La salida de Ricardo Salles del Ministerio de Medio Ambiente la semana pasada era una bandera de quienes defienden la selva en pie y a las comunidades indígenas de Brasil. La gestión del ahora ex ministro, considerada por especialistas como la más desastrosa de la historia, estuvo plagada de polémicas en donde el objetivo de Salles parecía ser la destrucción antes que la preservación.
La salida de Salles llegó en un momento incómodo para el gobierno de Jair Bolsonaro, que viene reduciendo su popularidad según las últimas encuestas. Tras haber resistido en su cargo en momentos de mucho desgaste, como fueron los incendios forestales que ganaron atención mundial o incluso tras la participación de Brasil en la Cúpula del Clima, Salles presentó la renuncia luego de varias semanas de ser investigado por la Corte Suprema por tráfico internacional de madera ilegal.
Lejos de parecer una situación llamativa y hasta contradictoria, lo de Salles puede calificarse de proyecto de destrucción en beneficio de pecuaristas, madereros y mineros. Los números lo demuestran: el año 2020 fue el de mayor deforestación en la selva amazónica en diez años, con más de ocho mil kilómetros de selva autóctona destruida desde enero a diciembre del año pasado. Los niveles históricos de destrucción llegaron a generar la intervención de la justicia, quien determinó que los órganos ambientales tomen acciones inmediatas para reducir la deforestación.
En agosto de 2020, en pleno auge de los incendios forestales y con las críticas de la comunidad internacional, Salles anunció la suspensión de todas las operaciones de combate a la deforestación ilegal y a los incendios en Pantanal, en el estado de Mato Grosso, y en la selva amazónica. El motivo argumentado fue el bloqueo de más de 60 millones de reales por parte del gobierno en los presupuestos del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) y en el Instituto Chico Mendes de Biodiversidad (ICMBio).
Capacidad operativa limitada
Sin embargo, estas dos entidades, responsables por la fiscalización ambiental a nivel nacional, también han sido blanco de Salles cuando estaba al frente del ministerio. Tanto la reducción de presupuesto para IBAMA e ICMBIO como la sustitución de personas competentes e instruidas por militares para la realización de trabajos técnicos contribuyeron para el desmonte de estos órganos.
Según explicó la ex directora de IBAMA en entrevista a esta reportera “en el ICMbio la situación es peor porque prácticamente toda la coordinación está conformada por policías militares, con una lógica más jerárquica y menos técnica, con lo cual, si el Ministro manda a hacer algo, ellos van a obedecer”. Con la salida de Salles, la situación no promete mejorar.
Araújo apunta la reducción en el número de fiscales habilitados para tareas específicas en ambas agencias como otro de los motivos del funcionamiento deficitario. Con menos de 700 fiscales actuando en IBAMA e ICMBio, la capacidad operativa se vio limitada a la mitad en los últimos dos años.
Pero la influencia de Ricardo Salles al frente de Medio Ambiente puede advertirse en otros aspectos. Como primera medida cuando asumió como ministro, Salles redujo la composición del Consejo Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), principal órgano colegiado del Ministerio de Medio Ambiente y responsable por establecer criterios para normas y licencias ambientales. De 96 consejeros, entre los que actuaban 22 miembros de la sociedad civil y representantes de ONGs, CONAMA pasó a tener 23 miembros titulares, de los cuales solo cuatro son representantes de la sociedad civil.
Con el CONAMA bajo control de Salles, se aprobó en septiembre de 2020 la incineración de residuos agrotóxicos bajo la excusa de que de esa manera se lograría disminuir la cantidad de residuos sólidos. En el mismo mes, el gobierno federal anuló una resolución de CONAMA que protegía los manglares y áreas de vegetación atlántica del litoral brasileño, medida cancelada por la Corte Suprema meses más tarde.
Una de las medidas más polémicas de Salles al frente del Ministerio de Medio Ambiente fue la decisión de modificar las reglas del Fondo para Amazonas, una iniciativa que capta donaciones de otros países para garantizar la preservación y fiscalización del bioma. Tras haber denunciado que existían irregularidades sin presentar pruebas, el gobierno de Noruega decidió suspender el envío de 133 millones de dólares, al tiempo que Alemania hizo lo propio con 155 millones. La idea de Salles era utilizar dicho dinero para indemnizar a los propietarios de las tierras, motivo por el cual el Fondo se encuentra momentáneamente paralizado.
Así como intentó beneficiar terratenientes, Salles hizo lo propio con garimpeiros, es decir, empresarios mineros. En septiembre de 2020, el entonces ministro llegó a enviar un vuelo de la Fuerza Aérea para trasladar garimpeiros a Brasilia para una reunión con Salles. Anteriormente, el ministro estuvo reunido con estos empresarios y llegó a defender la extracción en territorios indígenas.
Las multas ambientales también fueron blanco de ataque de Ricardo Salles en su gestión. En 2019 el gobierno federal aplicó menos de tres mil multas por primera vez en 20 años. En el mes de octubre de ese año y por decisión del gobierno federal, todas las multas fueron suspendidas. La medida generó la reacción de más de 600 servidores de IBAMA para exigir el control de la deforestación en Amazonas.
La continuidad de la política de Salles
Con la renuncia de Salles la situación está lejos de mejorar. Quien fue designado en el cargo es Joaquin Álvaro Pereira Leite, que hasta entonces actuaba como Secretario de Amazonas y Servicios Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente. Anteriormente, entre 1996 y 2019, fue consejero de la Sociedade Rural Brasileira (SRB), una de las más antiguas e influyentes entidades ruralistas del país.
En su historial Pereira Leite también ostenta un conflicto judicial por la posesión de las tierras Jaraguá, ubicadas en los municipios de San Pablo y Osasco y que pertenecen al pueblo Guaraní Mbya y Ñandeva, donde vive una comunidad integrada por 534 indígenas.
Según los documentos de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), capataces al servicio de la familia Pereira Leite llegaron a destruir la casa de una familia indígena al intentar expulsarla del territorio reclamado.
En el informe sobre la identificación de la tierra indígena publicado por la Funai en 2013, el antropólogo Spensy Pimentel detalló que la familia Pereira Leite exigió varias veces que se detuviera la demarcación del territorio.
Según el informe, en 1986, Joaquim Álvaro Pereira Leite Neto (padre del nuevo ministro) «exigió a la Funai que retirara los hitos físicos del proceso de demarcación del área indígena Jaraguá, alegando que era el propietario del área, acusando agresivamente a la Funai de practicar un delito».
El informe continúa: «Tal agresividad, sin embargo, fue más allá de las misivas y esos ciudadanos comenzaron entonces a amenazar a los indios, intimidándolos con capataces e incluso destruyendo una de sus casas». Según el documento, cuando Funai no detuvo la demarcación, la familia comenzó a amenazar directamente a los indios.
Sin bien la salida de Ricardo Salles al frente del Ministerio de Medio Ambiente representa una derrota para el gobierno brasileño,por haber sido Salles uno de los referentes del ala ideológica que habían logrado mantenerse en el cargo, lo cierto es que la política ambiental brasileña continuará igual o peor en la medida en que Jair Bolsonaro continúe siendo presidente.
