Una sentencia del Tribunal Supremo de ayer -que confirma un fallo anterior de un juez de derecha- asestó un golpe a los derechos de los inmigrantes al obligar al gobierno de Biden a readoptar una política migratoria racista de la era Trump. Conocida como la política de «Permanecer en México», esta medida prohíbe a las personas que llegan a la frontera sur entrar en Estados Unidos mientras se procesan sus casos.
Esta política está diseñada para infligir daño a los inmigrantes y refugiados. Muchas de las personas que llegan a la frontera de Estados Unidos huyen de la violencia extrema en sus países de origen, y cuando los refugiados llegan a la frontera de Estados Unidos se encuentran con aún más violencia. Gran parte del norte de México está dominado por bandas criminales vinculadas al tráfico de drogas, una situación alimentada por las políticas económicas neoliberales promovidas por Estados Unidos y la enorme demanda del mercado estadounidense. La guerra del narcotráfico en México se ha cobrado más de 300.000 muertos desde 2006, lo que la convierte en uno de los conflictos en curso más mortíferos del mundo.
Si las personas mueren en la ruta hacia la frontera de Estados Unidos o mientras esperan que se procese su solicitud de asilo, el gobierno estadounidense espera que esto disuada a otros de intentar hacer ese difícil viaje. La muerte y la traumatización de los refugiados se producen por diseño bajo esta grotesca política.
Además de ser inmoral, la política de «Permanecer en México» también es ilegal según el derecho internacional. Según el Protocolo de Cartagena de 1969, los refugiados son «personas que han huido de su país porque su vida, su seguridad o su libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.» Según esta definición, las personas que huyen del Triángulo Norte de Centroamérica -compuesto por los países de El Salvador, Honduras y Guatemala- son ciertamente refugiados y se les conceden todos los derechos que les corresponden en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. La Convención de 1951 es clara en su prohibición de castigar a los refugiados por entrar en un país bajo cualquier circunstancia.
Un elemento notable en la reciente decisión del Tribunal Supremo es la injerencia del poder judicial en los asuntos exteriores. Al confirmar la orden de un tribunal inferior de instaurar la política de «Regreso a México», el Tribunal Supremo adopta la posición de que el gobierno de Biden estaría violando la ley si no renegocia su política fronteriza con el gobierno mexicano. Es excepcionalmente raro que los jueces dicten sentencias con consecuencias tan graves para las relaciones entre países vecinos. Este episodio es un ejemplo más de la extrema derecha en la que se ha convertido el Tribunal Supremo.
Actualmente, la administración Biden está implementando una política aún más restrictiva que la de «Permanecer en México», denominada Título 42. El Título 42 también fue implementado por la administración de Trump, aparentemente como una medida temporal de salud pública, y prohíbe efectivamente la entrada al país de cualquier persona que se encuentre a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Pero el actual fallo judicial parece ser un intento de bloquear una brutal política fronteriza antiinmigrante incluso después de que la pandemia haya terminado.
Huyendo de las consecuencias del imperialismo estadounidense
El Triángulo Norte de Centroamérica representa el mayor aumento de inmigrantes en Estados Unidos en los últimos años. En la década de 1980, el gobierno estadounidense se coordinó con los escuadrones de la muerte y los dictadores de derecha para luchar contra los movimientos socialistas en toda la región. Honduras se dio a conocer como un semillero de tráfico de drogas utilizado para financiar a los terroristas contrarrevolucionarios de la Contra en Nicaragua, y tan recientemente como en 2009 sufrió un golpe militar respaldado por Estados Unidos.
La brutal intervención estadounidense en la región ha creado un profundo colapso social. El Salvador es el país con la mayor tasa de asesinatos del mundo, Honduras es el quinto más alto y Guatemala es el número 18. Siete años de sequía han hecho que los agricultores abandonen sus tierras y huyan a las ciudades o a otros países. Los gobiernos centroamericanos, además de Nicaragua, han hecho poco para ofrecer apoyo a los agricultores desarraigados. El cambio climático, la profunda pobreza, el tráfico de drogas y la violencia están empujando a la gente a abandonar sus hogares y buscar refugio en Estados Unidos.
Más de 700.000 personas abandonaron el Triángulo Norte en 2019. Esta ola de inmigración se debe a las acciones del imperialismo estadounidense y, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos recibe ahora instrucciones de jueces no elegidos para infligir aún más daño.
Este artículo fue publicado por Liberation News.
