El Banco de Infraestructuras de Canadá (CIB) es una iniciativa del Gobierno de Justin Trudeau creada para afianzar aún más las asociaciones público-privadas (P3) en la financiación de todos los proyectos de infraestructuras. Ideado en 2016 y fundado en 2017, el futuro del CIB ha parecido dudoso desde su creación. Lento en su puesta en marcha e incapaz de guiar los proyectos hasta su finalización, el banco contó con la ardiente oposición de la ex líder del Partido Conservador, Erin O’Toole, que se comprometió a cerrar sus puertas en 2021. En el otro lado de la casa, el Nuevo Partido Democrático (NDP) lo ha llamado «banco de la privatización» desde su fundación y ha advertido que conducirá a mayores costes públicos que se canalizarán hacia el beneficio privado. Ahora, un proyecto de ley del NDP patrocinado por Niki Ashton, el proyecto de ley C-245, pretende rehacer el CIB.
El proyecto de Ashton modificaría la finalidad del banco. La actual Ley del Banco de Infraestructuras de Canadá se dedica a utilizar las P3 como vehículo para canalizar fondos estatales a intereses privados. La ley establece que «el objetivo del Banco es invertir, y tratar de atraer inversiones de inversores del sector privado e inversores institucionales, en proyectos de infraestructuras en Canadá».
La ley enmendada cambiaría el enfoque del CIB para privilegiar la inversión pública. Dice así:
El objetivo del Banco es invertir en proyectos de infraestructura en Canadá o parcialmente en Canadá que sean de interés público, por ejemplo, apoyando las condiciones que fomentan la mitigación o adaptación al cambio climático, o contribuyendo a la sostenibilidad de la infraestructura en Canadá.
El proyecto de ley C-245 también obligaría al CIB a dar prioridad a las inversiones de «instituciones públicas, todos los niveles de gobierno y las comunidades indígenas y del Norte». Dirigiría al banco a centrarse en «proyectos de infraestructuras que propongan medidas destinadas a mitigar el cambio climático o adaptarse a él». El proyecto de ley se preocupa especialmente por el bienestar de las comunidades indígenas y del Norte.
No hay nada intrínsecamente malo en la creación de un banco de infraestructuras para invertir en proyectos de infraestructura. Como herramienta estatal para centrarse en la financiación de proyectos de infraestructuras clave, independientemente del riesgo, puede ser incluso esencial. De hecho, como indica el proyecto de ley de Ashton, es necesaria una entidad de este tipo para hacer frente a la necesidad que tiene el país de sustituir sus deterioradas infraestructuras, especialmente teniendo en cuenta la amenaza del cambio climático. Los liberales lo entienden, y en 2022 modificaron el mandato del CIB para permitirle «invertir en pequeños reactores modulares; producción de combustibles limpios; producción, transporte y distribución de hidrógeno; y captura, utilización y almacenamiento de carbono».
El presupuesto de este año también incluye 500 millones de dólares para la infraestructura de recarga de vehículos de cero emisiones (ZEV). Estas pequeñas medidas son encomiables, pero no son suficientes para hacer frente a la crisis del cambio climático. La mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo requieren grandes inversiones, inmediatamente.
El problema del banco de infraestructuras del gobierno liberal es que incorpora asociaciones público-privadas (P3) dentro del Estado que socavarán la responsabilidad, pagarán grandes sumas a la clase rentista y aumentarán los costes. Al establecer esta vía de dependencia -vinculando los esfuerzos de adaptación y mitigación del clima del país inextricablemente a las P3-, el gobierno ha comprometido al erario público a realizar el trabajo de obtener beneficios para el sector privado. El proyecto de ley de Ashton es un recordatorio de que el capital privado no debe dominar la inversión pública. El banco debe ser, sobre todo, para el público y por el público.
En un artículo publicado en The Conversation, los investigadores Thomas Marois, David McDonald y Susan Spronk calificaron de fracaso el modelo P3 del CIB y sostuvieron que éste aún podría «renovar sus votos y convertirse en una institución más pro-pública». El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) opina lo mismo, pero aboga por cambios más contundentes. Tras el presupuesto, el CUPE reiteró su llamamiento para que «el gobierno federal deseche el mandato de privatización del Banco de Infraestructuras de Canadá y, en su lugar, conceda préstamos directos a bajo interés para ayudar a las ciudades y pueblos con sus necesidades urgentes de infraestructuras».
El gobierno no está escuchando. En su lugar, está redoblando el mandato de privatización del CIB y acelerando el despliegue de las inversiones. De hecho, ahora están reutilizando el modelo para desproteger las inversiones del sector privado en alta tecnología. Una vez más, el gobierno está indicando que el mercado privado es incapaz de satisfacer las necesidades públicas sin concesiones estatales. Al mismo tiempo, está admitiendo -de forma inexacta- que el Estado no puede satisfacer esas necesidades sin comprar al sector privado.
En consecuencia, el país no financiará sus proyectos de infraestructuras críticas mediante préstamos a bajo interés del banco central. En su lugar, mantendrá al país como rehén en nombre de la clase rentista a unos costes mucho más elevados. Mientras que el gobierno federal podría optar por pedir préstamos a un tipo de interés ligeramente superior al 2 por ciento, la financiación privada exigirá un suelo del 7 al 9 por ciento. Todo esto se debe a que el Estado se niega a aportar en el presente, no es más que un escupitajo ideológico para evitar el gasto deficitario. Los liberales apuestan por que la venta de incendios del sector público capte dólares de inversión privada. Pero el efecto neto de esta decisión trasladará al futuro unos costes de uso mucho más elevados.
El pasado mes de abril, Joyce Nelson advirtió en estas páginas que la CIB es «un plan de subvenciones para las grandes empresas» y que debería mantenerse al margen de la programación de la recuperación de la pandemia. Tenía razón. Si la CIB insiste en las P3, también debería mantenerse al margen de los planes de adaptación y mitigación del clima.
Abrir la puerta a las P3 para que se conviertan en una parte fundamental del futuro del país condenará a Canadá a estar atascado con estos acuerdos parasitarios durante las próximas décadas. Hay voluntad política para invertir el rumbo e incluso un proyecto de ley parlamentario para empezar. La izquierda debería hacer de la transformación pública del CIB una prioridad. Hacer que el banco nacional de infraestructuras sea propiamente público sería una inversión en el país que produciría dividendos a largo plazo para todos nosotros, y además costaría menos.
*David Moscrop es escritor y comentarista político. Presenta el podcast Open to Debate y es autor de Too Dumb For Democracy? Why We Make Bad Political Decisions and How We Can Make Better Ones.
FUENTE: Jacobin
