Comercios quemados, pillaje generalizado, ciudadanos obligados a pagar para superar las barricadas en las carreteras, toque de queda, disparos de grueso calibre contra las fuerzas del orden… El movimiento de protesta contra las medidas anticovid del Gobierno de Emmanuel Macron y, en especial, la suspensión del empleo para el personal sanitario que se niega a vacunarse, unido a una huelga general, ha degenerado en una insurrección en Guadalupe y Martinica, que ha obligado a París a enviar más de 2.000 miembros de las unidades de élite especializada en la lucha antiterrorista.
La respuesta policial es justificada por los representantes del Estado como una urgencia absoluta de seguridad para todos los ciudadanos. Además de los ataques armados contra las fuerzas del orden, médicos y otro personal sanitario enviado por París para llenar el hueco dejado por los refractarios han sufrido la violencia de piquetes.
Situación social crítica
La respuesta política, sin embargo, tardó en llegar. El ministro francés de Ultramar, Sebastien Lecornu, se decidió por fin a visitar Guadalupe, adelantando una vaga oferta de autonomía para las islas, que ha dejado perplejos tanto a los independentistas locales, como a la mayoría de los franceses de la metrópoli y de los llamados «Dom-Tom», Departamentos y territorios franceses de Ultramar. Eso sí, Macron ha cedido en lo que negó al resto de franceses: una moratoria hasta el 31 de diciembre en la obligación de vacunarse para los trabajadores sanitarios y los bomberos.
Guadalupe, Martinica y Saint-Martin sufren desde hace décadas una situación social explosiva. Al desempleo endémico, que afecta a un 60% de los menores de 25 años y a un 35% de la población activa general, se unen lacras como la tasa de enfermos de cáncer provocada por los pesticidas, los cortes constantes en la distribución de agua potable y unos precios por encima de los de la Francia continental en muchos productos de primera necesidad.
s Esos territorios disfrutan de los mismos beneficios sociales que sus compatriotas en la metrópoli, pero el envío masivo de subvenciones no puede ocultar lo que parte de la población local denuncia como un desprecio de París hacia las Antillas y la Guyana francesa. La chispa del COVID ha propiciado el incendio social, si bien es cierto que la huelga general no es seguida por los trabajadores del sector privado y solo un 13% de los profesionales de la Sanidad ha rechazado las medidas contra el COVID, como la vacunación o el pase sanitario.
Suicidio demográfico
Ello indica que el descontento viene de lejos. Fuera de la agricultura y de la industria agroalimentaria, el empleo depende en su mayor parte de la administración local y del turismo. Muchos jóvenes saben que su única salida para evitar el paro o la delincuencia es la emigración. Pero el destino elegido no es tanto París como otros países americanos, Canadá y Estados Unidos a la cabeza. Para algunos analistas locales, las islas hacen frente a un suicidio demográfico.
A tres semanas del referéndum pro o anti-independencia de Nueva Caledonia y a solo cinco meses de las presidenciales y legislativas en Francia, la oferta de autonomía del ministro de Macron ha agitado la escena política local y nacional.
Otro ministro del Gobierno, el de Interior, Gerald Darmanin, ha debido aclarar que autonomía no es sinónimo de independencia. Y desde el propio gabinete se habla de dejar en manos de las autoridades locales la gestión social y económica. Unas autoridades que son, sin embargo, criticadas por su poco empeño en exigir, por ejemplo, el reconocimiento de la lengua local, el creole (criollo), como cooficial con el francés, una de las peticiones históricas de los independentistas que el centralismo francés nunca ha aceptado en ningunos de sus territorios, tanto continentales como de ultramar.
Los partidarios de la independencia, minoritarios según demuestran todas las encuestas, ven la propuesta autonomista como la zanahoria que acompaña el palo policial. Para frenar los ardores independentistas, siempre se ha blandido el ejemplo negativo de Haití. En realidad la encuestas han demostrado siempre que hay menos partidarios de la independencia en las islas que entre el resto de los franceses, muchos de los cuales ven en los Dom-Tom una fuente de problemas incesantes.
La Unión Europea, señalada
Uno de los más conocidos militantes por la independencia, Élie Domota, que protagonizó ya una revuelta social en 2009, asegura que la pertenencia de Francia a la Unión Europea es uno de los problemas para el desarrollo económico de una Guadalupe soberana. Con el estatuto de región ultraperiférica de la UE, las Antillas francesas sufren la competencia de productos de países de América Latina o África con los que la organización europea mantiene acuerdos de libre comercio.
La banana cultivada en Guadalupe y Martinica se vende subvencionada en la UE, al no poder aplicar barreras aduaneras ni una fiscalidad particular, denuncian los independentistas. Así, señalan, el banano proveniente de países africanos es más barato que el antillano en los mercados de París.
La creación de nuevos empleos subvencionados para la juventud de Guadalupe y Martinica —unos mil, según París — es la respuesta habitual y fácil de los Gobiernos de la metrópoli. Un pequeño parche para cerrar una crisis que volverá a abrirse en cualquier momento.
*Luis Rivas, periodista independiente.
Artículo publicado en Sputnik.
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