El gobierno de Joe Biden anunció en los últimos días que enviará a Ucrania un cargamento de bombas cluster, también conocidas como bombas de fragmentación o municiones racimo. La decisión se da tras la aprobación de un nuevo paquete de ayuda militar que asciende a 800 millones de dólares y ante las enormes dificultades que viene enfrentando la contraofensiva ucraniana desde que comenzó en las últimas semanas.
La controvertida decisión fue aprobada por el presidente de Estados Unidos, única autoridad con el poder para firmar la medida. Hasta el momento, los paquetes de ayuda militar sólo necesitaban la aprobación del Secretario de Defensa, máxima autoridad del Pentágono. Sin embargo, por tratarse de un tipo de arma cuyo uso, producción y almacenamiento ha sido condenado por varios organismos de derechos humanos y prohibido en al menos 123 países, sólo el presidente puede autorizar su uso.
Considerada una de las municiones más traicioneras del mundo, las bombas de racimo son proyectiles que transportan en su interior cierta cantidad de bombas más pequeñas, también conocidas como submuniciones. Estos proyectiles pueden lanzarse desde aviones, misiles o bien pueden dispararse desde artillería, cañones navales o lanzacohetes, entre otras formas.
A una altura preestablecida y dependiendo del objetivo, los proyectiles se abren y las bombas se esparcen por el área. Las submuniciones llevan a su vez una espoleta de retardo para explotar en un momento determinado, más cerca o en el suelo, esparciendo su metralla que está diseñada para matar soldados o eliminar vehículos blindados como tanques.
Las que Estados Unidos proporcionará a Ucrania son las DPICM, o municiones convencionales mejoradas de doble propósito. Las mismas ya no se usan luego de que en 2016 el gobierno tomara la decisión de eliminarlas gradualmente.
Estas municiones que Washington dará a Kyiv se disparan con obuses de 155 mm, y cada proyectil lleva 88 minibombas. Cada submunición tiene un alcance letal de unos 10 metros cuadrados, por lo que un solo proyectil puede cubrir un área de hasta 30.000 metros cuadrados, dependiendo de la altura a la que libere.
Las submuniciones dentro de un proyectil DPICM pueden también ser de carga hueca. Este es un tipo de ojiva antiblindaje especializada que, al golpear un tanque o vehículo blindado, crea un chorro de metal fundido que perfora el blindaje. Son necesarias 10 o más submuniciones para destruir un vehículo blindado, pero puede ser necesario una sola para desactivar las armas del vehículo o dejarlo inmóvil.
Se sabe que tanto ucranianos como rusos han usado bombas de racimo desde el inicio de la operación militar especial en febrero de 2022. Pero funcionarios ucranianos han estado presionado a EE.UU. para que proporcione estos proyectiles desde el año pasado, argumentando que eso daría más municiones a los sistemas de artillería y cohetes proporcionados por Occidente y ayudarían a reducir la superioridad numérica de Rusia en artillería.
Como las submuniciones caen sobre un área amplia, pueden poner en peligro a los no combatientes. Se calcula que entre el 10% y el 40% de las submuniciones fallan, según el Comité Internacional de la Cruz Roja. Las bombas sin explotar pueden entonces ser detonadas por la actividad civil años o incluso décadas más tarde.
La Coalición contra las Municiones de Racimo, un grupo activista que trata de prohibir las armas en todas partes, dice que estos proyectiles pueden continuar haciendo daño en Laos y Vietnam, 50 años después de su uso.
En un comunicado publicado este viernes, la organización Human Rights Watch dijo que tanto Ucrania como Rusia habían matado a civiles con el uso de bombas de racimo en la guerra hasta el momento.
El uso de municiones para atacar tropas o vehículos enemigos no es ilegal según el derecho internacional, pero atacar civiles con estas armas podría constituir un crimen de guerra, según Human Rights Watch.
La última vez que Estados Unidos utilizó este tipo de proyectiles fue en Iraq entre 2003 y 2006, pero sólo prohibió su uso en 2016. Gran parte del mundo ha prohibido el uso de estas armas a través de la Convención sobre Municiones de Racimo (CCM), que también prohíbe el almacenamiento, la producción y la transferencia de las mismas.
Con la decisión del gobierno de Biden de proporcionar este tipo de armamento a Ucrania, el país rompe con una corta política de prohibición de su uso, lo cual sin dudas traerá consecuencias aún más devastadoras para las poblaciones civiles e los territorios rusos y ucranianos.
*Ana Laura Dagorret es analista internacional, coautora del Manual breve de Geopolítica y parte del equipo de PIA Global.
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