Un infame aniversario y un caso judicial internacional mantienen a El Salvador en la mira; mientras tanto, desde el Estado, con maniobras legislativas y ejecutivas se preparan fraudes electorales y se profundiza la corrupción del clan familiar y sus amigos, avanzando en su constitución como clase dominante emergente. A esto se suma la profunda crisis fiscal y económica y los avances en la militarización, esta vez otorgando el control de las aguas marítimas a la Fuerza Naval salvadoreña.
La cobardía del matón, y el temor del pusilánime
Poco a poco empiezan a ocupar espacio en los medios las cuestiones relativas a las elecciones generales que tendrán lugar el año próximo. Los partidos políticos comienzan a trabajar en función de sus planes de campaña, convocatoria y organización de elecciones internas y demás aspectos relativos al tema, mientras la sociedad parece más preocupada y ocupada en la muy difícil supervivencia diaria.
En cualquier caso, aunque las encuestas que reproduce el gobierno muestran cifras muy favorables al presidente, y esto redunda en ciertas ventajas aparentes para el partido oficial en sus planes respecto a elecciones legislativas y municipales, lo cierto es que solo parecen despertar interés o entusiasmo en redes sociales, gracias a la utilización de oscuros ejércitos de troles y “bots” pagados con recursos públicos, para imponer la percepción de que los próximos comicios serán un paseo militar.
Sin embargo, los claros síntomas de preparación de fraude en la recolección y conteo de votos, particularmente desde el exterior, parecen contradecir aquellas percepciones. Varias son las advertencias en este sentido que han expresado desde distintas instituciones, no todas relacionadas directamente con procesos electorales; lo mismo ha sucedido con legisladores de la oposición y con varios dirigentes de partidos políticos
También la prensa no cooptada de manera total por el régimen ha hecho sus observaciones acerca de la falta de garantías para asegurar la transparencia y limpieza del voto en el exterior. En este sentido, parece bastante claro que aquellos que llegaron al poder montados en un discurso de odio y frustración, transmitido a la comunidad salvadoreña en el exterior, explotando viejos reclamos y resentimientos de la diáspora, hoy no tienen empacho alguno en servirse de la manera más perversa y descarada de aquella sacrificada comunidad para utilizarla a su antojo para sus fines electorales.
Por eso, un ejército de mentirosos, forjados en mil batallas de manipulaciones y traiciones, como el presidente de la asamblea legislativa y varios de sus cómplices en el congreso, dedicados a la tarea de aplastar derechos constitucionales según los antojos de CAPRES, se desplaza cada fin de semana a diversas ciudades de EEUU a arengar y mantener engañados a diversos colectivos a los que aún controlan.
Aquella seguridad que aparentan desde los medios no parece, entonces, ser tal ¿Acaso el régimen tiene dudas acerca de su triunfo presidencial si el actual mandatario se presentara ilegalmente a la reelección? ¡En absoluto! Pero en cambio no están seguros que la imagen presidencial pueda actuar como la locomotora capaz de arrastrar con su imagen el voto popular, asegurando de este modo mayorías legislativas y alcaldías suficientes para que su poder siga intocable.
Todo ello resulta imprescindible, como ya se ha dicho en más de una oportunidad, para asegurar no solo la continuidad de un régimen destinado a consolidar como clase dominante a la nueva burguesía emergente, sino también para asegurar que sus incontables violaciones a las leyes, la constitución y los derechos de las personas continúen sin ser juzgados ante tribunales de justicia, nacionales e internacionales.
El régimen cuenta ahora con un nuevo cómplice necesario, el Tribunal Supremo Electoral, transformado en instrumento servil del Ejecutivo, incapaz de denunciar las irregularidades y aceptando, con el temor de los pusilánimes, ser manipulado por la cobardía de un matón que hace gala de su fuerza para dominar o comprar a quienes se supone deben cumplir el papel de garantes de la legitimidad de los procesos.
Aniversario con más militarización
Mientras tanto, la renovación por 30 días del estado de excepción completa un año de régimen devenido “normalidad” en la vida de un país huérfano de derechos y sujeto a la arbitrariedad de la autoridad en todas sus dimensiones Para renovarlo, tanto desde el parlamento como desde las autoridades ministeriales de Justicia y Seguridad, y desde las jefaturas de la fuerza armada y la policía, se disputan los espacios y micrófonos, compitiendo para ver quien utiliza mayor violencia verbal y lenguaje más brutal, o quien resulta mejor apologista de la violación de derechos a cualquier persona que caiga en las garras de las autoridades, con o sin justa causa.
Es el resultado de tres años de militarización, de permisivo abuso militar y policial por parte de un Estado que desprecia a la ciudadanía. Hoy el régimen da otra vuelta de tuerca poniendo bajo la exclusiva autoridad de la fuerza naval el control de puertos y litoral marítimo. Asimismo, la navegación, registro de naves y vigilancia de las aguas territoriales estarán regidas por la Marina Nacional, la cual reemplaza a la Autoridad Marítima Portuaria, que deja de existir
Por supuesto, el régimen de excepción permanente, junto con la violación sistemática de derechos humanos, genera diversas reacciones de resistencia y denuncia, tanto desde organismos locales como desde sectores afectados directamente por las detenciones, la desaparición de personas o la muerte de detenidos en las cárceles, sin que siquiera se les haya probado culpabilidad alguna o, peor aún, que fallecieron antes de tener oportunidad de defenderse legalmente o de conocer las causas de sus detenciones. Son crecientes las denuncias de tortura y tratos inhumanos, degradantes y vejatorios por parte de verdaderos delincuentes que ocupan puestos en la seguridad del Estado.
Una autocrítica necesaria
La situación fue también denunciada esta semana por el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien en su homilía instó a las autoridades a reconocer los abusos y el daño que la medida está causando en un amplio sector de la población. La denuncia cardenalicia no pudo ser más oportuna, pues lo hizo al conmemorarse 43 años del asesinato aún impune de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Por eso recordó el mandato del hoy santo de su iglesia: “estar donde está el sufrimiento”.
Y utilizó aquella homilía en honor al salvadoreño más venerado para ejercer una muy justa y necesaria autocrítica
“De Monseñor Romero dijeron que su predicación no era pastoral sino política. Pero preguntémonos, ¿en qué país vivimos nosotros ahora? Estoy seguro que muchos otros pastores y personas sienten lo mismo que yo, sentimos tristeza, vergüenza, impotencia y sentido de culpa”, expresó, al reconocer la poca acción que ha mostrado la iglesia ante la actual coyuntura.
“Sentimos culpa porque muchos de nosotros nos hemos acobardado, nos hemos quedado mudos, nos hemos hundido en la indiferencia. Parecemos un pueblo anestesiado, acomodado en su pequeño mundo, gozando de una paz muy semejante a la paz de los cementerios”.
Al revelar que jamás tuvo respuesta positiva a sus reiterados pedidos de audiencia con autoridades para denunciar la situación, Monseñor Rosa Chávez añadió:
“Yo me atrevo a dirigirme a los que están en puestos de decisión y tiene un conflicto de conciencia. ¿Cómo pueden dormir tranquilos viendo que la excepción se ha convertido en regla, es decir en lo normal? ¿Cómo pueden aceptar como normal que la gente que sufre no se puede expresar públicamente ni pacíficamente? ¿Cómo pueden ver normal que todos los canales de diálogo están cerrados?”.
También se refirió al hacinamiento en las prisiones: “los países democráticos no pueden ser indiferentes a las condiciones en que viven muchos privados de libertad, tan semejantes a las que se vivieron en campos de concentración”.
En el mismo sentido ha venido reaccionando la comunidad internacional, condenando enérgicamente las violaciones sistemáticas a DDHH; todo ello, es necesario decirlo, ante autoridades ciegas, sordas y mudas frente a todo tipo de reclamos. Para ellos, la justica es venganza y, en la medida que sus actitudes autoritarias y despóticas sirvan para ganar apoyo popular entre una ciudadanía a la que ven como simples bolsones de votos, el resto carece de importancia.
Beatriz
Otro caso que mantiene a El Salvador en la palestra internacional es el que se ventila en la Corte Interamericana de DDHH (CIDH). Se trata del llamado caso Beatriz, una joven (ya fallecida) que en su momento se vio obligada a continuar un embarazo y dar a luz una criatura cuyas posibilidades de sobrevida eran nulas, poniendo además en altísimo riesgo la vida de la madre, debido a diversas enfermedades que desaconsejaban continuar el proceso de gestación.
Las únicas razones por las que Beatriz se vio obligada a continuar con un embarazo inviable fue la retrograda ley salvadoreña que penaliza el aborto como un crimen en todas sus instancias; es decir, sin considerar alternativas o excepciones ante casos tan evidentes como el que se aborda en estos días ante la CIDH, en Costa Rica.
Por esta legislación, el país comparte junto con otros cinco de la región el dudoso honor de ser los únicos del continente que penalizan el aborto; aunque en el caso de El Salvador la visión antiabortista decimonónica es tan extrema y retrógrada que ya ha costado larguísimas condenas a mujeres que sufrieron abortos espontáneos.
Por supuesto, en este caso, como en muchos otros, no se tiene en cuenta detalles como que Beatriz, así como la inmensa mayoría de mujeres condenadas por abortar por la justicia salvadoreña, pertenecen a segmentos de extrema pobreza, sometidas a condiciones de vida con predominio de culturas machistas, hacinamiento y, en muchos casos, con muy bajos niveles de acceso a educación formal. ¿Es que acaso las mujeres con recursos y pertenecientes a otros segmentos de la sociedad no abortan? ¡Por supuesto que lo hacen!, pero el clasismo también es un factor en este tema, y abre las puertas a la impunidad y a una justicia de primera y otra de segunda, así como a una medicina de primera y otra de segunda.
No obstante los argumentos esgrimidos y las recomendaciones realizadas por organismos defensores de los derechos de la mujer, de salud y otros, las diputadas de Nuevas Ideas, muchas de ellas participantes anteriormente en marchas feministas que propugnaban el derecho de la mujer a ejercer libertad sobre el control de su cuerpo en cuestiones como el aborto, hoy proclaman desde las redes sociales que la interrupción del embarazo no es una opción a considerar para modificar la legislación. No sorprende, en la medida que la actual condición para mantener una curul es el respeto genuflexo a las visiones morales ultraconservadoras del presidente de la República y su clan familiar.
La crisis que no se detiene
La crisis económico-financiera mundial se profundiza. Mientras los magnates del mundo se preocupan por las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos en relación a las tasas de interés, y la prensa económica especializada sigue pregonando la tranquilidad para los ricos, tratando de evitar nuevas estampidas que terminen de desbarrancar el sistema bancario mundial, el mundo de los pobres se rompe y el de los más pobres entre los pobres, colapsa.
En El Salvador los datos abundan, como el incremento de precios de la canasta básica, o el anuncio de empresas multinacionales que abandonan operaciones en el país, como acaba de hacer la de mensajería UPS. Pero hay datos mucho más contundentes que demuestran que la realidad no es la que el ministerio de propaganda y desinformación de CAPRES nos ofrece cada día; lejos de ello, la vida nos muestra el drama de intentar sobrevivir en este país; dos casos nos ilustran del tema, el primero es una encuesta dada a conocer esta semana en relación a la pobreza en la capital del país, según informaba LPG, en su edición del 24 de marzo:
“El 40 % de la población del municipio de San Salvador se considera pobre, esto de acuerdo a una encuesta de calidad de vida realizada el año pasado por el observatorio El Salvador Cómo Vamos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) junto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que presentaron los resultados del estudio realizado entre el 18 de octubre y 20 de noviembre.
En el indicador de la situación económica, la población fue consultada sobre la autopercepción de pobreza, a lo que el 40 % respondió que se considera pobre. El estudio destacó que en este punto, quienes se consideraron más pobres fueron las mujeres, un 41 %; mientras que el 38 % fueron hombres. El objetivo, dijeron los encargados de la encuesta, fue medir la calidad de vida de la población del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) en 16 indicadores, que incluyeron: situación económica de los hogares, trabajo, salud, seguridad, entre otros.
El estudio también detalla que un 39% de la población dijo que su situación económica empeoró en el último año y un 43% asegura que sigue igual. Sobre los ingresos en los hogares, un 30% dijo que son insuficientes y que tienen dificultades.
[…]En cuanto a la alimentación, el 33 % dijo que estaba preocupado porque el alimento, por falta de dinero u otras situaciones, se acabara. La encuesta reveló que el 16 % de los hogares se quedó sin comida.”
Los datos, reflejan con crudeza el incremento de la pobreza en uno de los municipios que, como toda capital nacional, suele ser la ventana del país ante el mundo. Imagen muy lejana a la falsa idea de primer mundo que, desde los aparatos de desinformación de CAPRES, pretenden vender al exterior. Otro dato ilustra mejor aún la situación. Basta recorrer las carreteras del país; a sus orillas, de manera creciente, se ve a familias, sobre todo mujeres con sus hijos pequeños en brazos, con trapos blancos en las manos o desplegados junto a ellas.
El símbolo de un lienzo blanco comenzó a utilizarse durante la pandemia para señalar lugares o familias que necesitaban alimentos. Hoy, superada una pandemia, las telas blancas siguen apareciendo para indicar que la otra prevalece, la del hambre agudizada por el desprecio, incapacidad y desinterés gubernamental por abordar el problema más candente para la ciudadanía, el hambre, la pobreza, el alto costo de la vida, la falta de oportunidades laborales para resolver la situación de miles de familias.
Los que no sufren son los nuevos burgueses y oligarcas a cargo de los negocios del Estado, que utilizan para sus fines personales. Esta semana, en otro ejemplo de su irrenunciable decisión de tomarse el Estado por asalto para ponerlo a disposición de sus intereses empresariales, el oficialismo aprobó legislación que permite a los funcionarios del Estado, ofertar servicios ante la Dirección de Obras Municipales (DOM). Recordemos que la DOM vino a reemplazar la actividad de diversos organismos territoriales colegiados encargados de resolver aspectos de las necesidades municipales en todo el país.
La pobreza avanza en El Salvador al mismo ritmo de la concentración de riquezas que expolia del Estado la nueva clase dominante.
Raúl LLarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: Animación de Nayib Bukele durante la «Bitcoin Week». (Reuters)
