Puntualizó, sin nombrarlo, pero dejando claro de quién se trataba, el caso del fiscal Carlos Stornelli que tiene procesamiento confirmado por un juez y la Cámara Federal por mandar a espiar al exmarido de su actual pareja y por hacerle una cámara oculta a un abogado defensor. Nada menos. Y aun así sigue siendo fiscal, sin que el Poder Judicial o la Procuración o el Congreso intervengan.
Describió cómo se armaron arrepentidos pagados por el gobierno macrista y se espió a personas detenidas en cárceles federales y provinciales, para extorsionarlas. Tal vez olvidó mencionar que buena parte se hizo con escuchas monitoreadas por la propia Corte Suprema.
El mandatario se detuvo también, sin nombrarlo, en el presidente de la Casación, Gustavo Hornos, que visitaba en su despacho al presidente Macri antes de dictar fallos significativos. Todo hecho de manera oculta y como parte de la misma partitura.
El fenómeno descripto por el presidente se multiplica a nivel continental, a veces en forma más grosera y otras de manera más sutil. En Brasil, por ejemplo, sacaron a Luis Ignacio Lula Da Silva de la carrera electoral por un departamento en el que nunca pasó una noche, jamás estuvo a su nombre y la empresa constructora lo presentó como garantía de un crédito, o sea que el departamento era de la constructora. En Ecuador impidieron que Rafael Correa fuera candidato y lo mismo hicieron en Bolivia, ya en el marco de un gobierno dictatorial, pero con bendición judicial. Lo ocurrido en la Argentina tiene su propia impronta, pero es parte del mismo fenómeno.
El fiscal Stornelli contestó a través de los medios afines: “perseverar en cumplir con el deber y guardar silencio son la mejor forma de responder a la calumnia”. En síntesis, no tuvo respuesta al hecho de que siga en el cargo pese al procesamiento confirmado por dos delitos gravísimos.
Alberto Fernández ironizó sobre la doctrina con la que otro magistrado aliado del macrismo, el camarista Martín Irurzun, impulsó la prisión de opositores: “los exintegrantes de los gobiernos tienen poder residual”, dictaminaba Irurzun para mandar a detener a exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas. Alberto Fernández utilizó el ejemplo de Stornelli para demostrar la doble vara: “el fiscal -no lo mencionó por su nombre- “no tiene poder residual sino poder vigente”. Pero por supuesto no se la aplicó la famosa doctrina.
Como parte de la misma utilización de la justicia para perseguir opositores, Alberto Fernández mencionó, también sin nombrar a nadie, las dos causas en las que se hizo público el espionaje, la compra de arrepentidos y hasta la extorsión. Son los expedientes que instruyó en Dolores el juez Alejo Ramos Padilla y el que investigaron el juez Juan Pablo Auge y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide en Lomas de Zamora.
“Observamos cómo sale a la luz un perverso sistema en el que se entremezclan jueces, fiscales, pretensos espías y reconocidos periodistas para hacer un seguimiento ilegal de personas detenidas y para montar extorsiones judiciales. Todas estas dudas se mezclan con otras en las que se confunden arrepentidos bien pagos con fiscales y jueces que los avalaron. Todo se sabe y todo sigue transcurriendo como si nada pasara”, denunció el mandatario.
La referencia es, por ejemplo, a todo el aparato que rodeó al falso abogado Marcelo D’Alessio, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el fiscal Stornelli, el fallecido juez Claudio Bonadio, entre muchísimos otros. Y, en paralelo, la estructura que emergió en la causa de Lomas, con la AFI espiando al Instituto Patria, a dirigentes políticos y hasta a la hermana de Macri, Florencia; el Servicio Penitenciario escuchando a los detenidos mientras hablaban con sus parejas, sus abogados y sus socios para luego extorsionarlos o quebrarlos.
Como es obvio, los integrantes del equipo de Comodoro Py le dijeron a los medios adictos, en off the record, que el presidente lanza acusaciones para defender a su vicepresidenta.
La realidad es que Cristina Kirchner no tiene riesgo judicial alguno en el próximo año.
* En la causa por la obra pública en Santa Cruz, la acusación naufraga estrepitosamente y ni siquiera se la nombra en el juicio.
* El expediente por el Memorándum de Entendimiento con Irán lleva seis años sin que avance un paso.
* En dólar futuro pasa lo mismo: todavía no está claro si el juicio se hará o no, tras una pericia que destrozó las imputaciones.
* Los casos Hotesur y Los Sauces llevan siete años de instrucción, con episodios insólitos como los allanamientos encabezados por los policías-espías Leandro Araque y Jorge Saez, y recién ahora se está haciendo una pericia. Nada ocurrirá este año y dependerá de lo que ocurra en el juicio de la obra pública de Santa Cruz que tal vez termine en 2022.
* Ni hablar del caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que quisieron adjudicarle al gobierno de CFK. En seis años no pudieron conseguir ni una sola prueba de que alguien haya asesinado a Nisman.
Justamente lo que ocurre es que la utilización de la justicia para perseguir opositores no depende de los hechos ni de las causas en sí mismas. Como en Brasil o Ecuador o Bolivia el objetivo es político, no importan las pruebas. Y eso es lo que denunció el presidente, reclamando que el Congreso realice un control del Poder Judicial, que se pueda nombrar un nuevo procurador y se ponga en marcha el sistema acusatorio, que arranquen los juicios por jurados y se introduzcan cambios de fondo en el funcionamiento de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.
La batalla no será sencilla, pero las maniobras político-judiciales-mediáticas se van desnudando, país por país.
* periodista, escritor y presentador argentino. Actualmente escribe en Página/12, forma parte de Telenueve en El Nueve y conduce Rayos X en Radio 10.
Fuente: Diario Página 12. Argentina
