La pandemia de desinformación que asola al mundo y a Brasil obliga a repetir lo obvio, muchas, muchas veces.
Estamos cansados, es cierto, pero no se nos permite dejar de repetir que la tierra es redonda, que no hay tratamiento temprano para el covid-19, que las vacunas para el covid-19 no transmiten el VIH y que tampoco están hechas de células de fetos abortados.
Ahora nos vemos obligados a repetir, hasta el cansancio, que las urnas electrónicas son seguras, fiables y auditables.
Podríamos, como sociedad, estar en otra etapa, comprometidos en una reflexión colectiva en torno a un gran proyecto nacional y a las prioridades para la ejecución de este proyecto.
Podríamos mirar al futuro, al país que queremos dejar a las próximas generaciones, en medio de las amenazas de la crisis climática y el agotamiento de los recursos naturales acelerado por el razonamiento neoliberal.
También podríamos estar pensando, colectivamente, en el perfeccionamiento de la democracia brasileña y en la efectividad sustancial de la noción de ciudadanía, entendida no sólo como un ejercicio mecánico y meramente formal del derecho de voto, sino como un concepto inseparable del pleno ejercicio de las libertades -de opinión, de expresión, de convicciones filosóficas y políticas de religión, de manifestación, de asociación y de reunión- la superación de las desigualdades, con el pleno acceso al conjunto de derechos sociales que conforman el derecho a una existencia digna -alimentación, educación, salud, seguridad, cultura, ocio y, en el centro de este plexo de derechos, el derecho al trabajo sin precariedad. Un proyecto de país que no permite la normalización del hambre de 33 millones de compatriotas y el aumento vertiginoso de la población que vive en la calle.
Sin embargo, nos vemos obligados a revisar y repetir lo evidente.
Aunque estemos cansados, no podemos eludir nuestras obligaciones cívicas. Hay que (re)decir lo que hay que decir y (re)decir.
El sistema de voto electrónico, adoptado por el Tribunal Superior Electoral, es el resultado de una evolución que tiene sus raíces en la propia creación de los Tribunales Electorales, en 1932. Desde entonces, se ha sentido la necesidad de reducir la posibilidad de intervención humana en las distintas etapas del proceso electoral, con el objetivo de eliminar el fraude.
El antiguo proceso de votación manual, dado el amplio margen de intervención humana en todas sus fases, posibilitaba todo tipo de fraudes, desde la preparación de las urnas de lona, que podían tener ya votos en su interior, hasta los momentos de la votación propiamente dicha, con la presentación de documentos de identificación del votante falsos, pasando por el transporte de las urnas de lona a la sala de recuento, con la inserción de datos en los espacios no rellenados de las papeletas.
Para reducir este fraude y aumentar la credibilidad del proceso, la Justicia Electoral ha implementado progresivamente soluciones tecnológicas. Así, en 1986 se realizó el reempadronamiento electrónico de más de 70 millones de votantes. El uso de un ordenador central para el recuento de las elecciones generales llegó en 1994.
El año 1995 marcó un hito en este proceso, con la presentación de un prototipo de urna electrónica por parte de investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales y del Centro Técnico Aeroespacial – CTA, vinculado a la Fuerza Aérea Brasileña. Sí, así es, el prototipo de urna electrónica se desarrolló con la participación activa de militares de la aeronáutica. El desarrollo del prototipo por parte de un comité de juristas e investigadores dio lugar a la utilización de urnas electrónicas por primera vez en 1996, cuando 32 millones de votantes emitieron su voto en 77.969 urnas en todo el país.
Desde 1996 se han utilizado y mejorado las urnas electrónicas con una amplia colaboración de la sociedad civil. Por ejemplo, los procesos de apertura del código fuente, en los que respetadas instituciones educativas y de investigación colaboran en la mejora tecnológica de la herramienta. En este sentido, es importante destacar la participación, este año, de tres de las más respetadas universidades brasileñas – la Universidad de São Paulo (USP), la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP) y la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE), que realizaron estudios en profundidad sobre los códigos fuente del sistema de voto electrónico y el modelo de urna electrónica 2020, que se utilizará por primera vez en las elecciones de 2022. Todas estas instituciones fueron unánimes y categóricas al atestiguar la seguridad y auditabilidad de los sistemas y equipos que registrarán los votos de los brasileños el próximo domingo.
La seguridad de las urnas electrónicas se refuerza con el uso de tecnologías de encriptación, firmas digitales y resúmenes digitales. Los programas (software) que se ejecutan en las urnas electrónicas tienen una cadena de confianza, es decir, sólo los programas desarrollados por el propio TSE pueden funcionar en las urnas electrónicas. Al final de la votación, los boletines de las urnas (BU) se firman digitalmente y se envían a través de un canal exclusivo a los ordenadores del TSE donde se hará el recuento. Este canal tiene altos niveles de encriptación y múltiples barreras de seguridad.
Las urnas funcionan de forma aislada, es decir, la única conexión posible durante el proceso de votación es el cable de alimentación. No es posible conectarse a una red (Internet) o a cualquier otra conexión por cable o inalámbrica. En caso de apagón, las urnas tienen baterías que duran 10 horas.
Las urnas del modelo 2020 tienen un procesador 18 veces más rápido que los procesadores del modelo anterior de 2015.
Las urnas también son sostenibles, ya que el 99% de los componentes se reciclan cuando se desechan.
Además de la mencionada inspección del código fuente, el proceso electoral se somete a una serie de auditorías: antes, durante y después de las elecciones.
Antes de las elecciones, se realizan pruebas de seguridad pública, en las que cualquier brasileño puede presentar un plan de ciberataque a los sistemas electorales que intervienen en la generación de medios, la votación, el recuento, la transmisión y la recepción de archivos. La prueba sólo se considera finalizada cuando se corrigen las vulnerabilidades, momento en el que el TSE invita a los implicados a probar de nuevo el sistema y dar fe de la corrección de los fallos.
Durante las elecciones se llevan a cabo otras auditorías, como las pruebas de integridad, el llamado «voto paralelo», la verificación de la autenticidad e integridad de los sistemas instalados en las urnas y la impresión de la zerézima. La presencia de misiones de observación electoral e invitados internacionales también se considera una modalidad de auditoría del proceso electoral.
Las misiones de observación electoral son de carácter independiente, con autonomía para los observadores que las integran, y son consideradas un factor de «fortalecimiento de la democracia en el mundo», según destaca el asesor principal de asuntos internacionales del TSE, Gilberto Scandiucci Filho.
Este año, además de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ya realizó la observación electoral en las elecciones de 2018 y 2020, el TSE también acreditó las misiones del Parlamento del Mercosur (Parlasul), la Red Electoral de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), el Centro Carter, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y la Red Mundial de Justicia Electoral. En las elecciones de 2022 también participarán invitados internacionales del TSE: autoridades electorales, especialistas en la materia e incluso ex jefes de Estado, para reforzar los mecanismos de cooperación e intercambio de información. Entre las autoridades invitadas están los miembros del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (Idea Internacional): la ex presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, la ex presidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez, la senadora uruguaya Mónica Xavier, el secretario general Kevin Casas-Zamora y el director regional para América Latina, Daniel Zovatto.
A sugerencia de la Misión de Observación de la OEA, el TSE, por primera vez, abrió una convocatoria pública para la acreditación de Misiones de Observación Electoral nacionales. Entre las entidades acreditadas como MOE nacionales están la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD), la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), la Asociación Nacional de Defensores Públicos (ANADEP), el Movimiento de Combate a la Corrupción Electoral (MCCE), la Universidad de São Paulo (USP), la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), Transparência Eleitoral Brasil y la Facultad de Derecho de Vitória.
Pero eso no es todo.
También hay auditorías después de la votación: verificación de los informes y copias de los archivos del sistema, recuento de votos a través del registro digital de la votación, recuento de votos mediante la comparación de las papeletas impresas por las urnas electrónicas, emisión de papeletas con la firma de los secretarios e inspectores presentes antes de enviar el registro para el recuento, la impresión de papeletas mediante códigos QR, permitiendo la copia y grabación en teléfonos móviles y tabletas, y, si es necesario, verificaciones extraordinarias.
Lo que se desprende de toda esta información es que el sistema de voto electrónico no es obra del Tribunal Superior Electoral únicamente, sino que representa, en verdad, el producto de una larga evolución en la que varias fuerzas creativas de la sociedad brasileña e internacional trabajaron en sinergia, con el propósito de dotar a Brasil de uno de los sistemas de votación más ágiles, fiables y seguros del mundo. Las urnas electrónicas son una herencia brasileña.
Es cierto que, como cualquier creación humana, el sistema de voto electrónico brasileño puede ser mejorado. Sin embargo, esta sólida combinación de tecnología, experiencia y dedicación, en su fase actual de desarrollo, proporciona a la ciudadanía brasileña un arma poderosa contra cualquier intento de ruptura democrática.
Ante esto, no está de más decir y repetir: la tierra es redonda; las vacunas son eficaces para la prevención de formas graves de enfermedad; el hombre ya ha llegado a la luna y las urnas electrónicas son fiables, seguras y auditables.
*Claudia Maria Dadico es doctora en Ciencias Penales por la PUC-RS, jueza federal y miembro de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) y de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).
FUENTE: Brasil de Fato.
