Que las políticas agrarias no están resultando satisfactorias para las gentes del primer sector ha quedado más que claro en las movilizaciones de estas últimas semanas. Y si bien hay muchas voces y diferentes mensajes, existe coincidencia en señalar la llegada de productos de terceros países como uno de los problemas que es necesario resolver. Pero, ¿es suficiente con señalar, así en genérico, esta competencia desleal? ¿Se acierta apuntando solo a las administraciones? Tenemos un elefante en la habitación.
La agricultura y la alimentación son seguramente los sectores económicos con mayor concentración corporativa en todos los puntos de la cadena. Vale la pena recordar las cifras. A nivel mundial, son solo seis las empresas que controlan el 58% del mercado de semillas; otras seis, el 78% del mercado de agroquímicos; diez, el 38% del mercado de fertilizantes; seis, el 50% del mercado de maquinaria agrícola; seis, el 72% del mercado farmacéutico para animales; cuatro, el 90% de la comercialización mundial de cereales y leguminosas; y, finalmente, diez supermercados controlan el 11% del gasto mundial del consumo alimentario, cifra que en el Estado español es mucho más alta, ya que las tres principales cadenas (Mercadona, Carrefour y Lidl) alcanzan el 41%.
Es obvio, entonces, que en cada eslabón estas pocas empresas juegan con mucha ventaja frente al resto de los actores. Como dice el informe “¿Quién Inclina la Balanza?, del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles- IPES FOOD”, del que estoy tomando los datos antes referidos, “sus significativas cuotas de mercado les confieren lo que se denomina ‘poder de mercado’”, que les permite, entre otras muchas cosas, jugar a su merced con los costes de los insumos, con los precios de los productos a vender y manejar las relaciones comerciales como un depredador se relaciona con su presa.
Pero no solo. Su dominio y capacidad económica les permite armar lobbies muy bien preparados y financiados para ejercer presión directamente sobre legisladores gubernamentales, hasta el punto que en los últimos años, como advierte IPES FOOD, la influencia corporativa sobre la gobernanza agroalimentaria mundial se ha convertido en la nueva normalidad y las multinacionales han conseguido convencer a los gobiernos de que ellas deben ocupar un lugar central en cualquier debate sobre el futuro de los sistemas alimentarios. Debates, donde, desde luego, aparecen las negociaciones para aprobar y regular los acuerdos comerciales internacionales, regionales y bilaterales que hacen posible que muchos alimentos, tras recorrer miles de kilómetros y atravesando fronteras, aparezcan en cualquier mercado.
Nombres propios
En la Unión Europea, según los últimos datos, la importación comunitaria de frutas y hortalizas frescas procedentes de terceros países ascendió a 13.907 millones de euros hasta septiembre de 2023. Los tres principales países proveedores son Marruecos, con 1.833 millones de euros; Sudáfrica, con 1.544 millones de euros; y Perú, con 1.361 millones de euros. ¿Quién se beneficia de estas importaciones?
Sin hacer ninguna investigación exhaustiva, paseando por algunas de las webs de las multinacionales españolas de fruta y verdura más importantes, vemos cómo presumen de sus negocios en terceros países. De hecho, en la web de la multinacional Citri&co, con sede en Valencia y “líderes globales en el cultivo y comercialización de fruta fresca durante todo el año”, se muestra con orgullo su presencia precisamente en Marruecos, Sudáfrica y Perú. Si entramos en la página de Bollo, otra conocida empresa valenciana del sector, sabremos de su presencia en Brasil desde 2005 y en Senegal desde 2009. O el caso de Surexport, la mayor productora local de fresas, afincada en Huelva, (donde estos cultivos van asociados tanto a la explotación laboral como al abuso del consumo de agua), que es una de las principales compañías que están expandiendo la producción de frutos rojos en Marruecos.
Como ven, no es aventurado afirmar que son multinacionales, a menudo españolas, las que se encuentran detrás de las muchas verduras y frutas que llegan de fuera generando esa competencia desleal que denuncian las recientes movilizaciones. Como tampoco lo es señalar, como lleva décadas haciendo la organización internacional Vía Campesina, a grandes empresas de la Unión Europea por arruinar a millones de pequeñas y pequeños agricultores del sur global con sus productos subvencionados por ventajosos acuerdos comerciales.
En África, por ejemplo, se venden anualmente miles de toneladas de carne de pollo procedentes de Europa Occidental. Como resultado, más del 90% de los criadores de pollos en Camerún se han arruinado. También otros productos europeos como las cebollas, los tomates y la leche inundan los mercados locales de África. O los famosos cubitos de caldo que irrumpieron para desbancar a mucha de la producción local.
Y si nos paramos a analizar quiénes son los dueños de estas empresas, descubriremos que, si queremos frenar estas competencias, debemos dejar de hablar de productores y productoras de “otros países” para hablar de fondos de inversión. De capital. De capitalismo.
Gustavo Duch Guillot * Licenciado en veterinaria. Coordinador de ‘Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas’. Colabora con movimientos campesinos.
Este artículo ha sido publicado en el portal surysur.net/
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