La República Democrática del Congo (RDC) es sin dudas un lugar único, por su geografía y la riqueza subterránea. En el subsuelo de la RDC abundan toda clase de minerales. Los depósitos debajo de la superficie congoleña de cobre, oro, diamantes, cobalto, uranio, coltán y petróleo, (solo para mencionar algunos) son aún hoy de un valor y cantidad incalculables, además deberían hacer de este país uno de los más ricos del mundo, pero siempre queda abajo en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas. La fortuna de su subsuelo se traduce en la pobreza de quienes lo habitan. La respuesta a esta paradoja la podemos hallar en el saqueo permanente al que es sujeto la RDC, de forma particular, así como toda África en general.
La RDC no escapa al patrón básico de la colonización. Hay quien quiere un recurso que tiene el territorio, no importa si hay resistencias, muertes o gobiernos que se opongan. Se extrae el recurso, se hacen los negocios sin miramientos, se justifica esa incautación, incluso presentándose a sí mismos como altruistas o interesados por el bien común. Cuando la resistencia es insostenible (o demasiado costosa) y las miradas del mundo ya no se pueden disimular o se denuncia la explotación en curso, se abandona y se busca que otro recurso natural robar, entonces el ciclo comienza de nuevo con un nuevo.
Ahora bien, no solo los recursos subterráneos que posee la RDC, son saqueados. La riqueza y fertilidad de la tierra congoleña, es bañada por uno de los ríos de mayor importancia a nivel mundial, el rio Congo. Por lo que es una región con una gran actividad agrícola. El café, aceite de palma, caucho, algodón, azúcar, té y cacao son algunas de las principales cosechas. También las plantaciones de yuca, plátano malayo, maíz, maní y arroz, colocan a la RDC, como unos de los países con mayor producción de alimentos del continente africano.
De todos estos cultivos nos vamos a centrar, quizás en el más controversial. Por lo que encierra el trabajo en sus plantaciones, por las consecuencias en el suelo que deja luego de su cosecha, por lo poco abordado que está por organizaciones internacionales del cuidado del medio ambiente, la producción de la palma aceitera en la RDC será el centro de este análisis.
Las riquezas de la región fueron atrayendo a extranjeros desde el siglo XV. Los belgas colonizaron la zona entre 1885 y 1960, en este proceso redujeron la población congoleña a la mitad. La RDC conquistó su soberanía e independencia en 1960, pero hoy está entre los países más opacos y corruptos del mundo. La colonización económica es la herramienta actual de opresión europea sobre algunos países africanos. La RDC no escapa a esa regla.
Un negocio centenario
La palma aceitera en la RDC expone a la población a los riesgos que genera los residuos tóxicos, también a la extorsión de las empresas europeas dedicadas a su producción, que a cambio de recortes en sus deudas y bajos controles estatales, prometen “respetar los derechos humanos” de los trabajadores.
Lo cierto es que muy a pesar de ello el negocio del aceite de palma funciona casi tanto como la colonización misma. De hecho, como ya hemos mencionado, se ha ido transformando en una herramienta más para mantener a un pueblo bajo los regímenes de la colonia aún en pleno siglo XXI.
Y allí, en las selvas de África central, a orillas del rio más profundo del mundo, se encuentra una de las plantaciones de palma aceitera más extensas y más antiguas del continente. Desde que en 1911, el vizconde inglés William H. Lever adquirió 750.000 hectáreas en el Congo belga y en esas tierras fundó la Plantations et Huileries du Congo Belge (PHC), la empresa más importante en la producción de palma aceitera. Lever murió pensando que sus macro cultivos serían un ejemplo de capitalismo moral y no la mega empresa que es hoy y bajo la cual se subyuga a parte de un país rico, empobrecido por empresas extranjeras como la PHC.
Según se revela en un informe, en septiembre de 2021, soldados y guardias industriales de la PHC llevaron adelante un ataque “cometiendo saqueos sistemáticos en varias aldeas, incluyendo actos de tortura y secuestro de miembros de las comunidades aledañas a las plantaciones”. Unos meses más tarde, en enero de 2022, se informó que después de que un grupo de trabajadores de la plantación PHC de Boteka se declarara en huelga para protestar contra los bajos salarios, PHC llamó a la policía y al ejército, quienes abrieron fuego contra los manifestantes.
No solo la mal recordada Guerra Mundial Africana produjo la muerte de pobladores de la cueca del Congo, también lo sigue haciendo el colonialismo económico de la PHC, que a pesar de reconocer la violencia estructural en curso contra los miembros de las comunidades locales, culpa a la policía y las fuerzas de seguridad congoleñas. En de enero de 2022 los directivos de la PHC declararon que: “Las actividades ilegales se informan a las autoridades locales cuyas acciones están fuera del control de PHC”, en un claro ejemplo de deslinde de responsabilidades de los hechos de violencia estatal mencionados. Además responsabiliza al mercado internacional por la suba de “precios sin precedentes del aceite de palma”, lo que según la PHC ha originado un “aumento en el robo de frutos de palma” de los depósitos de la empresa por parte de miembros de las comunidades vecinas, lo que por supuesto es combatido por las fuerzas estatales en acciones de la policía local.
Las justificaciones presentadas por PHC para la terrible violencia que enfrentan las comunidades locales deben ser consideradas a la luz de más de un siglo de historia colonial de estas plantaciones de palma aceitera en el Congo, olvidar este punto en el análisis de esta situación es no ver (o no querer ver) la raíz verdadera del problema.
Comienzo de la expoliación de la mano de la violencia
Antes de la llegada de los europeos y sus nuevos negocios y ambiciones detrás de los recursos naturales africanos, los pueblos originarios del Congo cultivaban palma aceitera para uso propio. Los bosques de palma aceitera estaban muy extendidos y las comunidades podían cosechar, comerciar y vender las nueces de palma que cosechaban y así lograr el sustento necesario para la subsistencia comunitaria. Al establecerse las empresas manufactureras en esas tierras compradas a precio vil o robadas directamente, se encontraron con la falta de mano de obra, ya que los habitantes no tenían la necesidad ni el interés de trabajar por un salario (magro) en el lugar el que ellos lo hacían como propietarios.
Los intentos de reclutar trabajadores, en ese momento, debieron ser por la fuerza y con la colaboración necesaria de auxiliares armados ya que se encontraron con la resistencia de las comunidades. Entonces, PHC buscó el apoyo de las autoridades coloniales para asegurarse de que pudieran reclutar mano de obra adecuada, barata y dócil. Se establecieron entonces cuarteles de policía alrededor de las plantaciones y tierras concesionadas y, con el apoyo de las autoridades coloniales, PHC logró coaccionar suficiente mano de obra para sus operaciones. Quienes se negaron a trabajar para la empresa fueron perseguidos y encarcelados acusados por no cumplir con su “deber de trabajar”.
Después de asegurar esta mano de obra, PHC presionó al gobierno colonial para que le permitiera operar un monopolio en el comercio de palma aceitera en el Congo Belga. A los ‘nativos’ se les prohibió vender frutos de palma aceitera a los comerciantes de la zona y eran considerados ‘ladrones’ si los atrapaban. Leverhulme justificó el monopolio destacando los trabajos, las escuelas y las instalaciones médicas proporcionadas por la empresa a pesar de la mala calidad de los servicios y su uso limitado por parte de los residentes demasiado ocupados trabajando para la empresa. En tan solo unas pocas décadas, las comunidades locales pasaron de cultivar, cosechar y vender palmeras de aceite en sus tierras para su propio y exclusivo beneficio a no tener más remedio que trabajar cosechado para una empresa que exportaba monopólicamente la producción y la renta que se lograba con el trabajo y los recursos africanos.
Más de un siglo después, poco ha cambiado para las comunidades que viven alrededor de las plantaciones de palma aceitera de PHC.
Los medios de subsistencia de las comunidades de Lokutu, Yaligimba y Boteka siguen gravemente afectados por la falta de acceso a la tierra, el hambre y la pobreza son generalizadas, mientras que el vertido de residuos industriales no tratados ha contaminado una importante fuente de agua potable.
Una cosa que ha cambiado con el paso del tiempo, el enriquecimiento y diversificación de los negocios es la propiedad de la empresa. Lo que en un principio fue la fábrica de jabón de los hermanos Lever, hoy se convirtió en el gigante multinacional Unilever, que mantuvo las plantaciones hasta 2009. Luego fue vendida a una empresa canadiense llamada Feronia, que quebró en 2020 a pesar de la financiación y apoyo de varios bancos de desarrollo occidentales. La firma de gestión de inversiones con sede en Nueva York, Kuramo Capital Management, ahora tiene el control mayoritario de las plantaciones.
Inversiones versus derechos humanos
El trabajo (casi esclavo), el robo de los recursos naturales, el deterioro de la vida y del medio ambiente son detallados en un informe del Oakland Institute, donde se detallan los pormenores y consecuencias detrás de los varios inversores que hoy en día se están beneficiando del robo de tierras y los abusos contra los derechos humanos que tienen lugar en las plantaciones de palma aceitera de PHC. Estos incluyen la Fundación Bill y Melinda Gates, varias escuelas y universidades estadounidenses (Universidad de Michigan, Universidad de Washington en St. Louis, Universidad Northwestern y Escuelas Kamehameha) y varios Fondos de Pensiones del Reino Unido y Sudáfrica (el Fondo de Pensiones del Condado Real de Berkshire, el Fondo de Pensiones de los Empleados del Gobierno de Sudáfrica y la Corporación de Inversión Pública).
Estos grupos han invertido en conjunto más de cien millones de dólares en fondos administrados por Kuramo Capital Management, que, como hemos mencionado, posee la participación mayoritaria en las concesiones de palma aceitera de PHC. Al mismo tiempo han buscado tomar distancia de los abusos antes mencionados, siempre poniendo la responsabilidad en las autoridades de la RDC. Declarar “ilegal” un molino artesanal de aceite de palma y afirmar que todos los frutos de palma encontrados fueron robados demuestra cómo la actitud de la empresa hacia los miembros de la comunidad no ha cambiado desde la época colonial. PHC opera como si tuviera el monopolio de la palma aceitera en la región, considera a los miembros de la comunidad únicamente como mano de obra y castiga cualquier actividad fuera de esta relación de explotación con una represión brutal.
Los pobladores afectados siguen protestando contra las malas condiciones de trabajo y siguen decididos a obtener la devolución de sus tierras ancestrales. El tiempo y las leyes los asisten, más allá del incumplimiento de las mismas. Las empresas que se beneficiaban del jabón producido por HCB hace un siglo y que hoy en otras manos (que solo cuentan el dinero de las ganancias obtenidas) se siguen beneficiado con en el monopolio del aceite de palma, hacen la vista gorda sobre cómo se trabaja en sus plantaciones.
Las comunidades afectadas de la RDC ya han esperado demasiado tiempo para que se restablezcan sus derechos a la tierra y la vida. Los inversores deben rendir cuentas por su inacción, violencia y expolio colonial detrás del aceite de palma.
También lo debieran hacer quienes explotan otros recursos naturales existentes en la región y que son el motivo de que la RDC, a pesar de la riqueza que posee, siga sumergida en la pobreza extrema, la violencia y la corrupción gubernamental. El colonialismo del siglo XXI ha cambiado sus métodos y rostros, pero los resultados siguen siendo los mismos que antaño. Riqueza en pocas manos foráneas, pobreza y miseria para los dueños ancestrales de la tierra.
*Beto Cremonte es docente, profesor de Comunicación social y periodismo, egresado de la UNLP, Licenciado en Comunicación social por la UNLP. Estudiante avanzado en la Tecnicatura superior universitaria de Comunicación pública y política de la FPyCS en UNLP.
