En condiciones en las que ya está participando en una escalada de la guerra de EE.UU. y la OTAN en Europa contra Rusia e intensificando los preparativos para una guerra liderada por EE.UU. contra China, el gobierno se reafirmó en tener poderes ilimitados para lanzar operaciones militares totalmente a espaldas de la población.
El gobierno recibió con agrado y elogió la recomendación principal del comité de que «las decisiones relativas a los conflictos armados son fundamentalmente una prerrogativa del Ejecutivo», es decir, una cábala en la trastienda formada formalmente por el primer ministro y el comité de seguridad nacional del gabinete.
Resulta significativo que el gobierno rechazara una propuesta del comité para que tales decisiones se tomaran formalmente en nombre del gobernador general -según la Constitución del país de 1901-, especialmente en conflictos no refrendados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o por una supuesta invitación del país invadido.
La recomendación de la Comisión Mixta Permanente de Asuntos Exteriores, Defensa y Comercio fue reveladora. Era, en efecto, una indicación de que se están haciendo preparativos para guerras que son ilegales según el derecho internacional, más obviamente contra Rusia y China.
La comisión trató de proteger al gobierno de la oposición popular y del peligro de acusaciones de crímenes de guerra. Dijo que esas decisiones del gobernador general no eran «justiciables», es decir, que no podían ser impugnadas ante los tribunales.
La Constitución, un documento de la época colonial adoptado por la emergente clase capitalista australiana, conservaba deliberadamente las centenarias «prerrogativas» de la monarquía británica, que incluían la facultad de declarar la guerra, y las confería al gobernador general.
El gobierno hizo caso omiso de la sugerencia de la comisión, alegando que supondría un recorte de los «acuerdos existentes». Estos «apoyan la toma de decisiones oportuna y flexible, así como la seguridad de la información altamente clasificada que es necesaria para que los gobiernos tomen decisiones críticas» para permitir a las fuerzas armadas «desplegarse eficaz y eficientemente en entornos disputados».
Es decir, a medida que aumenta su compromiso con una guerra contra China liderada por Estados Unidos, incluso mediante el pacto AUKUS y la apertura de bases en todo el país al ejército estadounidense, el gobierno laborista se mantiene firme en que cualquier decisión de ir a la guerra, o de desplegar tropas en cualquier lugar, debe tomarse totalmente en secreto, sin necesidad de ningún proceso formal. Este secretismo se dirige contra el pueblo, no contra el enemigo designado, que sería muy consciente de la intervención militar.
En un escueto comunicado de prensa, el ministro de Defensa, Richard Marles, afirmó que la respuesta del gobierno mostraba un «compromiso para mejorar la apertura y la rendición de cuentas». Era importante, dijo, «que el parlamento disponga de mecanismos eficaces para examinar y debatir tales decisiones».
En realidad, por temor a la profunda preocupación y oposición de la opinión pública a verse inmersa en guerras potencialmente catastróficas, el gobierno adoptó las sugerencias de la comisión para un debate simbólico en el parlamento, pero sólo cuando la guerra ya estaba en marcha y confiaba en el apoyo de la clase parlamentaria.
En su informe, publicado en marzo, la comisión parlamentaria era claramente consciente de la hostilidad entre los trabajadores y los jóvenes hacia otra guerra, especialmente después de los bárbaros desastres, que supusieron la muerte de millones de personas, de la guerra de Vietnam y las invasiones de Afganistán e Irak, todas ellas llevadas a cabo sobre la base de mentiras y propaganda urdidas por los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Australia y sus agencias de inteligencia.
Las encuestas de los medios de comunicación han proporcionado una medida limitada del alcance de este sentimiento antibélico. La última, realizada a principios de este año por Essential Research, mostraba un apoyo del 90% a la propuesta de que el primer ministro debería estar obligado a obtener la aprobación del parlamento antes de tomar la decisión de ir a la guerra. Dos sondeos arrojaron resultados similares en 2020 y 2021, como se señala en el informe de la comisión.
En un intento de sofocar esa resistencia asegurándose un sello parlamentario de aprobación de la guerra, el gobierno adoptó la recomendación del comité de que, después de que las Fuerzas de Defensa Australianas (ADF) «participaran en operaciones militares importantes», se presentara en el parlamento una declaración escrita en la que se expusieran los objetivos de la intervención, las órdenes cursadas y su fundamento jurídico.
Incluso entonces, el gobierno insistió en que debía poder mantener al público en la oscuridad sobre la legalidad de las operaciones. «El Gobierno se reserva su derecho a determinar la conveniencia de revelar información en relación con cuestiones de derecho internacional y asesoramiento sobre cuestiones de legalidad», afirmaba.
No se establecía ningún plazo para este proceso, salvo que se celebrara un debate en ambas cámaras del Parlamento «a más tardar 30 días después del despliegue de las ADF, sujeto a cualquier consideración de seguridad nacional o amenaza inminente para los territorios australianos o la vida de civiles». En otras palabras, incluso ese plazo de 30 días podría ser anulado, basándose en las afirmaciones del gobierno sobre la «seguridad nacional» o las amenazas a las vidas de los australianos.
Complicidad parlamentaria
En cualquier caso, el propósito de un debate parlamentario sería intentar legitimar la guerra y acallar la oposición popular a la misma, y se esperaría de forma fiable que la clase política cumpliera esa función. El papel del Parlamento sería tratar de movilizar a la población detrás de lo que sería una desastrosa guerra de agresión, no impedirla.
Esto coincide políticamente con las propuestas presentadas a la comisión de investigación por los Verdes y Australianos por la Reforma de los Poderes de Guerra (AWPR), que han mantenido esperanzas totalmente falsas de que un gobierno laborista «reformaría» los poderes de guerra para hacerlos más democráticos.
El informe del comité señala que AWPR dijo que «el Parlamento sirvió al Gobierno para convencer a la opinión pública australiana de la necesidad de la guerra». En las audiencias de la comisión, los testigos de la AWPR aseguraron a la investigación que la aprobación parlamentaria sería casi segura, «debido al bipartidismo general de Australia en asuntos relacionados con la defensa».
Como demostraron estas declaraciones, el parlamento no es el medio para detener la guerra. Más bien, es parte del aparato estatal capitalista, dominado por los partidos que defienden los intereses de lucro de la clase dominante australiana, incluyendo su control y saqueo del Pacífico Sur y otras partes de la región.
Para reforzar el papel del parlamento en la justificación de la guerra, el gobierno acordó formar una nueva Comisión Mixta Estatutaria de Defensa parlamentaria para facilitar el proceso de lanzamiento de la guerra. Al igual que la actual Comisión de Asuntos Exteriores, Defensa y Comercio, el Gobierno y la Coalición Liberal-Nacional compartirían su composición. Sus miembros serían examinados por las agencias militares y de inteligencia, y jurarían no divulgar ninguna información al público.
Los miembros verdes de la comisión de investigación presentaron un informe discrepante, en el que pedían el apoyo a una sesión conjunta del parlamento para aprobar los despliegues militares en el extranjero. Incluso esa propuesta habría permitido al gobernador general, «mediante proclamación», declarar que una «emergencia» requería un despliegue sin aprobación parlamentaria.
La clase capitalista dominante lanza invariablemente guerras basándose en reclamaciones de «emergencia», como las fraudulentas afirmaciones de la amenaza inminente de «armas de destrucción masiva» inventadas como pretexto para la invasión de Iraq en 2003. El verdadero propósito era establecer el control estadounidense sobre el país rico en petróleo y recursos situado en el centro de Oriente Medio, de importancia estratégica, y de la más amplia masa continental euroasiática.
El gobierno laborista sigue empeñado en ocultar la verdadera naturaleza de esa invasión estadounidense, británica y australiana, a la que el Partido Laborista afirmó falsamente que se oponía en 2003, al menos hasta que fue, en efecto, blanqueada posteriormente por la ONU.
El gobierno rechazó tajantemente una recomendación del informe del comité disidente de los Verdes, según la cual el asesoramiento jurídico prestado al entonces gobierno liberal-nacional de Howard sobre aquella invasión «debería hacerse público para que los australianos puedan determinar por sí mismos qué se entendía por entrar en Irak».
En realidad, ya se sabe que la invasión de Irak se llevó a cabo sobre la base de mentiras por las que los responsables de los gobiernos de Bush, Blair y Howard deberían ser acusados del delito de llevar a cabo una guerra de agresión ilegal.
Sin embargo, el gobierno respondió escuetamente a los Verdes: «Por convención, el gobierno de turno no revela públicamente las deliberaciones confidenciales (incluido el asesoramiento proporcionado para informar la toma de decisiones del gabinete) de un gobierno anterior. Esta es una práctica antigua y fundamental en el sistema de Westminster».
Eso sólo subraya el verdadero carácter del «sistema Westminster». Existe para proporcionar una fachada de democracia sobre un sistema secreto de gobierno en el que las decisiones se toman, a puerta cerrada, en función de los intereses geoestratégicos y de beneficio de la clase dominante y de sus socios imperialistas.
En la práctica, cualquier decisión de entrar en guerra con China se tomaría en Washington. Tanto los gobiernos laboristas como los liberales-nacionales han integrado cada vez más a Australia en las operaciones militares estadounidenses, convirtiéndola en una plataforma esencial para una guerra contra China.
Esto se ha acelerado desde 2011, cuando el presidente estadounidense Obama anunció el «pivote hacia Asia» militar y estratégico de Washington en el Parlamento australiano, por cortesía del gobierno laborista de Gillard.
Australia alberga instalaciones militares y de inteligencia estadounidenses vitales, como la estación de comunicaciones y vigilancia de Pine Gap, en el centro de Australia, y otras bases de guerra en todo el norte de Australia. Esto encarna el alineamiento de la clase dominante australiana detrás del imperialismo estadounidense, del que ha dependido desde la Segunda Guerra Mundial para perseguir sus propios intereses imperialistas depredadores en la región Indo-Pacífica.
*Mike Head es corresponsal de la web socialista mundial, miembro del Partido Socialista por la Igualdad, escritor sobre política, luchas de la clase obrera, marxismo y derecho.
Artículo publicado orignalmente en Strategic Culture Fundation.
Foto de portada: Getty Images
