Nadie soporta la pereza de frases como «el cerco legal se está cerrando», es cierto, pero no hay mejor manera de presentar la constatación que ha surgido tras la revelación de los hallazgos que sustentaron la operación Lucas 12:2, llevada a cabo por la Policía Federal el viernes pasado.
La investigación detalló didácticamente cómo dos tenientes del ejército que eran ordenanzas de Jair Bolsonaro – Mauro Cid y Osmar Crivelatti – junto con un general retirado, que es el padre de Cid y amigo de Bolsonaro desde sus días de escuela militar, estaban directamente involucrados en la malversación, evasión y venta ilegal, para apropiación privada, de bienes de alto valor dados a Brasil por naciones extranjeras. La PF también reveló el papel del abogado de la familia Bolsonaro, Frederick Wassef, en la recompra de parte de los bienes indebidamente malversados y vendidos en el extranjero, un movimiento de dudosa eficacia jurídica, tal vez incluso contraproducente: no deshace el posible delito que ya se ha cometido, y también revela la intención de borrar las huellas que podrían conducir a su descubrimiento – algo que nunca sienta bien a las autoridades.
Además de revelar que estas personas eran potencialmente conscientes de que estaban actuando fuera de la ley – Mauro Cid, por ejemplo, sugirió que se evitaran los depósitos bancarios, dando preferencia a las transacciones en efectivo – la operación del viernes revela la participación personal y directa de Bolsonaro en parte del esfuerzo para malversar activos. Esto se debe a que el vuelo que sacó parte de los bienes de Brasil en diciembre de 2022 era un vuelo oficial, solicitado por él para su viaje a Florida, el mismo lugar donde vivía el padre de Mauro Cid. En otras palabras: si antes sólo era el posible beneficiario de los delitos cometidos por sus subordinados -sospecha que también se vio reforzada por los mensajes de Cid que lo nombraban como destinatario del producto del delito-, los últimos pasos de la investigación sitúan a Jair como ejecutor de parte de la operación. La insistencia en afirmar que los asesores operaban de forma autónoma, que ya era inverosímil, se convierte ahora en un cinismo absoluto. Esta circunstancia distingue el caso de las joyas del episodio de la falsificación del carné de vacunación, en el que también hay una buena base de materialidad, además del evidente interés personal de Jair, pero nada que indique que haya puesto su mano para que las cosas sucedieran.
Sabiendo que las huellas dactilares de Bolsonaro están ahora en la escena del probable crimen, las dudas de muchas personas se pueden resumir en una breve pregunta: ¿qué pasa con la detención?
A grandes rasgos, hay dos razones diferentes por las que alguien puede ser detenido en un contexto penal. La primera, y más común, es porque ha sido condenado a una pena privativa de libertad en régimen cerrado. Esto supone que el proceso penal se ha desarrollado correctamente y que se han agotado todos los recursos, siendo el resultado final desfavorable para el acusado. Dependiendo de las características del sujeto (antecedentes, por ejemplo) y de los delitos por los que haya sido condenado, inevitablemente tendrá que empezar a cumplir su pena en prisión. Por ahora, nada se puede decir sobre el futuro de Bolsonaro: aunque está siendo investigado en múltiples frentes, muchos de ellos con resultados prometedores a su favor, ni siquiera hay una denuncia fiscal en su contra en ninguno de ellos.
La otra razón posible para detener a alguien es salvaguardar una investigación o un juicio en curso. La prisión preventiva, una medida extrema que sólo se produce ante delitos graves cuando ninguna otra forma de protección puede asegurar lo que se busca, sirve para quitar la libertad de movimientos a alguien que, si es puesto en libertad, probablemente destruirá pruebas, coaccionará a testigos, huirá o seguirá delinquiendo. Mauro Cid está en prisión preventiva, por ejemplo. A corto plazo, este es el tipo de encarcelamiento que debería preocupar a Jair, especialmente si tenemos en cuenta la línea de razonamiento mostrada por el ministro de la Suprema Corte Alexandre de Moraes en otro caso similar.
En la detención de Silvinei Vasques, fiel súbdito de Bolsonaro que utilizó la estructura de la Policía Federal de Carreteras para perturbar la votación de electores en las ciudades más lulístas del Nordeste, Moraes justificó la necesidad de arrestar al ex policía alegando que, debido al prestigio personal que aún tenía ante otros policías, podría interferir con testigos que aún no han sido escuchados. En los términos utilizados por la PF, y aceptados por Moraes, existiría una «reverencia» por Vasques que podría llevarlos a desviarse de la verdad, y que persistiría independientemente del hecho de que ya no ocupara el cargo más alto en la institución.
Es esta forma de pensar la que representa el mayor riesgo jurídico para la libertad de Jair en el corto plazo: si, a los ojos de Moraes, incluso el relativamente diminuto Vasques tiene suficiente prestigio para poner en peligro la integridad de los testimonios que vendrán con su libertad, ¿qué pasa con un líder carismático de la fuerza de Bolsonaro, que también tiene el respaldo del PL, el partido más grande en el Congreso? ¿Cuál es el peligro de esta libertad?
Como si la diferencia de peso político entre ambos no fuera suficiente, Bolsonaro ha mostrado entre líneas que está dispuesto a coquetear con algo que se parece mucho a una injerencia indebida en las investigaciones: en una reciente respuesta a una protesta de la general Lourena Cid, su padre, Jair dijo que Mauro Cid, su hijo, «no está abandonado». ¿Qué significa esto sino una promesa de que está, y seguirá, prestando su resistente poder político para ayudar a Cid a escapar de las mismas investigaciones criminales que lo amenazan?
La detención de una figura política superlativa como Bolsonaro nunca es trivial. Si ocurre, es seguro que habrá protestas e indignación de al menos los más fanáticos de sus partidarios. Pero esas protestas serán más disonantes, y menos molestas, cuanto más sólidas sean las pruebas que apoyen la eventual decisión de enviarlo entre rejas. Desde un punto de vista estratégico, lo decisivo es que la decisión no enfrente al tribunal con la clase política u otras instituciones importantes. Ceteris paribus, no hay indicios de que tal conflagración esté en el horizonte.
En primer lugar, es importante señalar que, entre los diversos frentes de investigación que amenazan a Jair, el caso de las joyas es el que más escapa a la guerra de narrativas ideológicas que une al imaginario político brasileño. No es una amenaza a la democracia, ni a la vacunación y la pandemia, ni a la libertad de expresión: es gente sacando bienes presidenciales de Brasil, vendiéndolos en secreto y repartiéndose las ganancias en efectivo. Todo esto con sus caras impresas en fotos, y los nombres de los implicados, incluido el de Bolsonaro, escritos por ellos mismos: no hace falta imaginar, especular, inferir o inducir nada para entender la sórdida deshonestidad de todo el asunto.
La nota divulgada por el Ejército el viernes, diciendo que la institución «no condona ninguna mala conducta por parte de cualquiera de sus miembros», sugiere que la embestida contra los involucrados en el esquema de las joyas no encontrará resistencia allí.
Tampoco en el Congreso parece haber señales de un clima agrio con el STF por el endurecimiento de Bolsonaro en este caso. La base parlamentaria de Bolsonaro guarda silencio desde el viernes, lo que atestigua la dificultad de reaccionar ante una fechoría tan vulgar. Arthur Lira (PP-AL) y Rodrigo Pacheco (PSD-MG) aún no se han pronunciado sobre este nuevo capítulo de la investigación, pero la primera vez que el asunto de las joyas salió a la luz, en marzo de este año, ninguno de los dos se mostró dispuesto a poner a la Cámara y al Senado en el camino del Tribunal Supremo y del PF. En la misma línea, el TCU, que suele estar en sintonía con los parlamentarios, se mostró tan firme en su respuesta que Wassef pensó que sería una buena idea precipitarse a Estados Unidos y recomprar uno de los bienes malversados por un precio más alto para devolverlo al tribunal.
La incógnita que queda por despejar es la Fiscalía General del Estado, cuya inacción es la base de muchas quejas jurídicas (razonables) sobre el protagonismo que Alexandre de Moraes ha tenido que asumir en los últimos tiempos. Si el posible cambio de mando en la institución -el mandato de Augusto Aras expira en pocas semanas- cambia algo para Bolsonaro, sólo puede ser para peor.
Claro que si está en los planes de la Policía Federal, o de la futura PGR, pedirle a Moraes una medida más, digamos, incisiva y personal contra Jair, sería recomendable esperar a tener información sobre las probables violaciones al secreto bancario y fiscal del matrimonio Bolsonaro. Cuanto más flagrante sea la implicación personal de Bolsonaro en el escándalo de las joyas, menor será la posibilidad de que alguna institución relevante discuta con el Supremo su posible arresto.
Si la PF y Moraes piensan que hay algo que ganar con arrestar a Bolsonaro de inmediato, no será el cálculo político lo que los detenga. Y si no lo hacen, será Silvinei quien se queje: «¿Quiere decir que mi libertad es una amenaza y la de Jair no?».
*Rafael Mafei es abogado y profesor de derecho de la Universidad de San Pablo.
Este artículo fue publicado por la Revista Piauí.
FOTO DE PORTADA: Mateus Bonomi.
