La situación en el norte de África es cada vez más problemática para los intereses empresariales españoles. Los encontronazos con Marruecos, que dieron lugar a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y Melilla en verano, y a una creciente tensión diplomática, se unen ahora a los efectos potenciales de una importante victoria del Frente Polisario en las instituciones judiciales europeas y a la decisión del gobierno argelino de dejar de enviar gas a la península ibérica atravesando el reino alauí.
El primer movimiento de este drama lo hizo el presidente norteamericano, Donald Trump, reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental a cambio del reconocimiento diplomático del Estado de Israel por parte del Reino de Marruecos. Con este movimiento, Trump pretendía ampliar su estrategia para Oriente Medio, basada en la construcción de una alianza entre los israelíes y las principales monarquías del Golfo y otros países islámicos, que ahondase en el aislamiento político y económico de la República de Irán. Trump, pretendiendo contener a Irán, inicia un movimiento político que, quizás involuntariamente, va a desestabilizar, tiempo después, la frontera sur de Europa con el Magreb e incluso la propia seguridad energética de la economía española.
Envalentonado por el reconocimiento norteamericano, el Reino de Marruecos presiona en los foros internacionales para que España y otros países de la Unión Europea desconozcan las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental y reconozcan la soberanía marroquí sobre el territorio, mientras, abandonado a su suerte y cada vez más aislado, el Frente Polisario reinicia sus actividades militares contra el ejército ocupante.
En medio de esta situación de creciente tensión, España da el visto bueno para que, a instancias de Argelia, Brahim Gali, dirigente del Frente Polisario, sea ingresado en un hospital de Logroño para ser tratado de Covid 19. La rocambolesca entrada de Gali (que pese a ser ciudadano español a todos los efectos legales entra en el país sin enseñar su pasaporte y es ingresado en el hospital con un nombre falso) es rápidamente contestada por Marruecos. La policía de fronteras marroquí empuja a miles de migrantes a cruzar hacia Ceuta y Melilla durante varios días, creando una espectacular crisis que pone en cuestión la seguridad fronteriza de la Unión Europea y motiva la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambas riberas del Estrecho.
Mientras tanto, en Marruecos, los medios nacionalistas y la prensa vinculada con la Casa Real inician una feroz cascada de ataques contra la política exterior española, reivindicando la devolución al reino alauí de las posesiones españolas en el norte de África y poniendo en cuestión la soberanía sobre las islas Canarias. Es de resaltar que, a finales de 2020, Marruecos había extendido, mediante dos leyes, los límites de las que considera sus aguas territoriales en una zona colindante con el archipiélago canario en la que hay prometedores indicios de la existencia de yacimientos de telurio y cobalto, minerales imprescindibles para el desarrollo de la industria del coche eléctrico y los paneles solares.
La rápida intervención de la Comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, recordando a Marruecos que “las fronteras españolas son fronteras europeas”, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que muestra su solidaridad con España y recuerda que está trabajando sobre un nuevo Pacto comunitario sobre inmigración, parece aplacar los ánimos y frenar la estrategia de tensión de Mohamed VI. Sobre todo porque, al mismo tiempo que inicia su enfrentamiento con España, Marruecos entra en conflicto con Alemania y Francia por motivos relacionados con las presiones desatadas por el reino alauí para impulsar el reconocimiento internacional de su soberanía sobre el Sáhara y por el escándalo desatado por la posible utilización del sistema informático israelí Pegasus por los servicios secretos marroquíes para espiar las comunicaciones de conocidos políticos, periodistas y empresarios franceses, entre ellos el propio presidente Emmanuel Macron.
El listado de posibles objetivos de escucha del servicio secreto marroquí, gracias a Pegasus, incluye un móvil del rey Mohamed VI, varios del Palacio Real y más de 6.000 números de Argelia. Entre los objetivos argelinos aparece buena parte de la cúpula política y militar, dirigentes de los servicios secretos, diplomáticos extranjeros, y periodistas, como el director del medio digital TSA, Lounes Guemache.
El gobierno argelino acusa abiertamente a los servicios secretos marroquíes de estar financiando a grupos subversivos islamistas, a los independentistas de la Cabilia, y al Hirak (el movimiento de protesta contra el régimen) en Argelia. El miércoles 22 de septiembre el gobierno argelino anuncia el cierre del espacio aéreo para todos los aviones civiles y militares de Marruecos. El Alto Consejo de Seguridad argelino alega “continuas provocaciones y prácticas hostiles del lado marroquí”.
La tensión escala y, de nuevo, impacta directamente sobre los intereses españoles. El cierre de las fronteras entre los dos países norteafricanos lleva a la suspensión del suministro de gas argelino a España a través del Gasoducto Magreb-Europa (GME), que atraviesa 540 kilómetros de territorio marroquí.
Tengamos en cuenta que el 45 % del gas que consume España procede de Argelia. El 41 % de ese gas llega por los distintos tramos de gasoducto y el 4 % por barco. El 31 de octubre caduca la licencia de explotación del GME y Argelia afirma a estar dispuesta a no renovar el contrato, cerrando esta vía de aprovisionamiento de energía para la industria y el mercado españoles.
Además, esto sucede en una situación extremadamente desfavorable para la economía española. Los precios del gas han subido aceleradamente, ante la fuerte alza de la demanda desatada en el inicio de la recuperación post-pandemia. Rusia controla el grifo de gran parte del gas que llega a Europa, y está encontrando mejores clientes en el mercado asiático, lo que al tiempo le sirve para hacer notar a los gobiernos europeos las dificultades que les derivan del seguidismo acrítico de las políticas antirusas del gobierno norteamericano. Pero los precios de la energía crecen también por algunas razones de difícil solución a medio plazo: el inicio del proceso de transición ecológica, que pretende descarbonizar la economía europea, unido a la creciente especulación en mercados de la energía regulados a la manera más favorable para los grandes oligopolios y los fondos internacionales, empuja al alza al precio de los derechos de emisión de CO2 y alienta los reclamos de parte del empresariado de la energía, que pretende detener las políticas climáticas y “explorar la vuelta temporal” al carbón y la expansión de lo nuclear.
Hay otro gasoducto entre España y Argelia. Conocido como Medgaz, conecta directamente Beni Saf con Almería, pero su capacidad no es suficiente para sustituir al GME, que transporta el 25 % del suministro de gas que llega anualmente a territorio español. La posibilidad de realizar el transporte por barco no es realista: no hay capacidad logística suficiente para hacerlo y, además, el producto resultaría mucho más caro. El gobierno se enfrenta a una situación de urgencia, reuniéndose con los argelinos y dictando una orden ministerial para incrementar las reservas estratégicas de gas. Enagás, por su parte, amplía la capacidad de descarga en sus instalaciones para admitir todo el gas que sea posible, venga de donde venga.
Al tiempo, el Frente Polisario obtiene una resonante victoria jurídica ante el Tribunal General de la Unión Europea, que dictamina que los acuerdos de pesca y de comercio de la Unión con Marruecos son nulos en lo que afecta a los productos y a los caladeros de pesca situados en territorio saharaui. La ONU no reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara y, por tanto, el reino alauí no puede llegar a acuerdos que se refieran a los recursos naturales y los productos producidos en dicho territorio. Las dos sentencias no son directamente ejecutivas, a la espera de los recursos que sin duda se interpondrán ante el TJUE, pero reconocen abiertamente el derecho del Frente Polisario de ser el único interlocutor oficial del pueblo saharaui, contrariando las tesis marroquíes.
Estas sentencias afectan de manera contradictoria a España: pese a que la mayor parte de los barcos europeos autorizados a faenar en aguas saharauis son españoles, la mayor parte de las capturas en dichas aguas las realizan barcos de otras nacionalidades de la Unión, dado que los navíos españoles no suelen hacer efectivo esa autorización al estar limitada a especies concretas. Por otra parte, la posible limitación de entrada de los productos agrarios con origen en el Sáhara en España provoca una discreta esperanza en el campo andaluz, sometido a una brutal competencia internacional.
La tensión entre Argelia y Marruecos parece escalar por momentos. Se habla de recurrentes movimientos de tropas en la frontera. La dirigencia marroquí, al tiempo, parece cada vez más decidida a impulsar una política exterior agresiva, destinada a obtener el reconocimiento internacional de su soberanía sobre el Sáhara y a ir creando las bases de futuras reivindicaciones territoriales frente a España. Se impone asumir tres grandes enseñanzas de esta pugna en el Magreb, que puede poner en peligro la sostenibilidad energética del modelo económico español y empujar a la desestabilización de toda el área del Mediterráneo Occidental:
La primera: el colapso de la hegemonía unipolar de Estados Unidos, y la consiguiente apuesta de su clase dirigente por una agresiva política nacionalista que ya no considere a los europeos como “aliados preferentes”, puede llevar a tensiones y conflictos inesperados, incluso en las propias fronteras (o en el interior) de Europa. Estados Unidos ya no valora con preferencia el efecto que sus políticas pueden tener sobre los intereses geopolíticos, comerciales o económicos europeos. Las polémicas sobre el Aukus, el gasoducto Nord Stream 2, o la creciente inestabilidad del Magreb tienen un mismo origen: la clase dirigente norteamericana apuesta por el “America First” y ya no valora como antes la llamada “relación transatlántica”.
La segunda: las economías desarrolladas no pueden sobrevivir sin grandes flujos migratorios, como demuestra la situación actual en el Reino Unido. Pero controlar (que no evitar) esos flujos, dada la brutal desigualdad del sistema económico global, es imposible sin la participación de los países fronterizos. Y los países fronterizos ya han aprendido que los flujos migratorios les dan un enorme poder que puede usarse como un arma de presión o de guerra. Revertir la brutal desigualdad entre el Norte y el Sur, acabando con la miseria en todo el planeta, ya no es sólo un sueño utópico o bienintencionado, sino también una necesidad perentoria de seguridad y de defensa de la paz, incluso para los países del Norte.
La tercera: el proceso de transición ecológica es un proceso problemático e incierto en las presentes condiciones sociales y geopolíticas. La descarbonización va a desatar más conflictos y contradicciones de las que probablemente esperan los analistas de la Comisión Europea. Limitar el calentamiento global y reconvertir la economía a lo verde, sin poner en crisis el capitalismo es una estrategia de muy compleja implementación, rodeada de peligros, en la que muchas cosas pueden salir trágicamente mal. Si no se apuesta por un modelo social completamente distinto a nivel global, la descarbonización de los oligopolios amenazará con descarrilar una y otra vez, y quizás llegue a hacerlo.
El mundo está mutando a toda velocidad y el norte de África no es una excepción. Aquí al lado, al otro lado del Estrecho, las tensiones se disparan. Las viejas seguridades de la política exterior española empiezan a resquebrajarse.
*José Carretero Miramar es abogado y profesor de la escuela pública y secretario general del sindicato Solidaridad Obrera.
Artículo publicado en Diario 16 y fue editado por el equipo de PIA Global
