AVANCES. En los años 90 cuando la oleada neoliberal asolaba la región con nuevas fórmulas de dominación económica, después del paso de dictaduras, era frecuente ver en los diarios Clarín y La Nación avisos a página entera donde se promocionaba la inversión en el cultivo de eucaliptos en Uruguay. En el aviso se hablaba de la inversión de capital y de los rindes por hectáreas en diez años. El anunciante era el consorcio Montes del Plata, formado por las empresas productoras de pasta de celulosa sueco-finesa Stora Enso y la chilena Arauca, esta última con presencia hegemónica en Argentina, en la provincia de Misiones. En esos primeros años las transnacionales aún no ocupaban una posición hegemónica, en términos de superficies plantadas, pero se crean dos filiales que asumirán un papel preponderante: EUFORES S.A. y Forestal Oriental. La primera es un filial del grupo español Ence; la segunda es un consorcio entre dos socios mayoritarios, la holandesa Shell y la finlandesa UPM-Kymmene. Ambas comienzan a plantar eucaliptos en el oeste del país. En un momento, Shell comenzó a desprenderse de sus plantaciones a favor de Ence. Con la llegada al centro del país de la sueco-finlandesa Stora Enso en 1996 y de la estadounidense Weyerhaeuser en el Norte, en 1997, se afianza el tiempo de las transnacionales en Uruguay, las que dominan netamente a partir de entonces la compra de tierras para silvicultura.
NÚMEROS. Está presencia de los grandes grupos de la industria forestal, tiene una razón de ser, y es el incentivo al desarrollo de la forestación llevada adelante por una nueva ley de forestación promulgada durante el gobierno del liberal Julio María Sanguinetti, que extendió las áreas de cultivo por fuera de las establecidas en la legislación anterior, que databa de 1960 y que solo adjudicaba 70.000 hectáreas para cultivos forestales, una cifra ampliamente superada por el 1.048228 hectáreas forestadas actualmente, de las cuales un 30 % están ocupadas por pinos y el 70 % por eucaliptos. Ante la sequía prolongada que ya dura tres años, desde distintos sectores que abarcan a grupos ecologistas, a la central de trabajadorxs PIT-CNT, al opositor Frente Amplio e incluso al partido de derecha Cabildo Abierto, que integra la coalición que actualmente gobierna al Uruguay, se le exige al gobierno el veto a algunos artículos de la mencionada ley, ya que, desde esos lugares de debate, se ve a la expansión de la industrial como uno de los factores que más influyen en la sequía. Sí tenemos en cuenta que, el consumo diario de un eucalipto es de 20 litros de agua por día y que en una hectárea entran mil árboles, el consumo se eleva a 20.000 litros diarios, los cuales, multiplicados por los millones de hectáreas cultivas da una cifra que supera los 20 millones de m3 por día. Una de las razones que da el gobierno de Luis Lacalle y sus voceros, para no introducir reformas en la mencionada ley, es que las mismas podrían crear alarmas en los inversores por falta de seguridad jurídica. En una nota publicada por el portal del Grupo Guayubirá, hace 15 años atrás, donde otra sequía se hizo presente, alertaba que: Debería llamar la atención la coincidencia entre las zonas más forestadas y las más afectadas por la sequía. Por ejemplo, se informa que “en las zonas de influencia de Guichón, Quebracho y Porvenir de Paysandú aumentó la solicitud de agua para uso domiciliario y animal desde hace dos meses por la sequía. Los pozos no dan abasto por la baja de los afluentes”. Se trata de zonas con grandes extensiones forestadas. La ruta 90 que une a Paysandú con Guichón está bordeada por grandes plantaciones y entre las localidades más afectadas en esa ruta “se destaca Pandule, con unas 100 familias, además de otras 200 que residen en el área”. Ese mismo año dos integrantes de ese grupo, recorrieron las áreas más afectadas y recogieron testimonios de los impactos de la forestación en Paysandú, entre ellos los de un matrimonio (Ana María y Luis Alberto), habitantes de la zona. El primer comentario que hicieron fue que “la Cañada del Pajar está seca, porque mermaron las vertientes” e informaron que el Arroyo San Francisco, también se ha secado; “si llueve tiene agua durante un día o dos, pero enseguida se seca. También mencionaron que las lagunas de 3 o 4 metros de profundidad han corrido la misma suerte, señalando que “esto comenzó hace años con la forestación y no es cosa de ahora por la seca”. En ese contexto un pueblo llamado Las Flores, hoy es un lugar desolado y los pocos habitantes que quedan, lo han rebautizado Pueblo Seco. Estos datos y testimonios que resultaban casi ajenos a los habitantes capitalinos de Montevideo, quince años después los despertó con un cachetazo inesperado, al comenzar a padecer ellos mismos la falta de agua producto de la sequía, en una ciudad en la que vive casi el 50 % de la población del país y la cual solo tiene reservas para el consumo humano, para tan solo dos semanas.
PRIVATIZACIÓN. La provisión de agua potable para Montevideo y zonas aledañas, proviene del río Santa Lucia, que además de la bajante por la sequía padece en su recorrido de 248 kilómetros el desvío de su cauce por más de más de 200 diques de contención y tajamares, que emplean sus aguas en riego para la agroindustria, la forestación y la ganadería extensiva. Lo cierto es que los niveles de potabilidad del agua han bajado y la hacen intomable para los montevideanos, debido a la saturación de sal y cloro, que supera las normativas para el consumo humano. Además de esto, la empresa Obras Sanitarias del Estado (OSE) quien administra la distribución del agua, anunció cortes para los próximos días para restringir el suministro. La salida a esta crisis por parte del gobierno de Luis Lacalle, apunta a la privatización del servicio público, como solución a un problema que comenzó cuando se intensificaron los monocultivos, ya sean forestales o los de soja. Para esto, en noviembre aprobó el llamado Proyecto Neptuno, con el cual se propone aumentar las reservas con la extracción de agua del Río de la Plata, lo cual aumentaría la salinidad del agua que se consume actualmente. En la propuesta, se estable que las obras para una planta potabilizadora estarían en manos privadas a uno costo de U$S 200, lo cual es cuestionado por la oposición que denuncia que la misma obra llevada adelante por la empresa OSE tendría un coste menor.
La planta se ubicaría en la zona de Arazatí del departamento de San José, y se utilizaría para procesar agua y trasladarla por bombeo, mediante un caño de 73 kilómetros, hasta la red de abastecimiento de la zona metropolitana. El proyecto fue presentado por el consorcio privado Agua de Montevideo, conformado por las empresas constructoras Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, y requerirá una inversión de más 200 millones de dólares. Si bien fue aprobado por el directorio de OSE el 16 de noviembre de 2022, cuenta con el rechazo del sindicato de OSE, del Frente Amplio, de varias organizaciones sociales y de referentes de la esfera académica, quienes lo plantean como un intento de privatizar el agua, una vulneración a los derechos de los trabajadores, y un mal negocio para el país. Así se lee en el portal montevideano de noticias Caras y Caretas, en una nota firmada por la periodista Meri Parrado.
Desde la organización sindical Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) que nuclea a los trabajadores de la empresa, no solo denunciaron el fin privatizador, sino también la persecución gremial a delegados de la organización, pero también denuncian que faltan funcionarios, ya que en los últimos años se han retirado del organismo más de 900 y no hubieron nuevos ingresos. En la denuncia también se apunta que la falta de personal implica que se trabaje sin descanso, que se acumulen más de 100 días de licencia o que se armen turnos de 24 horas porque no hay personal para cubrir las cuadrillas que realizan los arreglos de los usuarios. Ante la pretensión privatizadora diversas organizaciones gremiales, ecologistas y políticas, presentaron recursos administrativos ante el directorio de la empresa estatal y ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para solicitar la revocación del proyecto, también se sumaron la Intendencia de Montevideo el director del ente por el opositor Frente Amplio, Edgardo Ortuño, que en declaraciones a la prensa, señaló: “Buscamos, y lo logramos, que el recurso tenga efectos suspensivos. Por ahora, el acto administrativo está suspendido y la OSE debe fundamentar –y convencer— por qué cree que esto es un buen proyecto para la empresa pública, desde el punto de vista técnico y financiero”. Los proyectos privatizadores del liberal Lacalle suenan casi como un oxímoron, ya que al tratarse de sequía, mal se podría decir sobre llovido mojado, en un Uruguay, ya no tan natural.
Eduardo Silveyra* Escritor y periodista.
Este artículo fue publicado en revistazoom.com.ar
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