Las movilizaciones empezaron la semana pasada con el descontento social provocado por el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma. Los incidentes estallaron el viernes en el país zulú, de donde es originario Zuma y donde fue encarcelado luego de ser sentenciado a 15 meses por desacato al tribunal. Desde entonces, los disturbios se han extendido a las áreas más pobres de Johannesburgo, donde el destino de Zuma es en gran parte irrelevante.
Fuegos provocados, saqueos a tiendas y pancartas con insignias como «Zuma 100 %» son algunas de las escenas que se han visto por las calles de Sudáfrica estos días. La ola de violencia comenzó la semana a raíz del encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisión por desacato, ya que se negó a presentarse ante los tribunales a declarar en una investigación por corrupción.
Las manifestaciones, que iniciaron en KwaZulu-Natal, provincia natal del político y donde goza de mayor respaldo, ya se han cobrado la vida de varias personas y han provocado el arresto de cerca de 219 relacionadas con las protestas, según indica la última cifra de la Policía sudafricana. El número de muertos por la violencia y el saqueo que ha asolado Sudáfrica durante varios días ha aumentado a 32, con el anuncio de 22 muertes más el martes por la mañana por parte del primer ministro de la provincia de Kwazulu-Natal (KZN, Este).
«Las circunstancias de estas muertes están bajo investigación. La extensión del daño a la propiedad y los saqueos a negocios se determinará más adelante», indicó la Policía a través de un comunicado. Las autoridades han advertido de que la violencia se está intensificando y que, de momento, no se espera que la situación mejore; por ello han desplegado al Ejército en las dos provincias más afectadas.
En un comunicado, las fuerzas armadas del Ejército aseguraron que «los procesos de pre-despliegue ya han comenzado», tras una solicitud de asistencia de un organismo de inteligencia del Gobierno. En sitios como la carretera de Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal, se podía ver humo saliendo de edificios en llamas mientras los objetos de las tiendas robadas yacían esparcidos por el suelo.
Ahora, para combatir esta situación, desde la Presidencia y otros organismos públicos se está pidiendo la colaboración de los ciudadanos compartiendo con la policía vídeos de las personas que lleven a cabo saqueos y demás delitos.
La situación se ha visto empeorada luego de que este fin de semana los disturbios se extendieran de KwaZulu-Natal a la provincia de Gauteng, que incluye Johannesburgo, la mayor ciudad de Sudáfrica. De hecho, en esta provincia algunos centros de vacunación de Covid-19 se han visto forzados a cerrar debido a problemas de seguridad.
Se respira tensión en la esfera política del país africano. Y es que los disturbios se agravaron cuando Zuma impugnó su condena de 15 meses de prisión ante el máximo tribunal del país y los expertos señalan que cualquier enfrentamiento con los soldados alimentaría las afirmaciones de Zuma y sus partidarios de que son víctimas de una represión motivada políticamente por su sucesor, el presidente Cyril Ramaphosa.
La crisis social del país también está afectando a su economía. Con el anuncio del despliegue de tropas a los sitios de conflicto, el rand -la moneda nacional- cayó hasta un 2 % por debajo del dólar estadounidense. Algo que los analistas indican también está relacionado con la pandemia de Covid-19.
En declaraciones al canal de televisión ‘Enca’, la portavoz de la Policía, Mathapelo Peters, aseguró que aunque las protestas hubiesen comenzado con motivos políticos se habían tornado en una oleada de mera «criminalidad».
Las advertencias del presidente Cyril Ramaphosa
El domingo, el presidente Cyril Ramaphosa se mostró en contra de la violencia en las manifestaciones y advirtió que «no tolerará actos de criminalidad». El presidente ha pedido a los sudafricanos que consideren las consecuencias de sus acciones. «El camino de la violencia, el saqueo y la anarquía solo conduce a más violencia y devastación. Además de sufrimiento, conduce a más pobreza, más desempleo y más pérdida de vidas inocentes. Esto no es lo que somos como sudafricanos, esto es nosotros no.» dijo el presidente Ramaphosa.
«La propiedad ha sido destruida. Automóviles han sido apedreados. Se ha intimidado y amenazado a personas, y algunas incluso han resultado heridas. Estos actos ponen en peligro vidas y dañan nuestros esfuerzos por reconstruir la economía», puntualizó en una rueda de prensa mientras prometía que todos los implicados serían perseguidos y procesados por sus actos.
El mandatario también enfatizó que «es motivo de preocupación para todos los sudafricanos que algunos de estos actos de violencia se basen en la movilización étnica», haciendo referencia al pueblo zulú, el mayor grupo étnico del país y del que procede Jacob Zuma. Se espera que este lunes 12 de julio el presidente Ramaphosa vuelva a pronunciarse sobre el brote de violencia en el país. Además, también recalcó que cualquier persona que utilice las redes sociales para fomentar disturbios puede ser detenida y procesada.
Los problemas parecen no llegar solos a Sudáfrica. Estos incidentes se producen a la vez que el país atraviesa una tercera ola de Covid-19, que es el más golpeado por la pandemia de toda África, con cerca de 2,2 millones de contagios y 64.000 muertes desde la aparición del virus.
El encarcelamiento de Zuma es un hecho muy importante y simbólico para la nación porque, además de ser el primer presidente sudafricano que ingresa a prisión, es una de las principales figuras del movimiento de liberación convertido en partido gobernante, el Congreso Nacional Africano (CNA). En la década de los noventa, Zuma fue encarcelado por defender los derechos de los negros frente a la minoría blanca para que fueran considerados ciudadanos de pleno derecho.
No obstante, su implicación en diversos casos de corrupción ha manchado su reputación y ha hecho que muchos pierdan la confianza en él. Entre los escándalos de corrupción figura la malversación de fondos del Estado durante su mandato (2009-2018) y una concesión irregular de armas por valor de 2.000 dólares en 1999.
Artículo editado por el equipo de PIA Global
