El asesinato de 156 periodistas del 2000 a la fecha, de los cuales 11 han sido este año, son una “referencia alarmante” para la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, pues “impacta a la democracia al sepultar la libertad de expresión, pluralidad informativa, acceso a la información, transparencia y gobernanza”, afirmó su presidenta Nashieli Ramírez Hernández.
En la firma de la Carta de Colaboración entre la FMOPDH y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional destacó que el 54 por ciento de los organismos de derechos humanos del país observan un incremento en las agresiones a los periodistas.
La agresión más común, detalló, han sido las amenazas, a lo que se suma el robo de equipo de cómputo, allanamiento de oficinas y domicilio (como las recientemente sucedidas en el estado de Puebla).
Veracruz, Oaxaca, el estado de México, Guerrero, Sonora y Michoacán, alertó, son las entidades federativas que “lideran los ataques fatales hacia periodistas”, siendo la ciudad de México la principal receptora del desplazamiento forzado interno al que se les orilla.
Ante el director de la Misión en México de la USAID (por sus siglas en inglés), Bruce Abrams e integrantes de la Federación, destacó que el 94 por ciento de los organismos atienden dichas amenazas a través de la apertura de expedientes de queja.
Otras son la emisión de medidas cautelares y establecer contacto con instituciones estatales, mecanismos locales de protección o el federal, pues “se ven obligadas a documentar las agresiones que reciben, intimidadas, hostigadas y vigiladas, incluso por vía digital”, dijo.
La insistencia por ello a todas las instituciones del Estado que cumplan con las obligaciones que tienen en la materia, como la prevención, la erradicación de los discursos de odio, el abatimiento de la impunidad en los crímenes, y el acceso a la justicia.
En la última década, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tramitado 556 quejas relacionadas con periodistas y ha emitido 132 medidas cautelares al respecto, pero “la crisis que se vive actualmente no se va a frenar sin una acción integral”, afirmó.
De acuerdo con un Diagnóstico de la ONU, señaló, el Mecanismo de Protección Federal se volverá ineficaz e insostenible, porque “manteniendo la actual tendencia creciente, para 2024 serían aproximadamente tres mil 400 los beneficiarios acogidos al mismo, que presupuestariamente será imposible de cubrir.
Tan sólo en la presente administración se han erogado mil 200 millones de pesos, encontrándose incorporadas al Mecanismo Federal mil 566 personas, de las cuales 521 son periodistas y mil 45 personas defensoras de derechos humanos.
Este acuerdo de colaboración busca fortalecer las estrategias con las que ya cuentan los Organismos Públicos de Protección de Derechos Humanos en materia de protección a personas periodistas; y el intercambio de buenas prácticas en materia de prevención.
Además de buscar el fortalecimiento del mecanismo federal, que permita la promoción de trabajo con la sociedad civil para documentar la impunidad; y el fortalecer el marco regulatorio sobre el desplazamiento forzado.
Mencionó que, a la luz de la construcción de una nueva Ley General de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a discutirse en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, pretenden contribuir en el análisis de riesgo, de contexto, con perspectiva de género y con la mirada de la interseccionalidad.
FUENTE: La Jornada.
