Las reservas de agua dulce en Paso Severino están a días de agotarse y los números, aunque puedan ser engorrosos, cada vez cobran mayor relevancia. La capacidad normal de la represa que brinda agua a Montevideo y la zona metropolitana es de 67.000.000 de metros cúbicos. En el primer día de julio contaba con apenas 1.255.326 metros cúbicos, es decir, 1,87% de los volúmenes habituales. Otro dato fundamental para comprender la situación futura es la cantidad de agua suministrada por OSE que se consume por día en esta área que aloja al 60% de la población del país. La cifra ha oscilado entre 500.000 y 600.000 metros cúbicos. A cada hora que pasa, el agua dulce desciende y la emergencia se agrava.
Cortes programados debido a “una serie de maniobras”, aumento en los valores máximos permitidos de sodio, cloruros y trihalometanos, han llevado a que la crisis sea definida por algunos actores como ambiental, hídrica y sanitaria. Está en juego nada más y nada menos que un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución: el acceso al agua potable, definido como “un recurso esencial para la vida”.
A pesar de las advertencias de la academia y la sociedad civil, recién hace apenas 15 días el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció la declaración del estado de “emergencia hídrica”. En una conferencia de prensa manifestó que la medida, entre otros puntos, habilita al gobierno para que las obras previstas tengan “procesos jurídicos más rápidos y más sencillos”. Entre estas obras se encuentra la que tiene lugar en el río San José.
Edgardo Ortuño, representante de la oposición en el directorio de OSE, contó a la diaria que allí comenzó la construcción de una tubería de trasvase, que tiene tres componentes. “Un dique en Campanario, que permite contener el agua dulce que trae el río San José y subir su nivel a modo de embalse para su mejor captación y a la vez impedir la subida de agua salada del Río de la Plata; la captación y bombeo en Paso Valdez, a la altura de la ruta 45; y su trasvase mediante dos tramos de tubería, el mayor de 13,5 kilómetros, que descarga el agua en Belastiquí, en el embalse generado por el dique provisorio construido y anunciado como pequeña represa por el gobierno, ya operativa, a la que le resta culminar el sistema de pasaje de agua con válvulas y compuertas”, indicó. Ortuño planteó que, si bien las tuberías permanecerán, los “diques” son “de tierra, sin material que los haga duraderos”, y “tendrán que destruirse una vez pasada la sequía”. La obra total costará aproximadamente “40 millones de dólares”, la mitad de lo que habría costado hacer la represa de Casupá.
En tiempos de crisis el análisis socioambiental suele quedar en segundo plano frente a la necesidad de respuestas inmediatas, más aún cuando no se cuenta con estrategias planificadas en forma previa para hacer frente a la situación. Por ejemplo, las tuberías de trasvase serán colocadas dentro del Área Protegida Humedales del Santa Lucía, que ingresó al Sistema Nacional de Áreas Protegidas en 2015 y aún no cuenta con un plan de manejo aprobado. Frente a esto, se podría plantear preguntas cómo: ¿qué participación está teniendo el Ministerio de Ambiente (MA) en las autorizaciones para construir los diques y la tubería?; ¿se prevé mitigar de alguna forma los daños ocasionados por las obras? la diaria intentó comunicarse con jerarcas de la cartera ambiental y de OSE, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, otros actores sociales alertan sobre el “nivel de improvisación”.
Una ausencia anunciada
“Las obras son decisiones de urgencia, con un nivel de improvisación que asusta si consideramos la importancia del agua. La cuenca del río Santa Lucía es estratégica y falta planificación a largo plazo. Para otras cuestiones, como pueden ser el agro o la energía, se tiene una planificación más detallada; sin embargo, se ha dejado al agua como algo que parece no haber importado tanto”, señaló a la diaria Luis Aubriot, limnólogo e integrante del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. También agregó que desde el gobierno se optó por aferrarse a un panorama “más optimista”, que es lo “opuesto a una gestión basada en la precaución y seguridad sanitaria”.
En la misma línea se expresó Marcel Achkar, geógrafo y también investigador del IECA. “La manifestación de la sequía se debe a la vulnerabilidad de la cuenca, que está dada por la mala distribución de los usos del suelo. Y la mala distribución de los usos del suelo es función del modelo de desarrollo. No hay muchos integrantes del sector político en general que estén dispuestos a cuestionar el modelo de desarrollo. Para que el Santa Lucía vuelva a producir agua, hay que reducir sus niveles de vulnerabilidad”, argumentó. Achkar también resaltó el nivel de “improvisación” en el manejo de la crisis. Un detalle no menor es que ambos científicos formaron parte del equipo que elaboró un manifiesto -difundido en noviembre del año pasado- en el que alertaban que “el abastecimiento de agua potable en el sur del país, en particular en el área metropolitana, experimenta una creciente vulnerabilidad, poniendo en serio riesgo la soberanía nacional en el uso y acceso a agua potable”. En el documento pusieron sobre la mesa algunas medidas necesarias para mejorar la situación de la cuenca, pero no fueron escuchadas.
Con respecto a las obras que llevará adelante OSE, Achkar destacó la necesidad de que las autoridades comuniquen el volumen de agua disponible en el río San José, de donde trasvasarán agua. “En la zona, el río tiene un área de monte nativo y bañados alrededor en buen estado. El ingreso de las máquinas para construir los va a afectar, se puede generar un área de degradación en una zona que está bien. De todas formas, si fuera una solución para la población del área metropolitana, el costo es menor. Mi gran duda es si vale la pena. La cuenca del río San José es parte de la del río Santa Lucía. Es decir, tampoco recibió lluvias. Es esencial saber cuánta cantidad de agua va a juntar esta obra. Imagino que es muy poca”, estimó. Asimismo, recordó que “el escenario más probable es que las lluvias lleguen en primavera tardía, por lo que todavía faltan cuatro meses”, y expresó “que tendría que haber un grupo trabajando en soluciones viables”.
Por otra parte, Achkar también describió que donde están previstas las obras “el área inundable del río es bastante ancha”. “Hoy eso no es un problema, pero cuando comience a llover tienen que desmontar los diques, porque si no lo hacen puede traer problemas. No es tan claro que a los diques se los lleve el río. Por ejemplo, un escenario es que llueva mucho de golpe. En este caso, seguramente, va a venir una cantidad impresionante de agua por el río San José, que primero va a ser retenida. Puede pasar que se lleve puesto el dique o que no e inunde la zona. Estamos en junio, se supone que las obras terminan en julio, las lluvias llegan en setiembre. En otro escenario, si comienza a llover de a poco, la tierra se va a ir consolidando y va a ser más difícil que se lo lleve de forma rápida”, explicó.
Asimismo, Marcelo Loureiro, biólogo e investigador del Laboratorio de Zoología de Vertebrados de la Facultad de Ciencias, dijo a la diaria que la tubería de trasvase no representaría un problema con respecto al intercambio de especies, ya que “las características de los ambientes y del agua son muy parecidas”. Sin embargo, sí planteó reparos con las presas. “Fragmentan el ambiente, que es uno de los efectos más negativos que tiene el ser humano sobre el ecosistema. Dejan algunos organismos de un lado y otro del ecosistema. La pregunta es si el embalse va a ser permanente o se va a quitar cuando termine la crisis. De ser permanente, no es bueno para las poblaciones biológicas porque se aíslan, pierden variabilidad genética, son más propensas a las extinciones. Tanto al Santa Lucía Grande como al San José entran especies desde el Río de la Plata, como el sábalo”, contó. El científico reconoció que se trata de “un tema muy complejo, con muchos actores afectados y beneficiados”, pero considera que cuanto antes se pueda quitar las presas, va a ser mejor para las comunidades ecosistémicas.
¿Y la participación?
El 21 de junio se realizó una sesión de la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía en simultáneo con el Consejo Regional de Recursos Hídricos para el Río de la Plata y su Frente Marítimo. Son espacios participativos, cuya creación se establece en el artículo 47 de la Constitución, con el objetivo de gestionar de forma sostenible los recursos hídricos. Este tipo de ámbitos reúne a gobernantes, académicos y organizaciones sociales. Por esta razón, durante la instancia la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) presentó diez medidas para afrontar la crisis.
Entre estas medidas se encuentran “asignar en forma urgente recursos e ingreso de personal a OSE”; “disponer de tanques cisterna con agua potable segura en todos los barrios y localidades del área metropolitana”; “suspender el cobro de la tarifa de OSE hasta que no se distribuya agua potable segura”; “decretar que las empresas embotelladoras renuncien al lucro mientras dure la emergencia y distribuyan el agua al costo embotellado”; “suspender el uso de agua dulce a empresas con fines productivos no alimentarios y a las que no brinden servicio de primera necesidad para la población hasta que se normalice la situación y garantizar el seguro de paro especial para los trabajadores afectados por la medida”; “suspender la licitación del Proyecto Neptuno”; y “declarar en sesión permanente el Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río de la Plata y su Frente Marítimo para planificar, gestionar y controlar que se cumpla con el derecho humano al agua potable para toda la población”.
El jueves pasado se volvió a convocar una reunión con las autoridades y la CNDAV junto con la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y Solís Chico, la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, Redes-Amigos de la Tierra y la Federación de Funcionarios de OSE emitieron un comunicado después del encuentro. Allí expresaron que el Poder Ejecutivo “no tiene propuestas ni ideas, no asume la gravedad de la situación sanitaria del país y vacía los espacios participativos dando la espalda a las organizaciones sociales”. Entienden que el equipo de gobierno “no se hace cargo” y las medidas son “totalmente insuficientes”. Asimismo, informaron que una vez más los representantes de OSE y el Ministerio de Salud Pública (MSP) no estuvieron presentes. La empresa estatal, de acuerdo a la misiva, solicitó “responder las preguntas por escrito” y el MSP “renunció a su responsabilidad como máxima autoridad sanitaria del país: simplemente no estuvieron”.
“Del asombro pasamos a la indignación cuando se consideraron apenas dos de la decena de propuestas de las organizaciones sociales. Ante la primera de ellas, que reafirma el cumplimiento de lo establecido por el artículo 47 de la Constitución y prioriza el agua potable para consumo humano, los ministerios de Ambiente, Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Turismo y Deporte votaron negativamente, junto con la Federación Rural, sin argumentar el porqué, mientras que las intendencias de Montevideo, San José y Canelones se abstuvieron en esa votación”, contaron las organizaciones sociales. Situación similar se vivió al tratar la propuesta de suspender el Proyecto Neptuno hasta que se cuente con “un análisis profundo en el ámbito de los consejos regionales y comisiones de cuenca” con “participación social real y donde se consideren las propuestas de la Universidad de la República, sindicatos y organizaciones sociales”. Según se plasma en el comunicado, el MA y el MGAP votaron negativamente junto con la Federación Rural, mientras que las intendencias de Montevideo, San José y Canelones y el Ministerio de Turismo se abstuvieron.
Camila Méndez* Periodista especialista en temas ambientales
Este articulo fue publicado originalmente en La Diaria de Uruguay
Foto de portada: Obras en el río San José en la ruta 45, el 30 de junio/ Alessandro Maradei
