El juez Anthony Mrima emitió la orden a raíz de una petición presentada por el grupo de defensa de los derechos Kituo Cha Sheria, desafiando el anuncio del ministro del Interior, Fred Matiang’i, sobre la intención del gobierno de cerrar los dos campos de refugiados.
Los dos albergan a más de 400.000 personas, principalmente de Somalia, pero también de países como Sudán del Sur y Etiopía.
El juez ordenó la consolidación de la petición con otra presentada anteriormente por el ex aspirante presidencial Peter Gichira el 8 de abril, y en la que un tribunal suspendió el cierre de los campamentos.
Las dos órdenes, contra el cierre de los campamentos y la repatriación de los refugiados, permanecerán en vigor hasta el 7 de julio, cuando se mencionarán los casos para recibir instrucciones.
Dignidad humana
Kituo Cha Sheria dice que el cierre propuesto de los campamentos y la repatriación de refugiados a sus países de origen viola su derecho a la dignidad humana, la libertad y la seguridad de las personas, como se establece en los artículos 27, 28 y 29 de la Constitución de Kenia.
El grupo observa además que los refugiados huyeron de la persecución, graves violaciones de derechos humanos, conflictos y otros daños graves de países vecinos como Somalia, Etiopía, República Democrática del Congo, Burundi, Sudán del Sur, Sudán, Eritrea y Uganda.
Los refugiados y solicitantes de asilo han sido alojados principalmente en los campamentos de Dadaab y Kakuma, que se establecieron en 1991 y 1992, respectivamente.
Kituo Cha Sheria quiere que el tribunal declare que la decisión del gobierno equivale a un castigo colectivo y es ilegal, discriminatoria y, por lo tanto, inconstitucional.
El caso ha sido apoyado por la Sra. Debrah Thomas Kashindi, una refugiada de Kivu del Sur, Congo, quien dice en una declaración jurada que su país ha sido sofocado por un conflicto armado no internacional durante varios años.
Solicitó asilo en Kenia en febrero de 2014 después de huir del conflicto en su país y ha estado residiendo en Kakuma, donde depende de agencias humanitarias para su protección y asistencia, ya que no tiene ningún medio ni fuente de sustento. «Ha habido enfrentamientos en la zona oriental de la República Democrática del Congo entre fuerzas de grupos rebeldes y las de otros países africanos, incluidos Ruanda y Uganda», dice.
«Con el tiempo, el gobierno de la República Democrática del Congo ha perdido el control sobre la mayoría de las áreas del este de la República Democrática del Congo que están controladas por grupos rebeldes», agrega que la Secretaría de Asuntos de Refugiados no ha cancelado ni revocado su estatus de refugiado y tampoco ha tomado voluntariamente ninguna acción para poner fin a su estatus de refugiado.
Amenazas de terror
El 24 de marzo, el secretario de gabinete Matiang’i anunció el cierre de los campos de refugiados, dando a la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) dos semanas para presentar un plan para hacerlo.
Citando amenazas terroristas planeadas desde los dos campos, el ministro dijo que no había lugar para más negociaciones.
El gobierno anunció por primera vez su intención de cerrar el campamento de Dadaab, que está más cerca de la frontera con Somalia, en 2016 debido a preocupaciones de seguridad nacional. La medida fue informada por informes de inteligencia, que mostraron que dos ataques terroristas en 2013 y 2015 tuvieron lugar con la participación de elementos dentro de los campamentos.
Nota:
*Joseph Wangui, periodista especializado en temas judiciales.
Fuente: https://nation.africa/kenya
