Es innegable la influencia en gran parte del planeta, tanto de la pandemia COVID 19 como las derivaciones de la guerra entre Rusia y Ucrania. Aunque pueda parecer que Guatemala está geográficamente distante del conflicto armado que se produce en Europa, los efectos repercuten y agravan una situación social que, antes de estos dos hechos –guerra y pandemia- ya se mostraban críticos por la propia estructura de inequidad imperante.
Con respecto al COVID 19, Guatemala muestra datos que no enorgullecerían a gobernantes provistos de una mínima dosis de sensibilidad humana. Desde el comienzo de la pandemia se han registrado 1.027.000 casos y 19.000 muertos. La cifra de 1020 muertos por millón de habitantes se contrapone fuertemente con los datos de países cercanos geográficamente como El Salvador o Nicaragua, que a pesar de las dificultades objetivas, presentan estadísticas menos rigurosas. En el caso de Nicaragua, registra 18.491 casos, 225 muertes y 33 muertes por millón de habitantes, desde el comienzo de la pandemia. Por su parte en El Salvador, los casos totales registrados ascienden a 180.970, un total de 4192 muertes y 640 muertes por millón de habitantes. La pobreza en Guatemala se incrementó por los efectos de la pandemia, llevando las tasas de un 47,8% al 52,4% en el año 2020 y no debe soslayarse el dato de que solamente el 37% de la población ha podido acceder a los esquemas completos de vacunación para paliar los efectos mortales del COVID 19.
El desequilibrio social sigue siendo una constante y muestra características propias del desarrollo de un capitalismo periférico y dependiente, que despoja a los pueblos de sus tierras, expulsándolos hacia conglomerados urbanos cada día más violentos y segregacionistas. Desde el año 2008 Guatemala pasó a ser una nación mayoritariamente urbana, poniendo de manifiesto las transformaciones demográficas que se desarrollaron a lo largo del siglo XXI.
Guatemala posee la cuarta tasa más alta de desnutrición crónica en todo el mundo y la más alta de la región de América Latina y el Caribe, afectando con mayor crudeza sobre la población originaria y mostrando con ello, la persistencia de un poder que segrega a una porción inmensa de la sociedad, considerándola inferior y descartable.
Datos del Banco Mundial consignan que la desnutrición infantil afecta al 47% de los niños guatemaltecos menores de 5 años, al 58% de los niños indígenas y al 66% de los niños pertenecientes al 20% de la población de menores ingresos.
En este marco de acelerado agravamiento de las condiciones de vida de las mayorías guatemaltecas, se prepara para el año 2023 lo que será el proceso electoral que renovará las autoridades nacionales. El presidente Alejandro Giammattei puede vanagloriarse de estar en el podio de los presidentes latinoamericanos con mayor índice de impopularidad y el sistema político guatemalteco goza de un desprestigio generalizado bajo constantes acusaciones de prácticas corruptas que derivaron en una mayor despolitización de la sociedad y un estado de desmovilización que fragmentó a los sectores progresistas. Este proceso ha impedido la elaboración de propuestas unitarias que vayan mucho más allá de la sola expresión electoralista. Las diferencias en los análisis de la etapa, las acusaciones entre dirigentes que décadas pasadas fueran compañeros de lucha y la acción deliberada del poder real para impedir el desarrollo de las fuerzas populares y su organización para presentarse como opción de transformación verdadera.
Sin dudas, las huellas del conflicto armado interno que se desarrolló hasta mediados de la década de 1990, perduran esencialmente por la ferocidad que asumió la represión estatal para sofocar la resistencia, no solo de las organizaciones insurgentes armadas, sino de amplios sectores populares movilizados. Hay que recordar que la guerra civil dejó más de 200.000 víctimas, 45.000 desaparecidos y la alevosía criminal de la escasa existencia de prisioneros ya que éstos eran ejecutados vilmente.
La política guatemalteca muestra una fachada de legalidad que es solo una palpable expresión antidemocrática que tiene sus raíces en la estructura económica que se caracteriza por una inmoral concentración de los bienes productivos en un pequeño sector en desmedro de las mayorías que fueron arrastradas a mayores índices de marginalidad, con la particularidad de que el elemento racista se expresa con mucha mayor virulencia ante la dimensión concreta del 50% de una población perteneciente a pueblos originarios como los mayas, garífunas y los xincas.
La democracia guatemalteca es débil y carece de verdaderas representaciones de los sectores sociales más perjudicados. La organización revolucionaria que acordó la paz en 1996 y se transformó en un partido político para participar electoralmente, no ha logrado estructurar propuestas unitarias y si bien en sus primeras experiencias electorales tuvo aceptables resultados, luego comenzó a sufrir fracturas que hicieron perder cualquier posibilidad de incidir en el panorama político nacional.
Las continuas rupturas, la imposibilidad de establecer políticas claras en relación al papel de los sectores revolucionarios en un contexto de democracia burguesa y la pérdida de real influencia en las organizaciones de masas no permite elaborar una estrategia de construcción de un programa revolucionario que tenga la capacidad de accionar dentro de los márgenes que establece la legalidad pero en un claro sentido de transformación.
¿Dónde está la fuerza del cambio en Guatemala?
En el continente latinoamericano, con mayor o menor intensidad, se vivió en la década pasada un proceso de reconstrucción de la esperanza transformadora de los pueblos que pudo expresarse en gobiernos progresistas que avanzaron en la inclusión social dentro de los límites del propio sistema. Expresiones de mayor radicalidad estaban representados por la República Bolivariana de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Ecuador y la Revolución Cubana que se aglutinaban en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Otras expresiones, como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, si bien mostraban una mayor moderación política, operaban en conjunto en un proceso de integración incipiente que tensionaba las relaciones de poder regionales, históricamente atadas a los designios de la geopolítica norteamericana.
En el caso guatemalteco, esta etapa de movilizaciones continentales no tuvo correlato político concreto. Indudablemente, el efecto del terrorismo de estado logró disciplinar y fragmentar a gran parte de los sectores de avanzada y no se generaron condiciones para la construcción de una herramienta política unitaria que sea parte de una etapa de cambios.
A pesar de ello, la organización del movimiento campesino comenzó a estructurarse a partir de la defensa de los territorios y planteando una férrea postura de oposición a las formas que comenzaba a asumir la producción, bajo formas de monocultivo y priorizando el extractivismo como supuesta fuente de divisas para garantizar el desarrollo. Esta organización, bajo formas comunales, fue un avance pero debido a su expresión local y delimitada, no permitió crear una instancia superadora en la cual puedan expresarse un abanico de movimientos de base.
La fragmentación instigada desde el poder y provocada por la carencia de liderazgos, impidió avanzar en un sentido de cambios y aceleró el proceso desintegrador del campo popular que no logró interpretar su misión histórica. En el año 2021, una serie de movilizaciones sacudieron al país y expresaban el descontento ante la grave crisis social y representativa. Todo esto se había agravado hasta límites insoportables a causa de la pandemia de COVID 19 y aceleró el proceso de confluencia de los diferentes espacios campesinos que se expresaron a través del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) exigiendo cambios y planteando con firmeza el objetivo de avanzar hacia una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional.
Si bien las movilizaciones y la coordinación de las luchas fueron un gran paso hacia adelante, no consiguieron transpolar esas experiencias en la organización de una herramienta electoral y social. A pesar de los niveles de marginación y pobreza, las organizaciones populares guatemaltecas no han logrado sintetizar sus propuestas para plantear a toda la sociedad, una alternativa que priorice a los sectores subalternos y los intereses nacionales.
Es claramente una deuda, y al mismo tiempo una necesidad imperiosa de sumarse a un proceso que, dentro de sus limitaciones y contradicciones, debe erigirse como semilla de mayores niveles de organización popular y de la conciencia de un pueblo golpeado por el terrorismo estatal, el racismo y la pobreza.
Notas:
*Historiador. Colaborador de PIA Global
@flacosanchez
