No es novedad que la gestión de la pandemia en el país gobernado por Jair Bolsonaro es, hoy por hoy, la mayor preocupación a gobiernos vecinos y del resto del planeta. Tanto la subestimación del virus, al cual llamó de gripezinha al inicio de la pandemia, como la gran cantidad de medidas adoptadas para entorpecer el combate en estados y municipios documentada por la Universidad de San Pablo, han dejado a Brasil como un paria internacional y como el laboratorio de nuevos virus.
Con más de 350 mil vidas perdidas y una cantidad de muertes diarias que todos los días bate records, la decisión de la Ministra de la Corte Suprema Carmen Lucia de incluir en la pauta del pleno del colegiado una denuncia contra el presidente por genocidio contra pueblos indígenas y quilombolas comienza a marcarle el camino a un Bolsonaro cada vez más acorralado.
Algunos días atrás, el Ministro Luis Roberto Barroso instó a que el Senado instale una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI por sus siglas en portugués) solicitada por la minoría en la Cámara para que se investiguen las acciones y omisiones del gobierno federal durante la crisis sanitaria. En lo que se considera una derrota del ejecutivo y representa un motivo de preocupación real del presidente, que ya viene desgastado y debilitado producto del aumento exponencial en el numero de muertes y de la aparición de nuevas variantes, la decisión de Carmen Lucia para que sean juzgados los vetos que perjudicaron a poblaciones vulnerables, viene a sumar otro dolor de cabeza para Bolsonaro.
La denuncia fue presentada en julio de 2020, luego de que el presidente vetara partes de una ley aprobada por el Congreso Nacional que obligaba al gobierno a garantizar acceso a agua potable, distribución de canastas de alimentos y de material de higiene personal para pueblos indígenas y quilombolas ante el avance de la pandemia. Si bien dicha ley fue sancionada, reconociendo a estas comunidades como grupos de riesgo, el argumento usado por el presidente para justificar su veto fue que el gobierno no disponía de presupuesto para posibilitar dicha distribución.
Bolsonaro también vetó de la legislación otro de los artículos que preevía la disposición de presupuesto especial para el pago de auxilio de emergencia a las comunidades y la instalación de internet en las aldeas. Según el ejecutivo, dichas medidas no evaluaron el impacto en el presupuesto anual del cual dispone el gobierno, motivo por el cual fueron vetadas por el presidente.
Le denuncia por genocidio de pueblos indígenas y quilombolas fue presentada entonces por el abogado André Magalhaes Barros luego de la decisión de Bolsonaro. Sin embargo, la Procuradoría General de la República (PGR), comandada por Augusto Aras (aliado de Bolsonaro y aspirante a ocupar el lugar que será liberado en el Supremo Tribunal Federal en julio de 2021 que deberá ser indicado por el propio presidente), solicitó en su momento que dicha denuncia sea archivada.
En su denuncia, el abogado sostiene que Bolsonaro era «plenamente consciente de que vetar el acceso universal al agua potable para los pueblos indígenas y las comunidades quilombolas en medio de la pandemia Covid-19 es un crimen de genocidio». Tras el pedido de que la denuncia sea archivada, Barros apeló la decisión y la Ministra Carmen Lucia, cuya opción era mantener lo solicitado por la PGR o someter el pedido al pleno de la Corte, optó por la segunda opción y la denuncia será evaluada por los once miembros del STF.
Antes de que dicha denuncia llegara a la Corte Suprema de Brasil, Bolsonaro ya había sido representado ante la Corte Penal Internacional por violaciones contra el medio ambiente y pueblos indígenas. A su vez, el propio Ministro de la Corte Gilmar Mendes llegó a referirse a la gestión de la pandemia como un «genocidio» perpetrado por el presidente y por el Ejército brasileño.
ENEMIGO DE LA CORTE
Desde que comenzó la pandemia, el Supremo Tribunal Federal (STF) ha sido la única institución del Estado que ha sabido establecer límites a la conducta y medidas del presidente Bolsonaro en relación a como combatir la crisis sanitaria. A principio de 2020, el STF autorizó a estados y municipios a adoptar las medidas necesarias independientemente de la posición del Gobierno Federal. Desde entonces, dicha decisión fue utilizada por el presidente como excusa para no hacerse responsable por el avance del virus en el territorio nacional.
A su vez, tal decisión llevó a Bolsonaro a confrontar directamente con la Corte y a pedir intervención militar, generando aglomeraciones y poniendo en riesgo a sus propios seguidores cuando el número de infecciones y muertes iba en aumento. Si bien en determinado momento las amenazas disminuyeron a partir de una supuesta tregua entre los tres poderes, fue con la decisión del Ministro Barroso de instalar la CPI de la COVID19 que la situación volvió a estar tensa.
Lejos de significar una intervención de un Poder sobre otro, en este caso de la Corte Suprema sobre el Senado, fue la defensa de la Constitución, razón de ser del STF, lo cual llevó a Barroso a ordenar la instalación de la CPI. En el artículo 58, inciso 3 la Carta Magna establece: «Las comisiones parlamentarias de investigación, que tendrán facultades investigadoras de las autoridades judiciales, además de otras previstas en el reglamento de las respectivas Cámaras, serán creadas por la Cámara de Diputados y el Senado Federal, conjunta o separadamente, a solicitud de un tercio de sus integrantes, para la determinación de un hecho determinado y por un plazo determinado».
Lejos de tratarse de una ofensiva contra la figura presidencial, las decisiones de la Corte buscan no sólo defender la Constitución sino equilibrar la balanza de poderes en un contexto donde las negociaciones políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo sólo han servido para blindar al presidente luego de decenas de crímenes de responsabilidad durante la crisis sanitaria.
Aún con todos los argumentos formales a disposición, Bolsonaro insiste en el relato que lo posiciona como perseguido e imposibilitado de tomar decisiones.
En lo que es considerado por especialistas como el momento más grave de la pandemia a nivel nacional, el desgaste político del presidente brasileño sumado a la crisis económica y social generada por la pandemia y profundizada por el propio gobierno, amenazan la continuidad de Bolsonaro al frente del Ejecutivo. En el mejor de los casos, tanto la denuncia por genocidio contra pueblos indígenas como la instalación de la CPI de la COVID19 dejarán a Bolsonaro aún más expuesto y debilitado de cara a la campaña electoral de 2022, amenazando todavía más las aspiraciones de reelección del presidente brasileño.
*Ana Laura Dagorret es periodista, corresponsal en Río de Janeiro e integrante del quipo de PIA Noticias.
