El San Salvador del sur
Nos llegan noticias de un rincón habitualmente olvidado de la geografía argentina, la provincia de Jujuy y su capital, San Salvador de Jujuy. Territorio del noroeste argentino marginado y explotado durante siglos, desde el dominio español hasta sus herederos neo-coloniales y sus grupos oligárquicos locales, hoy asociados a capitales transnacionales.
Esa región ignorada, según circunstancias o conveniencias fue, sin embargo, cuna y estandarte de las luchas por la primera independencia, a la que aportó sus mejores mujeres y hombres, para volver nuevamente, una vez consolidada una llamada “unidad nacional” al gusto y necesidad de los intereses porteños, de la oligarquía de Buenos Aires y sus aliados, a ser un rincón dormido y durmiente, donde no parece transcurrir el tiempo, donde los sectores populares, como en gran parte de esa región, parecen sumidos en el sopor de una explotación deshumanizada que, además, los invisibiliza… hasta que estallan en rebeldía y rompen la ficticia paz criolla y blanca, que determina sus condiciones de vida, su justicia y su condena, su libertad o su encarcelamiento, su vida o su muerte, su voz y sus silencios.
Esa capital provincial, así como el resto del territorio jujeño es testigo y protagonista en estos días del renacer de fuerzas reaccionarias que pretenden imponer, con la violencia, arrogancia y arbitrariedad tradicional del fascismo, una nueva constitución provincial al gusto de la oligarquía local y las necesidades de multinacionales devoradoras de riquezas, como el litio, y minerales que Jujuy atesora.
Nuevamente, como en aquellos lejanos días de la primera independencia, sus mejores hijos e hijas, hoy constituidas en clase trabajadora que se suma a las comunidades indígenas organizadas en defensa de sus derechos, puestas de pie resisten, luchan, y enfrentan una represión que no por brutal es menos conocida.
Resisten en medio de una soledad y un vacío que sube desde el sur de la República, con un silencio ensordecedor y cobarde, con un Ejecutivo que justifica el inmovilismo y la incapacidad de los poderes centrales escudado en un federalismo que se vuelve cómplice de un separatismo rastrero; instituciones que condenan de palabra, pero permiten de hecho violaciones groseras de DDHH de sus ciudadanos.
Nadie puede decirse sorprendido, porque las advertencias de esta situación fueron señaladas por la historia, reciente y pasada. Nos lo venía advirtiendo la indignante soledad de Milagro Sala, abandonada a su suerte por instituciones que, sin embargo, se dicen populares. La historia algo más vieja también enseña de estas cosas; pongamos por caso, el golpe en Bolivia (2019), y las maniobras separatistas cruceñas, que no pueden dejar de verse como casos similares y conexos; basta recordar las implicaciones golpistas en aquel país de los mismos terroristas jujeños que hoy avanzan en la consolidación de un golpe provincial entreguista.
Tampoco debemos olvidar el activismo negacionista, que no solo rechaza la historia del genocidio argentino a manos de militares criminales y sus aliados dentro y fuera de las fronteras argentinas en los 70’s, sino que de hecho las reproducen hoy con sus métodos de patotas, de gatillo fácil, de impunidad, de desaparición de personas, de justicia a la medida del régimen, del dispare primero y pregunte después.
Como en guiones preconcebidos, pronto empezaremos a oír y leer los alegatos de “ciudadanos de bien de la provincia” y luego del “facherio rancio” del resto del país, que reproducirá el “algo habrán hecho” de aquellos años del Proceso, culpando a las víctimas para justificar crímenes y criminales de lesa humanidad, de ayer y de hoy.
Justificarán la represión, como ya lo hacen los fiscales y jueces esbirros del gobernador Gerardo Morales y sus secuaces, criminalizando las protestas de mujeres y hombres trabajadores que defienden salarios, puestos de trabajo, derechos laborales. Del mismo modo criminalizan la digna resistencia de las comunidades indígenas y del pueblo en general que salió a las calles a defender derechos pisoteados por una constitución anacrónica, represiva, inconstitucional e inconsulta.
En ese San Salvador de Jujuy, la bestia fascista que gobierna recuerda a otros de su especie, como aquel despreciable general Bussi en Tucumán, por ejemplo; notorio criminal de guerra contra el pueblo, genocida reconocido, pero eventualmente electo gobernador de la misma provincia cuyo pueblo diezmó.
La historia sigue dando vueltas de advertencia: este mismo Gerardo Morales, a golpe de mano dura va ganando votos y votantes entre aquella Argentina retrógrada y fascista que podría contarlo como el próximo vicepresidente de la República. Lo de Jujuy, en ese caso, no sería más que un anticipo de lo que esperaría al resto del país.
El otro San Salvador
Mucho más al norte, en la cintura ancestral del continente, donde América se hace apenas un hilo de continuidad territorial, se yergue San Salvador, capital de la República de El Salvador.
Allí no se ven estos días, como se vio alguna vez, muchas décadas atrás, la ciudad convulsa por combates y luchas populares. Hoy la ciudad y el país es otra cosa. En aquellos días de los años 80 del siglo pasado, la guerra era una presencia ineludible. El pueblo en lucha, también. Tampoco se ven hoy las marchas y protestas de los ‘90s contra los efectos del neoliberalismo impuesto, o las expresiones populares exigiendo profundizar avances sociales conquistados en la lucha y materializados por gobiernos populares que, sin embargo, se quedaron demasiado cortos a la hora de impulsar las transformaciones.
Hoy, la ciudad aparenta paz, como se encargaron de mostrar los grandes medios de comunicación al servicio del actual gobierno, durante los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tuvieron lugar en la capital salvadoreña.
Sin embargo, al mirar más de cerca las cosas, no es lo mismo apariencia que realidad, no es lo mismo paz social que apariencia de paz. No es lo mismo el discurso burdo y mentiroso del oficialismo presentando un país de maravillas, que el drama de la ciudadanía al ver desmoronarse sus condiciones materiales de vida y, junto con ellas, la esperanza de superar una pobreza que, lejos de reducirse, se amplia y crece como las nubes negras que anticipan los huracanes.
Las formas que adopta el régimen en Jujuy ciertamente no se diferencian tanto de lo que hace el gobierno salvadoreño, sino que en muchos aspectos Morales parece seguir los pasos del autócrata centroamericano. Mirando de cerca, las similitudes golpean el rostro y las conciencias.
Quizás la violencia estatal no se demuestre en confrontaciones sociales abiertas como el caso de Jujuy, pero El Salvador no deja de ser un país sin otra ley que la que imponga arbitrariamente la policía, el ejército y, sobre todo el autoritario gobernante y su clan familiar. Un país en permanente estado de excepción, cuyo mayor logro en obra pública es la construcción de mega-cárceles donde aloja ya al 1% de la población activa del país.
Debajo del cartón pintado que fue la ciudad capital para los juegos centroamericanos, se esconden centenares de familias sin forma alguna de ganarse el sustento, porque fueron desalojadas de las calles donde desarrollaban su comercio informal. Según los gobernantes y sus secuaces, esa multitud trabajadora “afeaba” las calles ante el potencial turismo deportivo (el cual, en todo caso, ni siquiera llegó al país, como demostraron las desangeladas tribunas en cada competencia).
El Salvador sigue viviendo en un régimen inconstitucional de excepción, extendido ya por 16 meses, con limitaciones flagrantes de derechos ciudadanos de todo tipo. El mundo cuestiona y condena la violación a DDHH tanto en Jujuy como en El Salvador, mientras sus gobernantes adoptan actitudes similares de arrogancia, negación y desprecio insultante a la opinión pública mundial.
Tal como lo sufre el pueblo jujeño en estos días, también El Salvador vive en la ilegalidad, la arbitrariedad y el autoritarismo. Escudado en su exitosa lucha contra el crimen organizado en pandillas, el régimen avanzó a paso firme en la militarización, el control social territorial y la represión preventiva al movimiento social y popular organizado. Miles de personas inocentes -reconocido esto por el propio régimen, que las considera como «márgenes de error»- permanecen en prisión, mientras centenares mueren en las cárceles, sin que desde el gobierno se brinde información o se investigue.
La autonomía universitaria en Jujuy acaba de ser violada, mientras en Centroamérica, los militares se asientan no solo a las puertas de la Universidad de El Salvador (UES), sino que permanecen desplegados en su interior bajo la excusa de unos juegos que terminaron hace más de una semana.
Salvando las distancias entre la realidad de una provincia y la de un país, encontramos sin mucha dificultad, elementos comunes en el fascismo ascendente, en la manipulación de las leyes y la justicia al gusto e interés de las clases dominantes, en su profundo desapego y desdén por el pueblo y sus necesidades; porque en ambos casos, del pueblo solo necesitan una cosa: los votos para seguir explotando a gusto y placer el Estado, entregando o saqueando la riqueza (provincial en un caso, nacional en otro), mientras sus votantes permanecerán esperando cambios que seguirán sin llegar.
Mientras en San Salvador de Jujuy la explosión social es un hecho, en el San Salvador centroamericano es apenas una amenaza latente y creciente. Aún el régimen cuenta con fuerza y popularidad y se prepara para manipular elecciones que le aseguren su continuidad; por un lado, a partir de una inconstitucional postulación presidencial, que contamina el proceso y convierte al próximo Ejecutivo en ilegal e ilegítimo. Por otra parte, con cambios extemporáneos en las reglas de juego electoral, asegura un fraude que le garantice mayorías parlamentarias y municipales, y con ello la continuidad y afianzamiento del régimen.
Además, la oposición sigue disgregada, la organización popular es aún débil, como también lo son las expresiones revolucionarias orgánicas. Sin embargo, en la medida que las inversiones en lugar de llegar se alejan del país, que el endeudamiento se acrecienta y se hace insostenible, y que ello recae directamente en la escasez de empleos, en la profundización de la crisis, la caída del consumo, alta inflación, baja permanente de la recaudación fiscal y dependencia creciente de las remesas, el país se convierte en una potencial bomba de tiempo social.
Las clases dominantes, burguesas y oligárquicas, quieren cantar victoria, esperan afianzarse en el tiempo, pero el tiempo, como en aquellos versos de Silvio Rodríguez, sigue estando a favor de los pequeños, de los desnudos, de los olvidados; porque los pueblos cuentan sus tiempos de lucha en meses, años y hasta por generaciones, mientras que los explotadores proyectan su dominación como calculan sus ganancias, sus riesgos, sus balances. Saben que en el largo plazo su sistema de dominación se hará insostenible y que tarde o temprano la impunidad de la que siguen haciendo gala, tanto en Centroamérica como en el sur del Continente, se revertirá y tendrá consecuencias que por ahora pretenden impedir o al menos demorar, en algunos casos con mentiras y propaganda, en otros con represión.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: PIA Global
