor a los déficits y retos sociales identificados.
Sin embargo, según los autores del estudio, no es la adición de derechos, principios u objetivos sociales lo fundamental en las ideas sobre una Unión Social Europea que complemente la integración económica y la haga más funcional. Si se quiere que la EPSR sirva a largo plazo para proporcionar un modelo social europeo concreto que vincule los mundos de la seguridad social, debe estar respaldada por recursos financieros más allá de su naturaleza coordinadora. La vulnerabilidad social durante las grandes recesiones económicas podría reducirse si el instrumento de crisis se transformara en un sistema europeo de seguro de desempleo. Además, el progreso social, que puede medirse a escala europea, también requiere libertad presupuestaria para que los Estados miembros puedan invertir en crecimiento económico, futuro y cuestiones sociales. Esto debería tenerse en cuenta al reformar la gobernanza económica europea y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como al debatir los programas específicos posteriores a la UE de nueva generación, a través de los cuales se apoyan los objetivos estratégicos.
Sin embargo, está claro que para el próximo año, y posiblemente para el resto en un futuro próximo, la UE se enfrenta a una recesión económica y a una falta de recursos, también para el ámbito social. Por lo tanto, los planes de mejora serán muy difíciles, si no imposibles, de realizar. Obviamente, tras la política de sanciones estadounidense, los países europeos se han disparado en ambos pies y ahora el futuro de los países de la UE, vinculados por diversos tratados, es bastante vago. Puede decirse que si continúa el enfrentamiento geopolítico entre Occidente y Rusia, a Europa le esperan nuevas Edades Oscuras.
Artículo publicado originalmente en Geopolitika.ru.
Foto de portada: extraída de Geopolitica.ru.
