Hoy sabemos que esa medicina solo se aplica a la clase trabajadora, a los mayoritarios sectores desposeídos, mujeres, jóvenes, niños y ancianos pobres y olvidados de todo el país.
La medicina aún más amarga se reservaba para quienes no se subordinarán sumisamente al pensamiento único oficialista; así, las bases históricas del FMLN establecidas al finalizar la guerra en la forma de comunidades organizadas, de veteranos de guerra y sus descendientes, fueron objeto de vigilancia especial en el creciente entorno de militarización del país.
Desde aquellas comunidades, y de otras que abrazaron a lo largo de los años justas reivindicaciones en defensa del derecho al agua, a un medio ambiente sano, al derecho al trabajo, a la propiedad de sus tierras legalmente adquiridas, y al derecho a su desarrollo y crecimiento como comunidades, surgieron luchas en respuesta a las actitudes represivas de un gobierno clasista, retrógrado y autocrático.
De allí surgieron dirigentes combativos que confrontaron la dictadura en ciernes; muchos pagan y pagaron con cárcel tal “osadía”. Todos esos sectores consumieron la “medicina amarga” del gobierno, y la siguen recibiendo en forma de amenazas, persecución ilegal, hostigamiento, y acecho contra la juventud, desposesión de tierras, deterioro de sus entornos medioambientales y productivos. Todo ello se multiplicó bajo el manto de la salvaje política de régimen de excepción, hoy orientada directamente contra al pueblo organizado en cualquiera de sus formas.
Podría creerse que solo son perseguidos quienes, procediendo de las filas de la izquierda política, social o sindical, plantean una clara oposición ante las arbitrariedades e injusticias del régimen, pero no es así.
Todavía seguimos escuchando la letanía de funcionarios insistiendo en la popularidad presidencial; a estos se unen las turbas digitales de youtubers y seudoperiodistas, con acceso a espacios oficiales para desde allí alabar al régimen e insultar a la oposición.
Pese a los insultos y mentiras que difunden resulta innegable el progresivo deterioro de las estructuras de poder y el debilitamiento creciente -aún insuficiente, pero incesante- del apoyo de diversos sectores a un proyecto que hace tiempo ha comenzado a devorar a sus propios hijos.
Es cierto que fue de las filas del FMLN y de la izquierda en general de donde surgió la transmutación mayoritaria de votos que auparon al entonces advenedizo personaje milennial a las máximas esferas del poder del Estado. Pero es igualmente cierto que legiones de aquellos seguidores empezaron con el tiempo a retraerse, sin pasar en principio a ningún tipo de oposición activa, encerrándose en su frustración ante la decepción de promesas incumplidas.
Ya con el régimen de excepción instaurado, muchos de aquellos antiguos entusiastas seguidores resultaron víctima de detenciones ilegales, maltratos, sospechas infundadas, falsas denuncias de carácter anónimo, impulsadas por políticas oficiales de delación sin pruebas, y encarcelamientos prolongados con acusaciones de apoyo a las pandillas.
Más del 1% de la población total del país (70 mil prisioneros de los 6 millones de habitantes del territorio nacional) puebla las mazmorras del régimen; las mismas autoridades reconocen que al menos el 10% de esas detenciones fueron injustas. Con esas cifras no resulta extraño que muchas de aquellas mujeres y hombres que otrora apoyaron al presidente terminaran en sus cárceles y hasta en sus cementerios. Difícilmente ese tratamiento genere lealtades hacia el oficialismo.
Hoy, esa situación ha escalado un grado. Aquellos grupos de seguidores ya no se quedan solo retraídos, sino que comienzan a expresar su descontento, a manifestarse, y a sufrir las sanciones implacables del autoritarismo. Desde hace varios meses, sectores que contribuyeron al ascenso de Nuevas Ideas desde el ámbito sindical vienen enfrentando una durísima ofensiva.
Ofensiva contra la clase trabajadora
Bastaría con listar una serie de conflictos que acabaron en diversas formas de represión o traiciones desde el gobierno para entender una tendencia que difícilmente pueda revertirse, en la medida que el régimen va quedando huérfano de opciones para el engaño o la postergación de la crisis (como hizo con éxito en ocasión de la pandemia, por medio de la distribución de paquetes alimenticios que sirvieron para evitar explosiones sociales, aunque tiempo después se supo de los negociados desde ministerios como el de Agricultura y de Salud, para lucrarse de las desgracias de la población).
Hoy ese régimen se va quedando sin opciones de distracción asistencialista ante la hambruna generalizada que asoma amenazante, y la indolencia oficial ante al deterioro de las condiciones materiales de vida de las grandes mayorías.
No se trata de que el régimen no pueda abordar el tema y tomar medidas que ayuden a moderar la situación; se trata de que al régimen no le interesa hacerlo. No han llegado a gobernar para favorecer a las mayorías, sino para imponer un modelo económico y un esquema de Estado que sirva exclusivamente al emergente grupo económico burgués instalado como sector hegemónico. Y no se molestan en ocultarlo.
Listar algunos de los casos sonados de despidos y conflictos, hasta llegar a los datos económicos, parece una buena forma de mostrar la naturaleza represiva, desleal hasta con los suyos, y profundamente interesada en su propio beneficio, de la actual administración del Estado, que amenaza con su continuidad inconstitucional a través de las próximas elecciones.
- MINSAL. Un mes después que los trabajadores de la salud exigieran al Gobierno el pago por nocturnidades y vacaciones que no se había hecho efectivo en todo el año, sindicalistas del SIMPAS fueron suspendidos de sus puestos de trabajo, según denunció Silvia Navarrete, secretaria del Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD), y una de las afectadas con suspensión laboral tras protestar frente al Ministerio de Salud en semanas pasadas. Por otra parte, ya el gobierno había avanzado en su política de aplastamiento de derechos y conquistas laborales a través de la reducción arbitraria del Escalafón del sector. Más de 30 dirigentes de tres sindicatos del sector salud fueron sancionados.
- CULTURA. 22 miembros del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Cultura (SITRASEC) fueron suspendidos de sus funciones entre el 1 y el 5 de septiembre. Así lo denunciaron representantes sindicales, quienes señalan además que la sede sindical permanece intervenida. Entre los despedidos están los 11 miembros de la Junta Directiva del SITRASEC, a quienes de manera verbal se les notificó recientemente la finalización de sus contratos laborales, sin argumento o justificación legal. Como ya resulta recurrente, una vez notificados les han cerrado las puertas y girado órdenes al personal de seguridad de la institución para que ya no puedan ingresar.
- TRABAJADORES MUNICIPALES. Se acumulan los casos de falta de pago de salarios y beneficios a trabajadores municipales, en particular desde la implantación de decisiones confiscatorias desde el Ejecutivo, al reducir drástica y arbitrariamente el FODES. Entre los conflictos que podemos señalar figuran los de Puerto El Triunfo, Usulután, Santiago de María, Soyapango, Mejicanos, y el más reciente caso de Zacatecoluca.
- MOP. A fines de agosto, en medio de una negociación de contrato colectivo, y según denuncian los sindicalistas, “al no lograr la aprobación de dicho contrato el ministro decidió despedir a los cuatro secretarios que representan a los trabajadores y al contador de uno de los sindicatos”. Una vez más se denunció que los sindicalistas cesados por el funcionario no pudieron ingresar a sus lugares de trabajo en el Ministerio de Obras Públicas. La fuerza armada se hizo presente para asegurar que ningún sindicalista ingresara.
- INJUVE e INSAFORP. Como se sabe el gobierno decidió liquidar dos instituciones dedicadas a favorecer a sectores populares, no solo para “ahorrar fondos” sino para quedarse con ellos, como lo explicábamos la semana anterior en relación a la propuesta de ley de disolución del INSAFORP. Desde el punto de vista laboral, solo en el caso del Instituto de la Juventud, 172 familias quedarían en el desamparo al desaparecer los puestos de trabajo de ese número de funcionarios. Alrededor de un centenar serian afectados en el caso de INSAFORP.
Podríamos seguir enumerando casos que evidencian que estamos frente a un gobierno de clase que reconoce perfectamente a sus enemigos. Para esta burguesía parasitaria y especulativa, autoritaria y dictatorial, su enemigo es la clase trabajadora organizada. Sus acciones contra la actividad sindical los delata. Solo aceptarán un sindicalismo sumiso y genuflexo. Del mismo modo que responden con represión militar y policial contra comunidades y dirigentes ambientalistas.
En materia económica, destacamos el último puesto en crecimiento en la región, según un reciente informe de CEPAL, mientras los medios oficiales nos mienten descaradamente acerca de un crecimiento inexistente, y el pago de los intereses por la deuda pública representa el 4.2% del PIB, más de un tercio del gasto social (36%), y una cuarta parte de los ingresos tributarios (23%), muy por encima de otros países de América Latina, según el mismo informe. Para la Comisión, “la deuda de El Salvador es insostenible con las políticas actuales desde 2022”.
Si no podemos publicar estimaciones de la catastrófica pérdida de fondos públicos a dos años de implementación del mayor fracaso económico de este gobierno, el Bitcoin, es gracias al secretismo y la ocultación de información impuesto por el gobierno. Pero un dato dará idea de la estrepitosa caída de esta “moneda de curso legal” que es hoy el hazmerreír de los economistas, pero es muy considerada por especuladores y lavadores de dinero por vía digital: El bitcoin entró como moneda de curso legal en 2021 a El Salvador, cuando el criptoactivo alcanzó su máximo histórico de $69,000. Desde entonces, su caída ha sido constante y se mantiene en los $30,000.
La calle, territorio de lucha
Resulta evidente la ofensiva constante desde el Estado, orientada a aplastar y revertir conquistas laborales, afectando gravemente en el camino a aquellos que alguna vez logró engañar para conseguir su apoyo. Hoy esos sectores se van sumando a quienes desde el inicio denunciaron un régimen injusto y autoritario, que no tiene más relación con el pueblo que su falsa retórica populista.
A ese conjunto de fuerzas sociales no le va quedando otro camino que la lucha, y es posible que esta realidad se refleje cuantitativamente en la marcha antigubernamental que ya se ha hecho tradición, precisamente desde la imposición del Bitcoin.
Este 15 de septiembre, un pueblo sometido crecientemente al hambre y la represión volverá a medir fuerzas con un gobierno reaccionario, que recurrirá seguramente a sus fuerzas armadas y policiales, junto a sus mecanismos de manipulación mediática para intentar entorpecer la marcha y, en última instancia, difundir imágenes y mensajes que la hagan parecer como fracasada.
No importa, los mismos manipuladores saben que el reloj de los tiempos políticos y sociales no corre a su favor, que sus engaños empiezan a resultar insuficientes y, sobre todo, saben que, aunque quieran negar la historia, este pueblo se organiza siempre lentamente, pero, como los volcanes que pueblan su territorio, cuando explota lo hace con toda su energía rebelde y combativa. En esos casos ya no hay vuelta atrás. Sabemos que ese tiempo llegará, y sus manifestaciones embrionarias se expresan en cada marcha, grande o pequeña, de protesta antes las injusticias.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: cortesía de Institute for Policy Studies.
