El pasado 20 de enero se dieron cita más de medio millar de personas migrantes para manifestarse en las oficinas de regularización del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, Chiapas. Los manifestantes caminaron desde el Albergue Jesús El Buen Pastor con dirección a las oficinas migratorias. Su demanda principal fue el otorgamiento de códigos QR, con los cuales puedan movilizarse a otros estados del país y concretar su proceso de legal estancia en México. En el grupo hay personas originarias de Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití, Venezuela, Colombia y de diferentes países del continente africano.
Este suceso, como se ha señalado en otros trabajos, se enmarca en un contexto de crisis migratoria sin precedentes, con cifras nunca antes vistas de personas que han ingresado al país solicitando refugio, de deportaciones realizadas y de una política migratoria de contención para evitar que los migrantes que provienen del sur lleguen a los Estados Unidos, lo que ha dado lugar a que miles de personas queden varadas en la ciudad fronteriza de Tapachula, Chiapas.
La protesta de ayer no es novedosa si consideramos que, por un lado, eventos de protesta de esta naturaleza suelen ocurrir en diferentes países receptores de migrantes con el fin de reivindicar derechos sociales y políticos y que, por otro, recientemente, durante el segundo semestre del 2021, migrantes haitianos encabezaron un conjunto de movilizaciones en el intento de avanzar en su camino hacia los Estados Unidos.[iv] No obstante, el hecho mismo es significativo por diferentes razones.
La principal es que a través de estas manifestaciones recurrentes, las personas migrantes han hecho escuchar su voz en el espacio público, algo que desde su condición de indocumentados siempre acarrea una serie de obstáculos. Haciendo uso de los reflectores que dan cobertura a este fenómeno, los migrantes han compartido las condiciones sociales que les ha obligado a salir de sus países de origen, las peligrosas travesías que han emprendido, y algunos han dejado claro su firme interés en llegar a los Estados Unidos para trabajar y no quedarse en México. Con estos testimonios se busca contrarrestar las narrativas anti-inmigrantes instaladas en el imaginario de amplios sectores de la sociedad, que acusan a los migrantes de ocupar espacios de trabajo que serían para los mexicanos, de precarizar el entorno laboral por aceptar salarios más bajos o de venir a cometer actos delictivos.
En segundo lugar, es importante destacar que las movilizaciones de migrantes se dan en un momento en que la capacidad de gestión de las instituciones ha sido superada y un conjunto de actores se encuentran atentos a la situación migratoria. En este contexto, el término «ciudad cárcel» o «ciudad prisión» que los migrantes han usado para referirse a Tapachula en algunas consignas, y que luego distintos medios de comunicación han replicado, ha sido, como señala Eduardo Torre,[v]una metáfora idónea, y yo agregaría potente, que ha permitido transmitir a los migrantes: su complicada situación en la ciudad fronteriza de Tapachula, su crítica a la política de migración mexicana, su exigencia de movilidad hacia los Estados Unidos y otras partes del territorio mexicano, su solicitud de agilización de los trámites para transitar libremente, denunciando corrupción, arbitrariedad y lentitud intencional y los malos tratos de las autoridades, carentes de perspectiva de derechos humanos.
Un tercer aspecto relevante es la ineludible dimensión política de las migraciones que se hace visible, incluso cuando esta no sea la intención racional y planificada de los migrantes. Las manifestaciones encabezadas por haitianos y secundadas por centroamericanos nos muestran a personas que en vez de aceptar las medidas de prohibición y contención, las cuestionan a través de una serie de acciones colectivas, que han incluido marchas, bloqueos y huelgas de hambre, y una serie de actuaciones políticas de: diferentes instituciones mexicanas, como el INM o la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR), organismos de observación de derechos humanos, grupos de presión a favor y en contra de los migrantes y ciudadanos mexicanos.
Por lo anterior, si bien es cierto que puede ser controversial el uso de algunos tipos de protesta, si consideramos sus resultados y las afectaciones a terceros que provocan, esto no anula el profundo sentido político que entrañan, sino todo lo contrario, lo hace evidente y lo sitúa en la palestra pública. En las manifestaciones de migrantes que presenciamos en los últimos meses y en la que aconteció recientemente el día 20 de enero se observa un posicionamiento político migrante, a través de la interpretación propia de sus identidades y sus demandas, que cuestiona los estereotipos, los estigmas sociales y las políticas migratorias criminalizantes.
Hacia finales del 2021, autoridades otorgaron documentos y facilitaron autobuses para el traslado de migrantes a otros estados del país. Si las acciones colectivas que se despliegan en 2022 tendrán respuestas favorables o una impronta política entre las personas migrantes y organizaciones pro-migrantes, que pueda desencadenar nuevas acciones colectivas o procesos organizativos de mayor calado, está por verse.
*Carlos de Jesús Gómez-Abarca es investigador, integrante del Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica.
[v] Nexos. Observatorio migrante. Blog de movilidad poblacional, 17 de octubre, 2021.
FUENTE: Chiapas Paralelo
