Del norte al sur del país, cada uno de los días de enero, 865 mexicanas fueron víctimas de delitos como feminicidio, violencia familiar, violencia sexual, secuestro, tráfico de personas o algún otro dentro del catálogo de delitos. Eso sucedió mientras que en el país se cancelan programas sociales, en el Congreso paritario se promueven reformas y programas sin recursos y los pendientes legislativos para beneficiar a las mujeres se acumulan. En resumen, en el Poder Legislativo hay alerta de género.
En la Cámara de Diputados yacen 84 iniciativas pendientes de dictamen y en el Senado el cúmulo es mayor, con 49 minutas remitidas de los diputados aún sin atender y 28 iniciativas de reformas que esperan ser dictaminadas, todas sobre asuntos de género.
Sin embargo, más importante que la numeralia, la abogada feminista y exconsultora internacional de ONU Mujeres, Patricia Olamendi, pone el dedo en la llaga: “el principal pendiente legislativo es que haya presupuesto para programas que atiendan a la mujer y recursos destinados para la igualdad”.
Puede haber cientos de reformas legales, pero “derechos sin presupuesto no existen. Si queremos que haya vigencia de derechos y las mujeres puedan acceder a mejores condiciones de vida, sin violencia, con justicia, con derechos garantizados a la vida, la educación, la salud, a la seguridad, a no ser violentadas se necesita invertir en puntos centrales que reduzcan las inequidades”.
Pero, alerta, “ahora resulta que tenemos congresos paritarios federal y en los estados, pero estamos perdiendo derechos conquistados y ese es el principal reclamo”. Eso deberá sumarse a demandas históricas, porque se pensó que la paridad impulsaría los cambios a favor de las mujeres y se ve que eso no basta.
Con seis meses transcurridos de los tres años de Legislatura, el cambio de la nueva conformación en el Congreso está a prueba. En esta 65 Legislatura que inició el 1 de septiembre, la Cámara de Diputados sí tiene 250 mujeres y 250 hombres legisladores. En el Senado son 63 senadoras mujeres y 65 varones.
Derechos de las mujeres, sujetos a austeridad
Olamendi sitúa en tres ejes las legislaciones pendientes más importantes para erradicar la violencia de todo tipo que viven las mujeres en México: las referentes al Sistema Nacional de Cuidados (SNC), a la justicia familiar y la justicia penal.
“Ahora resulta que tenemos congresos paritarios federal y en los estados, pero estamos perdiendo derechos conquistados y ese es el principal reclamo”. Patricia Olamendi, abogada feminista y exconsultora internacional de ONU Mujeres.
Pero la creación del Sistema y el fortalecimiento a los Centros de Justicia para Mujeres son dos temas en los que la mayoría legislativa de Morena, e incluso legisladoras de ese partido, han operado para restringir recursos que los hagan viables.
El 18 de noviembre de 2020 y por unanimidad la Cámara de Diputados reformó los artículos 40 y 73 de la Constitución para ordenar la creación de un Sistema Nacional de Cuidados (SNC), cuya prioridad serán las personas que requieran cuidados por enfermedad, discapacidad, niñas, niños, adolescentes y personas mayores.
Las reformas implican que el Estado promoverá la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en ese cuidado.
El Sistema fue creado en ley pero sin fondos, pues de última hora la diputada Aleida Alavez Ruiz, de Morena, propuso una reserva -que fue avalada- para que se “cuide” que el SNC no genere ninguna estructura nueva, “ni compromisos económicos adicionales; deberán aprovecharse las instituciones ya existentes de los diversos órdenes de Gobierno”.
Desde entonces, hace más de un año, la minuta está en el Senado, pendiente. A ella se suma una iniciativa de la senadora morenista Malú Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, para crear la Ley del SNC.
Aunque esa ley puede emitirse 180 días después de la reforma a la Constitución, la morenista la impulsa para que el SNC pueda operar, pues –contrario a la reserva impulsada por Alavez– sí se requiere una estructura que coordine y articule niveles de gobierno y sectores público, privado y académico, una Junta Nacional de Cuidados, una Asamblea Consultiva, un Registro Nacional, pero lo que ha trabado los acuerdos son los recursos.
«Estamos por aprobar el SNC que no va a ser fácil; fueron a hablarle al oído a mi presidente (Andrés Manuel López Obrador) diciéndole que (el costo) es 0.1 del Producto Interno Bruto (PIB), ¡madre mía! Imposible que sea así. No es así», dijo Micher el 10 de febrero pasado.
Al participar en el Foro Iberoamericano Presupuestos para la materialización de los derechos de las mujeres, la senadora reconoció que el tema presupuestal genera suspicacias, pero confió en que el costo no sea ese.
Contrario a esa postura de que las políticas son operables con pocos recursos, para el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C. (CIEP), una correcta operación del SNC sí rondaría los 24 mil 39.8 millones de pesos, 0.1% del PIB.
Esto si se considera el valor del trabajo de cuidado –que en su mayoría hoy desempeñan mujeres– y el costo presupuestario de programas que se dediquen específicamente al cuidado, y que no existen hoy.
El SNC sí implicará recursos –contrario al candado aprobado por diputados– pues, tal como está concebido, comprendería permisos pagados de maternidad y paternidad; guarderías públicas, escuelas de tiempo completo con comida caliente, centros de cuidado de día para adultos mayores, personas enfermas o con alguna discapacidad y centros de capacitación para cuidadores, según la senadora feminista Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano.
Para Olamendi, sin embargo, eso es una inversión que sí debe darse, pues lo que se destine al SNC podrá detonar el empleo remunerado de la población femenina, con lo cual se protegería a la niñez, a la tercera edad, se emplearía a mujeres y se fortalecería su economía.
“Va a crear empleos, que es lo que nos falta en medio de la pandemia. En ella las mujeres empleos o se precarizaron pues tomaron un trabajo temporal, sin prestaciones o de medio tiempo. Esta es una oportunidad para atender a la población que requiere cuidados y al mismo tiempo crear puestos laborales”, expone.
El CIEP también lo ha valorado así: que la responsabilidad del cuidado sea pública (y no carga de las mujeres) permitiría crear empleos remunerados para esas tareas. Sin embargo las valoraciones aún esperan el visto bueno de la mayoría morenista en el Congreso.
Centros de Justicia, escasez de recursos
El otro caso de políticas sin recursos, o escasos, son los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM), creados en 2010 mediante decreto, por lo que no están regulados en ley. Buscan ser un espacio interdisciplinario para la atención, en un sólo sitio, de las problemáticas de violencia o familiares que enfrentan las mujeres y sus hijos.
La Cámara de Diputados aprobó en diciembre de 2020 reformas a las Leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de Coordinación Fiscal para que las entidades federativas crearan y operaran estos Centros y prestaran atención médica y psicológica, asesoría jurídica, gestión de expedición de documentación oficial, cuidado infantil, entre otras.
Las minutas fueron aprobadas casi un año más tarde por el Senado, en noviembre de 2021, pero a propuesta del senador Miguel Ángel Mancera, del PRD, se introdujo la obligación de que contarán con recursos que les asigne el gobierno Federal y no sólo los estatales y se cerró la posibilidad de que sean recortados.
Empero, un mes después, el 15 de diciembre, la senadora Micher, de Morena, propuso una “fe de erratas” para borrar el texto agregado, que dice: “En el presupuesto de Egresos de la Federación quedará garantizada la suficiencia presupuestaria para el funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres. La cantidad asignada en los Presupuestos de Egresos de la Federación y de las Entidades Federativas nunca podrá ser menor a la otorgada en presupuestos anteriores”.
La supuesta corrección era “un truco” para cambiar lo aprobado, según denunció el PAN, no prosperó y la minuta se devolvió a la Cámara de Diputados, porque se confirmó el agregado.
Ahora, el asunto de los recursos federales para esos Centros, sobre los que hay señalamientos de falta de capacitación en la atención de las mujeres y escasez de recursos, está en manos de la mayoría de Morena y sus aliados en San Lázaro.
Hoy existen 56 centros de justicia en 31 entidades, 14 de ellos creados en este sexenio y enfrentan crisis financiera, pues cuentan con 300 millones de pesos de la federación este 2022, es decir, un promedio de 5.3 millones de pesos cada uno y al año, más recursos estatales.
Proliferación de leyes, de locura
Para Olamendi otro tema en el que el Congreso está en falta es en eliminar la dispersión en justicia familiar y justicia penal.
Eso es relevante si se considera que uno de los temas de más violencia hacia las mujeres es la violencia intrafamiliar, la negativa a pensión alimentaria, la pelea por la custodia de los hijos, en tanto que en materia penal, hay una diversidad de recovecos jurídicos que impiden sancionar efectivamente a los agresores y violentadores, para terminar la impunidad.
Por eso la experta urge a la homologación en un Código Penal Único y un Código Familiar Único que termine con la dispersión de normas en 33 códigos penales y 33 códigos familiares o civiles.
“Cada estado define los delitos y fija las penas, las circunstancias, aunque afortunadamente ya tengamos un solo procedimiento penal. Pero es arbitrario que, por ejemplo, haya que cruzar la frontera de un estado a otro para que una violación no sea castigada seis meses sino cinco años, porque esa diferencia existe entre una y otra entidad vecina. Eso es absurdo”, plantea.
“Hay entidades en las que puedes tardar dos años en tener una pensión alimenticia y otros como Yucatán que tardan 20 años. Hay estados donde se puede acceder a la custodia de los hijos con rapidez y otros que tardan años. Entonces esa homologación sí es una urgencia”.
“Es una locura” -agrega Olamendi- lidiar con esa dispersión de reglas penales y familiares, y aunque los estados argumenten que hay particularidades en cada entidad, en los hechos el país está limitando derechos humanos reconocidos en tratados, plantea.
Para esta experta que fue legisladora y subprocuradora de Atención a Víctimas de la Procuraduría de la ciudad se requiere que el Congreso analice cuestiones como esas, de fondo y que atiendan de frente los problemas.
Pero las legislaturas han pasado y nada. En 2013, en 2017, en 2019, se ha propuesto ir a un Código Penal Único, pero a la fecha no ha prosperado.
“Hay entidades en las que puedes tardar dos años en tener una pensión alimenticia y otros como Yucatán que tardan 20 años. Hay estados donde se puede acceder a la custodia de los hijos con rapidez y otros que tardan años. Entonces esa homologación sí es una urgencia”.
Lluvia de ideas
En contraste, cada sesión del Senado o de la Cámara de Diputados llueven iniciativas de reformas que realizan parche sobre parche a las leyes, y no se hace una revisión integral.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Sin Violencia (LGAMVSV) cumplió 15 años en vigor el 2 de febrero pasado, ha sido enmendada 16 veces y hay decenas de iniciativas de ley para modificarla.
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres creada en 2006, hace 16 años, ha sido reformada en 10 ocasiones y están pendientes otras tantas propuestas para agregar, quitar, mejorar.
En cuanto al rezago, en la Cámara de Diputados se han dictaminado 35 iniciativas en materia de paridad, contra la violencia contra las mujeres, en pro de sus derechos, en esta legislatura y hay 84 pendientes, muchos heredados de la anterior legislatura.
Entre los nuevos temas están: tipificación homologada del delito de feminicidio a nivel nacional, que se incluya el aspecto laboral en los programas de atención a víctimas, políticas transversales en materia de alerta de género, incorporar perspectiva de género en los juzgadores, paridad de género vertical y horizontal en las dirigencias de los partidos.
En el Senado el rezago es mayor, le han sido turnadas 56 minutas de la Cámara de Diputados, de ellas hay 49 pendientes y se suman 28 iniciativas nuevas, aunque de la anterior se recibieron 329.
Entre los asuntos por analizar se propone prohibir el uso de lenguaje machista y discriminatorio a todos los deportistas profesionales, prohibir violencia simbólica, inscribir en letras doradas “Aniversario de la lucha Contra la Violencia de Género de Marisela Escobedo”, o modificar la Constitución para renombrar “Cámara de Diputadas y Diputados y Cámara de Senadoras y Senadores”.
Y mientras los legisladores analizan esto, cambios sustanciales como la homologación de leyes y sobre todo dotar de recursos los programas están estancados, “en los Centros de Justicia para Mujeres no hay presupuesto suficiente y el personal revictimiza a las mujeres, la violencia crece aunque no se admita y el panorama es negro pese a que las mujeres llegamos a la paridad en el Congreso”, expone la feminista.
*Karina Garcia es periodista de Expansión Política, donde fue publicado originalmente este artículo.
