El bullicio electoral y el deterioro de la situación económica ocupan los espacios en los medios de información, no dejando margen para el análisis de las operaciones de redespliegue estratégico que desarrollan Estados Unidos y Gran Bretaña en nuestro país.
Durante este año, algunos intelectuales, políticos y comunicadores han venido investigando y denunciando los movimientos impertinentes del embajador de Estados Unidos en argentina, Marc Stanley, quien no ha perdido oportunidad para hablar de manera categórica sobre los proyectos que pretenden realizar en nuestro territorio, uno de ellos involucra a la empresa de radares LeoLabs.
La empresa de radares LeoLab (Space Holding Limited, Irlanda) y LeoLab Limited (Gran Bretaña), en 2021 dan vida a LeoLabs Argentina SRL, asentada en una estancia privada en la localidad de Tolhuin, Tierra del Fuego.
Bajo la administración de Juan Manzur como jefe de gabinete se le otorgó a la citada empresa un “permiso precario” con el cual pudo avanzar en la instalación de su séptimo radar en el mundo, tercero en el continente sur y el primero en Sudamérica.
Como se puede observar, LeoLabs es una compañía integrada por capitales británicos y norteamericanos, y la instalación de una base operacional en el sur de nuestro continente, habiendo una fuerte presencia británica en Chile y con la usurpación histórica de nuestras Malvinas, su actividad en el país constituye un problema geopolítico netamente de defensa.
En marzo de 2023, LeoLabs anunció oficialmente el desarrollo de su proyecto en Tierra del Fuego en un evento realizado en la embajada argentina en Washington en el cual hablaron el embajador argentino en EE. UU Jorge Argüello y Daniel Peter Ceperley CEO de la compañía. Todo parecía indicar que las operaciones de monitoreo espacial, se llevarían sin sobresaltos hasta que, en el mes de junio, el ministro de defensa Jorge Taiana intervino en el asunto del radar y solicitó al presidente Alberto Fernández “la cancelación y suspensión definitiva” de la autorización provisoria que el Gobierno había dado a la empresa para la instalación y puesta en funcionamiento del radar.
Lo concreto es que, de no haber mediado una contradicción entre los funcionarios del gobierno, gracias a las denuncias de distintos actores interesados en el resguardo de los intereses de la nación y la soberanía del país, una herramienta británica con fines militares estaría operando sin ser monitoreada por el Estado en un lugar altamente sensible para el futuro de nuestra seguridad territorial.
La ausencia del Estado en temas de vital importancia para el futuro del país, requiere de la vigilancia y articulación populares para que salgan a la luz maniobras burocráticas y políticas como las que hicieron posible que esta empresa sentara sus bases en Tierra del Fuego.
La permeabilidad de nuestra soberanía ante la ambición hegemónica del imperialismo, nos puede llevar a ser un apéndice de su geopolítica militarista y guerrerista y terminar hipotecados de por vida como lo han hecho con Ucrania y tantos otros lugares en los cuales su voracidad solo ha dejado dolor y sufrimiento.
Oscar Rotundo* analista político, editor de PIA Global
Foto de portada: Protesta de excombatientes de Malvinas en Tolhuin, por la instalación de un radar británico/Twitter
