Una y otra vez, la historia ha demostrado que las cuestiones de justicia e inclusión deben ocupar un lugar central en la transformación. Esto también se aplica a la acción climática y por su puesto la cuestión energética y el desarrollo económico no pierden importancia en las decisiones que los países toman en torno a cómo lograr transitar ese camino con éxito.
Si, cuando se intenta abordar la cuestión de la crisis climática, la transición verde no se gestiona de manera justa y equitativa, existen grandes probabilidades de que se desate una conmoción civil, dadas las consecuencias económicas que pueden acarrear algunas malas decisiones.
Esta es solo una de las muchas razones por las que es necesaria una transición justa, especialmente en África, donde la sociedad civil y los jóvenes activistas reclaman cada vez más justicia y una acción climática audaz.
Sudáfrica, por ejemplo, en su plan para transitar este camino está lista para invertir cerca de 8.5 mil millones de dólares (financiados por países occidentales) para la lograr una transición de la energía basada en carbón a las energías renovables. Muchos investigadores sostienen que el acuerdo climático de Transición ‘Justa’ de Sudáfrica con Occidente es una traición a la clase trabajadora, por los acuerdos que ella implica. El sindicato más grande del país, NUMSA, ha advertido que este plan solo intensificará la privatización mientras carga a los sudafricanos con deuda y pobreza.
Este plan que presentó el gobierno sudafricano es el producto de un proceso que comenzó hace un año en la COP26, en Glasgow, cuando EE.UU y las potencias europeas firmaron acuerdos energéticos con Sudáfrica.
¿Qué es la transición justa?
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) describe la transición justa como el proceso de «hacer que la economía sea lo más justa e inclusiva posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás», en este sentido cada decisión pesa, sobre todo si en ellas se pierden puestos laborales y no se garantiza la reinserción de los trabajadores en u circuito laboral sustentable.
Debido a su origen en las acciones de los movimientos sindicales estadounidenses para el cambio ambiental y social en la década de 1980, el concepto se ha ido vinculando cada vez más a la acción climática, especialmente desde que el preámbulo del Acuerdo de París reconoció su importancia.
Esto generó que los gobiernos fueran admitiendo la necesidad de lograr una transición justa. En la COP26, la Declaración sobre Transición Justa fue firmada por los países del Norte Global, quienes prometieron financiación para la acción climática y la descarbonización en los países en desarrollo, pero esta medida solo quedó en promesas ya que incluso finalizada la COP 27 de Egipto, los acuerdos firmados no se efectivizaron como se esperaba.
En África, diez países se refirieron directa e indirectamente a la transición justa en sus compromisos climáticos actualizados lo que demuestra una sólida voluntad política de incorporar la dimensión social a su acción climática. Un ejemplo es Nigeria, donde el gobierno expresó su compromiso de acompañar la “Contribución determinada a nivel Nacional” (NDC) con políticas de transición justa y entabló un diálogo social para maximizar el empleo y el crecimiento económico, protegiendo -al mismo tiempo- a las poblaciones que podrían sufrir efectos adversos.
En Sudáfrica, el objetivo propuesto es muy elevado, se trata de acelerar la descarbonización de la economía de Sudáfrica, con un enfoque en el sistema eléctrico, con el claro objetivo de reducir las emisiones nocivas como se establece en su NDC en virtud del Acuerdo de París.
Transición justa para África
Los gobiernos africanos se enfrentan entonces a la disyuntiva que se plantea ante las acciones para hacer frente al cambio climático, es por ello que ante esto se plantean retos particulares para la justicia social y para el futuro del empleo en este continente, que a decir verdad se encuentra en un frágil estado en muchos de los países del continente.
Aunque habrá oportunidades para generar nuevos empleos verdes, es probable que el desempleo se incremente entre las poblaciones que trabajan en las industrias o viven en regiones y comunidades donde la dependencia de los combustibles fósiles es alta y donde las oportunidades de diversificación económica son limitadas. Esto será fuente de tensiones en todo el continente.
Los altos niveles de empleo informal en África también exigen prestar una cuidadosa atención sobre los tipos de empleos denominados “verdes” que se generen en el camino que plantea la Transición justa. Para la OIT, los trabajos informales en África representan el 70 % del empleo en los sectores de la agricultura y las industrias extractivas, que son los que más contribuyen al producto bruto interno (PBI) de los países africanos, y 9 de cada 10 de estos trabajadores informales son mujeres y jóvenes. Estos grupos se ven aún más marginados por los bajos salarios y la falta de protección social, más allá también de tener en cuenta las regiones que encuentras sumergidos en procesos de violencia religiosa, ética o política.
Lo cierto es que ante esta situación es urgente definir una visión exclusivamente africana para una transición justa de la región, a fin de garantizar que el proceso de ecologización de las economías africanas no profundice las desigualdades existentes. La concepción de que los problemas africanos se solucionan con miradas, y puesta en marcha de acciones africanas. Con las decisiones y medidas adecuadas, los países africanos pueden administrar las ventajas y desventajas y alcanzar tanto sus objetivos sociales como de desarrollo. África cuenta con ricos recursos energéticos y minerales, como litio, grafito, cobalto, níquel, cobre y minerales de tierras raras, que ofrecen nuevas oportunidades de mercado para la transición verde.
Sin embargo, los sectores vinculados al trabajo, sindicatos y organizaciones de trabajadores han advertido que esta Transición justa tendrá un impacto desastroso en las comunidades de la clase trabajadora, especialmente en aquellas que dependen del sector del carbón para su sustento, mientras impulsa una privatización masiva del sector energético.
En Ghana, otro de los países que ya comenzó el camino de la Transición justa, el gobierno incorporó fuertes elementos sociales cuando reformó el régimen de subsidios a los combustibles fósiles para evitar reacciones sociales motorizadas por la preocupación del impacto distributivo. Se creó la Autoridad Nacional del Petróleo, un órgano de gobierno autónomo compuesto por funcionarios oficiales, representantes de los sindicatos y de las empresas petroleras, expertos y algunos agentes de ONG, y realizó una evaluación del impacto social y sobre la pobreza. La reforma se comunicó ampliamente a todas las partes interesadas, a la vez que se acompañó de medidas sociales financiadas con los ahorros obtenidos gracias a la modificación del régimen de subsidios. Entre ellas se encuentran la introducción de un programa de transferencias monetarias condicionadas que vincula la reducción de los subsidios a los combustibles con la eliminación de las tasas para la escolaridad primaria y secundaria, una mayor financiación del sistema sanitario y el aumento del salario mínimo.
Del mismo modo, en Sudáfrica, la acción climática se ha complementado con elementos sociales muy concretos. El programa nacional de energías renovables utilizó un proceso de licitación del sector privado para los contratos de energías renovables e incluyó criterios de empoderamiento de la comunidad para analizar y adjudicar los proyectos. Las ofertas también deben cumplir con ciertos requisitos legales, incluidas las leyes de potenciación económica de la población negra y las normas laborales. Al presentar el Plan de Inversiones el presidente Ramaphosa declaró que Sudáfrica necesitaría 98 mil millones de dólares durante los próximos cinco años para permitir una transición justa. El plan identificó tres sectores prioritarios para las inversiones: electricidad, hidrógeno verde y vehículos de nueva energía. Según un comunicado oficial, la financiación se orientará hacia el desmantelamiento de plantas de carbón, la financiación de empleos alternativos en áreas mineras de carbón, inversiones en energías renovables y nuevos sectores de la economía verde.
Ahora bien, siguiendo con el ejemplo sudafricano, la pregunta necesaria es, cómo se aborda la transición justa en Sudáfrica, un país donde más del 55 % de las personas ya viven en la pobreza y el 46 % está desempleado, entonces cualquier cambio que se produzca es sensible a una crisis social.
A medida que los países siguen actualizando y aplicando sus compromisos climáticos nacionales a corto y largo plazo, se presenta una oportunidad única para integrar los principios y procesos de la transición justa, sobre todo porque las NDC y las estrategias a largo plazo actuarán como mecanismos clave para garantizar el apoyo público a una acción climática ambiciosa y más fuerte en los próximos años.
Aunque la tarea gubernamental es clave para gestionar y responder a los aspectos sociales del cambio climático, la transición justa requerirá una amplia aceptación y compromiso en todos los niveles. Por lo tanto, adoptar un enfoque integral para toda la sociedad es otro paso fundamental para lograr un futuro equitativo e inclusivo con bajas emisiones de carbono.
Transición justa para la gente, no para los negocios
La discusión en la COP 27 fue por los “Daños y Perjuicios”, ya que ante la impotencia que sienten los países empobrecidos del Sur global ante el avance tecnológico que se sustenta con los recursos naturales africanos, pero enriquece a los países del norte global.
África ya está soportando la carga históricamente injusta de la crisis climática, los países industrializados del Norte parecen estar retrocediendo, reabriendo plantas de carbón para asegurar sus propios suministros de energía mientras promocionan la importancia de una transición climática justa en el futuro a nivel internacional. Pero ante esto y en el escenario que se plantea desde la guerra en Ucrania, que además aparejaron medidas extraordinarias a partir de las sanciones impuestas a la Federación Rusa y de las consecuencias que arrojaron las respuestas del Kremlin a estas sanciones es que los países africanos ven la contradicción en la que se encuentran algunas potencias europeas que incluso están volviendo al carbón como recurso energético. Entonces África no puede industrializar su economía basándose únicamente en energía renovable porque es una forma de energía intermitente, que empeoraría la frágil situación energética que hoy tiene el continente, que necesita un suministro de carga basada carbón o nuclear debido a su déficit energético. No se le puede pedir, incluso exigir a los africanos que cierren sus platas de carbón cuando del otro del Mediterráneo hay países que las están reabriendo, como por ejemplo Alemania.
A pesar del hecho de que toda África ha contribuido con una porción minúscula de las emisiones globales de carbono, se sigue responsabilizando y exigiendo al continente africano a qu tome las medidas (necesarias para otros) que aseguren el paso hacia la utilización de energía verdea. Se apresuran a implementar una transición que sabemos objetivamente que es muy disruptiva y dará como resultado más pobreza y desempleo. Los países ricos le piden a los pobres que asuman los costos que ellos mismos generan para así poder seguir sosteniendo un nivel de vida acorde a la sociedad que han construido en años de robo y expolio de los recursos africanos.
La importancia de una transición justa no se pierde en el Sur global, donde las comunidades en primera línea han estado luchando por sobrevivir durante décadas. La pregunta es ¿cómo es una transición verdaderamente justa? Y quienes serán los verdaderos beneficiarios de esta Transición justa. La moneda está en el aire, será cuestión de ver de qué lado cae y cómo reaccionan los gobiernos africanos.
*Beto Cremonte es docente, profesor de Comunicación Social y Periodismo, egresado de la UNLP, Licenciado en Comunicación Social, UNLP, estudiante avanzado en la Tecnicatura superior universitaria de Comunicación pública y política. FPyCS UNLP.
Foto de portada: manifestantes sostienen una pancarta que reza “No jobs on a dead plaet” (No hay trabajos en un planeta muerto)
