Añadió que se opone a que el gobierno cubano califique como ilícita, a la marcha provocativa instruida desde Estados Unidos para el 15 de noviembre.
Parece que el señor Fernández no recuerda que Cuba ya no es colonia de España, es independiente de ellos y desde 1959 de los Estados Unidos, y por esa pérdida los yanquis intentan, a todo costo, volverla a tener bajo sus garras, e incluso España los apoyó cuando la estación de la CIA fue cerrada en 1961, ante la ruptura de relaciones diplomáticas.
Para refrescarle la memoria al secretario de Estado español, es bueno señalar que según declaraciones del agente Ilegal CIA, John Maples Spiritto, la CIA le pasó la atención de algunos agentes al oficial de los Servicios de Inteligencia de España, Jaime Capdevila García del Valle, acreditado en La Habana con fachada de diplomático, quien, a través de la valija diplomática de su embajada, trasladaba informaciones obtenidas de sus agentes, apoyado por su secretaria, la española Carmen Jiménez Gómez.
Otro importante olvido de Juan Fernández y del ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, es que España detuvo, enjuició y encarceló a los catalanes que solicitaban la independencia, considerándolos como delincuentes y no presos políticos, negándoles el derecho a manifestarse libremente en sus reclamos políticos.
Ambos funcionarios no tienen moral para exigirle a Cuba que no actué contra aquellos que, financiados y entrenados por Estados Unidos, intenten desestabilizar el orden constitucional, porque España condenó a los independentistas catalanes por los delitos de “desobediencia y sedición”, sancionándolos a penas entre 9 y 13 años, e incluso la petición del partido VOX fue de 74 años de prisión, solo por organizar en octubre del 2017, un referéndum de independencia al que se opone el gobierno español.
¿Ya no recuerdan estos funcionarios españoles, que miles de agentes de policía fueron enviados a Cataluña desde diferentes partes de España, para impedir las manifestaciones de apoyo al referéndum y fueron reprimidos salvajemente por la policía, dejando decenas de heridos y cientos de detenidos?
Las imágenes de esas represiones muestran las golpizas, los gases lacrimógenos y otros métodos que en Cuba no existen después de enero de 1959.
¿Y la represión que ejecutó la policía ante las protestas por el apresamiento del rapero catalán, por solo mencionar al Rey Emérito Juan Carlos I, no es una violación de la libertad de expresión y pensamiento?
Ahora el ministro y su viceministro quieren acusar a Cuba de no aceptar una marcha provocativa, que pretende el derrocamiento del sistema cubano, no considerándola como sediciosa e inconstitucional porque ambos son anti socialistas y pro yanquis, pero aplauden las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de España al condenar a nueve exdirigentes catalanes por “sedición” y no por rebelión, ni considerarlos presos políticos, sino “delincuentes comunes”.
Un ejemplo de cómo España trató ese tema es la condena recibida de 12 años de prisión, a Jordi Turull, ex consejero de la presidencia y portavoz del gobierno catalán, sólo por participar en distintas reuniones, donde se definió la estrategia a seguir con el referéndum para la independencia. El partido VOX también solicitó 74 años de cárcel.
La mala memoria de Juan Fernández y su ministro José Manuel Albares, es tal, que parecen no recordar la condena a 10 años y 6 meses de prisión, impuesta por el Tribunal Supremo a Josep Rull, ex consejero catalán de Territorio y Sostenibilidad, por el delito de “sedición”, bajo el argumento de que “era plenamente consciente de la inobservancia de la legalidad y a pesar de ello siguió adelante con el plan del referéndum”, además de poner las bases que propiciaron la movilización ciudadana, que según expuso el Tribunal, “con su actuación impidió el normal funcionamiento del Estado que actúa en defensa de la legalidad”. Por esa razón el partido VOX pidió 74 años de prisión por los delitos de “rebelión y organización criminal”.
¿Tampoco recuerdan los dos desmemoriados que el Tribunal Supremo envió a prisión por 9 años a Jordi Sánchez, por considerar que su actuación en el referéndum “fue absolutamente necesaria para la ejecución de los planes sediciosos” y “no se limitó al liderazgo” de las movilizaciones multitudinarias?
Ante aquellos sucesos, el gobierno español manejó la posibilidad de aplicar el Artículo 155 de la Constitución, para decretar el estado de alarma, el estado de excepción o el estado de sitio, e incluso aplicar la Ley de Seguridad Nacional, promulgada en 2015, que le permite al Gobierno decretar que el país se encuentra en una situación de interés para la seguridad nacional.
Seguramente los olvidadizos saldrán de conjunto con los yanquis a condenar a Cuba, cuando los tribunales apliquen el código penal a Yúnior García y sus secuaces, por los delitos de los que fueron alertados por la fiscalía, debido a sus planes de violar las leyes vigentes, pero en Cuba no se sanciona como en España, ni se reprime con la brutalidad que desplegaron sus policías contra los manifestantes en Cataluña.
Por estos días los senadores estadounidenses Chris Murphy y Bob Menéndez, criticaron la “inacción” del gobierno español ante la dictadura castro comunista impuesta en Cuba, acusándolos de estar “más preocupados por sus hoteles e inversiones en Cuba” que, por el cumplimiento de los derechos humanos en el país, crítica que quizás sea la causa de las declaraciones de los “desmemoriados” diplomáticos ibéricos.
Veremos los resultados, pero los cubanos saben lo que defienden, porque la soberanía e independencia han costado mucha sangre y quien intente apoderarse de Cuba, solo recogerá el polvo de la derrota.
Triste papel el de estos señores, pero como afirmó José Martí:
“Son flojas las batallas de la lengua”
Notas:
*Analista político cubano
Fuente: http://razonesdecuba.cu/
