Este 1 de junio, el régimen que gobierna El Salvador con mano de hierro y sin respeto por ley alguna, que no sean las que a su antojo dictan los intereses económicos que controlan el Ejecutivo, se vistió de gala para celebrar cuatro años de arbitrariedades, brutalidad, persecución política, concentración creciente de riqueza y poder, despojo impune del país y deterioro -quizás irreversible- del extremadamente frágil entorno medioambiental salvadoreño.
La noche del 1 de junio, el recinto de la Asamblea Legislativa, donde se supone que se deben debatir leyes en favor del pueblo y del país, fue inundado de bandas de adeptos del oficialismo y funcionarios públicos que, desde curules y espacios reservados, actuaron como fanáticos al estilo de los que en fútbol denominan “hooligans”. Todo para recibir al personaje que en la vida real, ordena a ese cuerpo legislativo qué votar, cómo votar y cuándo hacerlo.
Un show de arrogancia, arbitrariedad y autoritarismo
Aunque estamos hablando de un acto oficial de rendición de cuentas a la Nación, ante quienes supuestamente ostentan la representación popular, un acto de obligatorio cumplimiento por mandato constitucional, la idea en este caso – y como viene sucediendo desde hace cuatro años- parece haber sido reafirmar, con todas las luces de un espectáculo de farándula, las posiciones extremistas del régimen autoritario e intolerante que rige El Salvador. El mensaje de fondo parece ser su decisión de profundizar el ejercicio dictatorial del poder, en tanto el tiempo y el pueblo se lo permitan.
Saben que tarde o temprano, la inmensa mayoría de funcionarios que conforman el club de aplausos que ovaciona las ocurrencias presidenciales, deberá enfrentar la merecida justicia – la misma que ellos niegan a sus víctimas- que un día los sentenciará por violaciones masivas a los derechos humanos, por haberse robado los dineros del pueblo y haberlo condenado al hambre, la miseria, la ignorancia y la indignidad. En todo caso, el régimen va sembrando lo que tarde o temprano cosechará.
El ejercicio presidencial del 1 de junio en la noche no fue solo de autoritarismo insultante hacia un pueblo al que parece considerar súbdito o vasallo, fue también una puesta en escena de la reafirmación y fomento de una permanente conflictividad social. El régimen lo hace no solo para insultar a la oposición y utilizar técnicas de matón mafioso sino, sobre todo, para ejercer presión social, promoviendo el odio contra toda persona, organización o institución que se atreva a criticar públicamente al autócrata, crecientemente devenido dictador y el régimen que representa.
En periodos electorales como el actual, intimidar a la oposición desde una posición de poder extremadamente concentrado, pero además militarizado y convertido en estado policial, parece apuntar a desalentar expresiones de desafío político, no solo en lo político electoral sino desde las calles y la organización popular.
Sin embargo, a juzgar por los hechos y anuncios generados por el mandatario, éste no parece confiar totalmente en la efectividad de esas herramientas. Quizás sepa, o se lo recuerden algunos de los pocos asesores a los que presta atención, que ningún pueblo puede permanecer sojuzgado por muy largos periodos a base de represión, miedo, persecución, mentiras y manipulación.
Así se entiende esta “sesión solemne” que fue de todo menos eso, porque fue en realidad una jornada de insultos presidenciales a la oposición, contra los medios de prensa insumisos ante el poder y contra la comunidad internacional, con la correspondiente respuesta de apoyo a los insultos de parte de los corifeos que le hacían barra al presidente. Por otra parte, cada anuncio presidencial, cuidadosamente diseñado como una coreografía de suspenso, era recibido con aplausos, silbidos, risas, y alegrías por la misma barra de fanáticos.
Esos anuncios representan un salto de calidad en el objetivo oficialista de limitar toda posibilidad de que el partido del presidente reduzca, como resultado de las próximas elecciones, el poder político acumulado hasta el momento.
El asalto al territorio
Si en mayo de 2021 el Ejecutivo había tomado por asalto el poder judicial, aplastando la separación de poderes y la independencia de quienes se supone administradores de justicia, en 2023 el asalto es a la configuración del Estado en su conjunto, a los niveles de representación popular (reduciendo el número de diputados de 84 a 60) y, muy en particular a la organización del poder territorial, el más temido de los poderes para las clases dominantes, por tratarse del poder local, el más cercano a la gente, aquel en el cual las autoridades permanecen bajo el escrutinio de vecinas y vecinos, que pueden juzgar desempeños, exigir y proponer soluciones.
En materia municipal, más allá del anuncio publicitario presidencial de reducir el número de municipios de 262 a 44, se desconoce con precisión la justificación y la lógica, otra que no sea la lógica capitalista neoliberal de concentrar los recursos, partiendo del criterio de rentabilidad y autosuficiencia económica municipal. Esto es, mantener aquellas alcaldías que generen impuestos para el Estado y fundir o concentrar en torno a ellas, al resto de los municipios, considerados no rentables.
Es importante recordar el asalto a los derechos fiscales municipales cometido por el Ejecutivo en noviembre de 2021, cuando recortó drásticamente el FODES. En menos de dos años, la casi totalidad de municipios del país han sido asfixiados, afectando los servicios ofrecidos y deteriorando la calidad de vida de sus vecinos.
Hoy el asalto al poder municipal le sirve al régimen para hacer exactamente lo contrario de lo que prometió en campaña, lejos de otorgar más poderes al territorio, lo concentra extremadamente, centralizado ahora en brazos del Ejecutivo.
Si sostenemos que El Salvador es hoy un país sin ley es porque todas estas medidas, que además el presidente se da el lujo de “ordenar” a las y los diputados que aprueben antes de las elecciones de 2024, significa la más profunda alteración del orden y las reglas de juego establecidas para una contienda electoral.
El primer paso lo dieron recientemente los legisladores a instancia del Ejecutivo, derogando la disposición que prohibía realizar, con al menos un año de anticipación, cambios que pudieran afectar los procesos electorales. Eliminada esa barrera, el régimen destroza la estructura electoral nacional, las circunscripciones y distritos, obligando al resto de fuerzas políticas a jugar en condiciones que -de acuerdo a la visión oficialista- daría una sustancial ventaja al partido en el poder, para seguir gobernando con mayorías parlamentarias importantes y con una estructura territorial condicionada y dependiente económica y políticamente del Ejecutivo.
La corrupción como herramienta de persecución política
Desde la ofensiva contrarrevolucionaria en América Latina, como respuesta al periodo de lo que se dio en llamar el ciclo progresista de la primera década del presente siglo, la denuncia contra la corrupción gubernamental se transformó en parte de las armas mediático-jurídicas de la derecha para, en primer lugar, establecer una narrativa con perspectiva electorera, acusando de corrupción a gobiernos de izquierda y progresistas sin que previamente hayan hecho denuncia alguna cuando quienes gobernaban eran las fuerzas de derecha y proimperialista. Lo vimos con Bolsonaro, con el traidor Moreno en Ecuador (una vez asumida la presidencia) y lo mismo con Lasso; del mismo modo sucedió con el macrismo y su campaña contra el kirchnerismo, focalizado en la figura de CFK, entre muchos otros militantes.
En este aspecto el actual presidente salvadoreño no resultó original en su campaña. Con ella gobierna, eligiendo selectivamente a quienes acusa de corrupción mientras oculta, olvida o protege a la legión de corruptos que forma parte de su gobierno, desde aquellos acusados desde el plano internacional hasta quienes fueron claramente señalados por los negociados realizados durante la pandemia, en la campaña del Bitcoin, o en las obras públicas municipales al amparo del desmontaje de la ya mencionada estructura financiera municipal.
Del mismo modo, en el marco del régimen de excepción y con la carta blanca para el desarrollo de operaciones de encarcelamientos masivos, surgieron múltiples denuncias de corrupción policial y militar, así como la aparición de focos de corrupción y enriquecimiento a costa de los familiares de las personas encarceladas.
Sin embargo, nada de esto figuró en el discurso presidencial que, en todo caso, y a la vista del “éxito publicitario” que le representó la narrativa bélica de la guerra contra pandillas, hoy -agotada casi por completo aquella narrativa- elige otra nueva, “la guerra contra la corrupción”, a sabiendas que pueda tener repercusiones negativas fuera del país, pero seguro que su “público meta local” la comprará con alegría.
Y siguiendo el guion, profundizando en su talante totalitario, no anuncia nuevas obras, ni reconoce la crisis económica, el endeudamiento catastrófico, el drama de las familias campesinas, el interminable flujo migratorio, la inexistencia de hospitales decentes para seres humanos (aunque contemos con el “mejor hospital veterinario del continente”), el imparable aumento del costo de la vida y el crecimiento de la pobreza relativa y extrema.
De todo eso no consideró necesario informar al pueblo. En cambio, con todo su autoritarismo y arrogancia, declaró entre aplausos y vítores la construcción de una nueva cárcel especial, una prisión para los corruptos. Veremos si también esta será la más grande de América o la única con ese propósito, para que le sirva de gancho publicitario.
No es casual entonces, que el “modelo salvadoreño” sea motivo de admiración y objeto de deseo para cuanta derecha cavernaria y fascista respire en América Latina, por eso lo admiran los extremistas colombianos, ecuatorianos, argentinos, chilenos, guatemaltecos, y no falta algún mexicano que imagina sus métodos como la mejor forma de disciplinar al rebelde pueblo de Villa y Zapata. Esas señales deberían sin duda, sonar como alarmas para los pueblos hermanos del continente.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
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