La medida, con una vigencia de otro año desde pasado mañana y la cual permite sancionar a funcionarios nicaragüenses como parte de la agresividad hacia la nación centroamericana, fue comunicada en una carta al Congreso de Estados Unidos y hecha pública por la Casa Blanca.
Trump justificó este paso con el supuesto desmantelamiento de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho por parte del Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, cuyo derrocamiento Washington promueve.
Además, el mandatario republicano se refirió al presunto uso de la violencia, que calificó de indiscriminada, y de tácticas represivas contra la población, y a la corrupción como elemento desestabilizador de la economía.
Washington sancionó el pasado 7 de noviembre a tres funcionarios de Nicaragua, a quienes responsabilizó de abusos de derechos humanos y actos corruptos.
Los perjudicados en esa ocasión por el Departamento del Tesoro fueron el subdirector de la Policía Nacional, Ramón Avellán; el presidente interino del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell; y el titular del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto López.
Debido al castigo, impuesto antes a otros funcionarios, incluida la vicepresidenta, Rosario Murillo, quedaron congelados los posibles activos de los sancionados bajo jurisdicción norteamericana, directa e indirectamente.
Asimismo, esas personas estarán impedidas de realizar negocios con ciudadanos y entidades de Estados Unidos.
Reiteradas veces, las autoridades de Managua han denunciado que Washington busca el fin del Gobierno de Ortega y destina recursos monetarios para promover y desarrollar manifestaciones violentas.
John Bolton, entonces asesor estadounidense de Seguridad Nacional, anunció el pasado 17 de abril sanciones contra el Banco Corporativo S.A. de Nicaragua.
También, el otrora consejero de Trump, quien repitió la hostilidad mostrada contra Nicaragua, Venezuela y Cuba, en noviembre de 2018 en Miami, Florida, dio a conocer en ese mismo escenario que Washington castigaría al asesor para las inversiones del Gobierno nicaragüense, Laureano Ortega.