Sin embargo, para entender esto hay que evitar las trampas del pensamiento «geoestratégico», o más bien de esa trivialización del mismo que reduce los problemas sistémicos y económicos a «asuntos entre Estados».
Lo que ha entrado en crisis es, de hecho, un modelo de gobernanza de las economías continentales gestionado por tratados, pero supervisado por una superestructura supranacional relativamente independiente de los Estados que la componen formalmente. Pero orientada en última instancia por el modelo mercantilista ordoliberal específicamente «alemán».
Según ese modelo, la austeridad en el control de la deuda pública, los bajos salarios, la reducción de la inversión pública y, sobre todo, del gasto social debían producir un «crecimiento sostenible» duradero y sin desequilibrios.
De hecho, como sabemos, el crecimiento se ha estancado durante muchas décadas incluso en los países punteros de este modelo (Alemania y Francia). Y primero la pandemia, ahora la guerra, han erosionado gravemente tanto las condiciones para llevarlo adelante como su credibilidad ante las poblaciones.
El crecimiento en todos los países de la UE de la ultraderecha parafascista es sólo un reflejo -perverso y monstruoso- del menguante consenso social. En definitiva, no es este crecimiento el causante de la crisis, como quieren hacernos creer los gobiernos parafascistas y nacionalistas. Demoliendo, en passant, también la eficacia de cualquier llamamiento a «la unidad de las fuerzas democráticas para impedir la victoria de la derecha» en las distintas elecciones.
La «reforma» de la gobernanza, como siempre en la Unión Europea, se produce mediante «ajustes sucesivos», pero es importante señalar que ya los primeros «ajustes» cuestionan radicalmente los pilares básicos de la austeridad «a la antigua».
Desde luego, no para «girar» hacia un modelo social menos desigual. Si acaso, para llevar adelante los viejos equilibrios en las nuevas condiciones. Fuertemente sacudidos por una política belicista estadounidense que pretende explícitamente hacer de los antiguos países soviéticos del Este la punta de lanza de una reducción de «Europa» a una variable dependiente de la voluntad de Washington. Y de las multinacionales triunfantes.
Un tema complejo, sin duda. Que habrá que estudiar con más detalle y en términos de tendencias, pero que ya suscita la atención de los analistas más atentos. Lo de siempre, en Europa, se ha acabado.
El que lo sustituye es seguido muy de cerca. Quizá incluso demasiado, con el riesgo de que el detalle impida ver el proceso en su verdadera dimensión. Pero mejor informado que ignorante…
Este artículo de Francesco Ninfole, aparecido en Milano Finanza, puede ayudar a sacudir creencias fosilizadas y desinformaciones…
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La línea alemana sobre normas para Estados y bancos se resquebraja en Europa
Francesco Ninfole
Algo se mueve en Europa sobre el Pacto de Estabilidad y el rescate bancario.
Los dogmas alemanes, apoyados desde hace tiempo también por organismos europeos, se resquebrajan fuera de Alemania. Por ello, Berlín tendrá que chocar con varios países y también con instituciones como la Comisión Europea y el BCE, que se han pronunciado a favor de una revisión sustancial de las normas.
Que quede claro, Alemania no quiere ceder. Basta pensar en las recientes declaraciones del Ministro de Hacienda, Christian Lindner, que confirman la tradicional rigidez en materia de normas fiscales y bancarias. Berlín sigue teniendo poder para bloquear los avances en las normas para los Estados y la unión bancaria.
Pero hay indicios de una mayor conciencia en Europa de los errores de la línea alemana a la luz de lo ocurrido en los últimos años. La pandemia y la crisis energética han puesto definitivamente de manifiesto la inviabilidad del Pacto, mientras que las crisis bancarias (incluidas las más recientes fuera de Europa) han indicado la necesidad de una mayor flexibilidad en la gestión de las perturbaciones.
La revisión del Pacto
En lo que respecta al Pacto, la Comisión ha dejado de lado la norma de los 20 años, que imponía una reducción automática de la parte de la deuda superior al 60% del PIB.
El nuevo modelo se basa en la calibración del gasto y en planes acordados con los Estados en un horizonte de cuatro años, ampliable a siete en caso de reformas e inversiones.
La Comisión, presionada por Berlín, ha mantenido ciertas rigideces, como la obligación de que los Estados realicen un ajuste fiscal anual del 0,5% para aquellos con déficits superiores al 3% del PIB. Pero no cabe duda de que el planteamiento es diferente al del pasado.
Incluso el BCE se mostró favorable a unas normas «favorables al crecimiento» y «más anticíclicas» en su reciente dictamen oficial sobre la reforma del Pacto de Estabilidad.
«Una estabilización creíble de los ratios de deuda pública requiere políticas económicas favorables al crecimiento, incluida la inversión pública, que debe estimularse adecuadamente», según el BCE.
El banco central no sólo respalda la dirección tomada, sino que «acogería con satisfacción nuevos avances», como «una coordinación más eficaz de la orientación fiscal de la zona del euro y el establecimiento de una capacidad fiscal central permanente».
Corren malos tiempos para la reforma de las normas fiscales. La antigua versión del Pacto volverá a estar en vigor a partir de 2024. Por tanto, es necesario un acuerdo entre los Estados antes de finales de año.
Alemania podría aprovechar la situación para obstaculizar la reforma, pero también es cierto que cada vez más países (entre ellos Francia) están a favor de un enfoque diferente de las reglas.
La regulación de las quiebras bancarias
En Europa se ha producido otro marcado cambio de rumbo en materia de quiebras bancarias. En 2015, la Comisión de la UE impidió el uso de los Sistemas de Garantía de Depósitos en las crisis (causando un grave perjuicio a Italia), mientras que ahora precisamente los SGD (Sistemas de Garantía de Depósitos) se han convertido en un pilar del nuevo sistema propuesto. Entre medias se produjo la sentencia sobre Tercas del Tribunal de Justicia de la UE.
Bruselas ha ampliado las resoluciones a los bancos medianos-pequeños permitiendo un mayor papel en el uso de las Dgs (incluido el Fitd italiano) a través de la abolición de la llamada superprioridad, como propuso Italia durante algún tiempo, también sobre la base de la experiencia de las crisis que ha experimentado en su propia piel.
Las cajas de ahorros podrán contribuir a las amortizaciones exigidas por el rescate interno de hasta el 8% del pasivo de un banco: de este modo, se pueden evitar pérdidas a los depositantes, incluso a los que no están garantizados, es decir, con cuentas superiores a 100.000 euros (una eventualidad que sería más probable en bancos pequeños y medianos).
Además, esto facilitaría la activación de los recursos del Srf (Fondo Único de Resolución), un punto que no gusta a Alemania y Francia pero que liberaría dinero no utilizado hasta ahora en las crisis.
El BCE también valoró positivamente las propuestas de la Comisión Europea sobre las crisis bancarias, en particular en lo que se refiere a un mayor uso de los SGD. Al igual que con las normas fiscales, el BCE considera que debería hacerse aún más, en particular permitiendo una exención en caso de riesgos para la estabilidad financiera.
La cláusula permitiría acceder al Srf sin depreciar el 8% de los pasivos, como exige el bail-in, precisamente para evitar de cualquier forma que las pérdidas puedan sembrar el pánico entre los ahorradores y desencadenar una crisis sistémica.
La exención sólo sería posible bajo condiciones estrictas. Para Lindner, sin embargo, «no es prudente» renunciar a las pérdidas de las recapitalizaciones cautelares porque «los accionistas y los acreedores deben rendir cuentas».
El BCE también subrayó la necesidad de flexibilizar el procedimiento de recapitalizaciones cautelares, utilizado en el pasado por Mps.
Además, Fráncfort pidió requisitos más estrictos para los SIP (sistemas institucionales de protección), contrariamente a lo que Alemania desearía.
En términos más generales, Fráncfort ha observado que es necesario avanzar en la unión bancaria definiendo una garantía común sobre los depósitos y activando el MEDE como respaldo en caso de crisis (un punto que, en cambio, corre el riesgo de ser un boomerang para Italia, único país que no ha ratificado la reforma del Fondo).
El BCE ha pedido una «rápida finalización» de las propuestas de la UE sobre crisis bancarias, pero no será fácil llegar a un acuerdo antes del final de la legislatura comunitaria. Berlín aún puede oponerse a ellas, así como a las nuevas normas para los Estados.
Pero Europa es cada vez más consciente, entre otras cosas por los errores del pasado, de que es necesario un cambio de rumbo para asegurar las inversiones de los Estados y evitar que las dificultades de un banco causen problemas sistémicos.
*Dante Barontini, editorialista del periódico digital italiano Contropiano.
**Francesco Ninfole, periodista y redactor jefe en Milano Finanza.
Artículo publicado originalmente en Contropiano.
Foto de portada: extraída de Contropiano.
