De mano del yaqui Jesús Patricio Varela Martínez, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió una propuesta de reforma constitucional para dotar a los pueblos indígenas de autonomía y control jurídico y político de sus territorios.
Varela, un maestro que tiene el encargo de secretario del pueblo de Torim, fue el orador designado por los yaquis en la presentación del Plan de Justicia para sus pueblos. Pero en su mensaje se refirió a los otros 67 pueblos indígenas y a las personas afromexicanas:
“Este momento tan feliz e importante no puede ser sólo para yaquis, queremos agradecer y festejar esta nueva era de reconciliación y paz con todos los hermanos indígenas y afromexicanos de México. Por esta razón están aquí frente a usted representantes de todos nuestros pueblos y de manera conjunta le entregamos la propuesta de reforma constitucional apoyada por más de 650 mil firmas de mujeres y hombres indígenas y afromexicanos de esta gran nación que hemos construido colectiva a lo largo de dos años, y en este momento le pedimos que la haga suya y a nuestro nombre la presente al Congreso de la Unión”, dijo.
La propuesta parte de los principios de autonomía planteados en la ley de cultura y derechos indígenas que elaboró en 2001 la Comisión de Concordia y Pacificación para Chiapas (conocida como Ley Cocopa), pero incorpora elementos de la declaración de la ONU sobre derechos de pueblos indígenas y del convenio 169 de la OIT.
El documento fue elaborada durante dos años por abogados indígenas a los que se sumó el año pasado un Comité Técnico de Expertos. Las propuestas surgieron, inicialmente, de 54 foros realizados entre junio y julio de 2019 en 27 estados del país. Esos foros incluyeron uno específico para el pueblo afromexicano y otro con migrantes de la ciudad de Los Ángeles, California. En agosto de ese mismo año hubo un foro nacional y se nombraron las comisiones de seguimiento que durante 2021 discutieron en asambleas las propuestas que finalmente llegaron al Comité Técnico.
Uno de los puntos más importantes de la propuesta es el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica, lo que implica la capacidad jurídica plena para ejercer sus derechos y funciones de autoridad, lo cual queda establecido en el Artículo 2 constitucional.
Además, en el artículo 115 reconoce la constitución de municipios indígenas. Y tiene un apartado completo, el apartado C, para ampliar y reconocer plenamente los derechos de los pueblos afromexicanos.
La iniciativa incluye una serie de adiciones específicas para reconocer la autoadscripción, el carácter pluriétnico de la nación mexicana, los derechos de los pueblos a su medicina tradicional, su educación y la propiedad y posesión de sus tierras, territorios y bienes naturales.
“La iniciativa busca homologar la Constitución con la legislación internacional en materia de pueblos”, explicó a Pie de Página Josefina Bravo Rangel, quien participó como invitada en algunas de las sesiones.
En el Comité Técnico está formado por Natividad Gutiérrez Chong, Elena Ruíz Salinas, Irma Pineda, Héctor Díaz Polanco, Alejandra Ancheita, Jorge Arturo Cerdio, Gustavo Torres Cisneros, Gaspar Rivera-Salgado, Sergio Puig, James Anaya, Cielo Reyes Cuéllar, Ángeles Arcos, Arnulfo Embriz, Pablo Yanes, Carmen Herrera y Carlos Huberto Reyes Díaz.
*Daniela Pastrana es periodista y fundadora del sitio Pie de Página, donde se publicó originalmente este artículo.
