Desde la semana pasada cerca de cinco mil personas se autoconvocaron en Brasilia con el fin de presionar a la Corte Suprema ante la inminente votación de una legislación conocida como Marco Temporal.
La RE 1017365 es un proyecto de Ley impulsado por el Poder Ejecutivo y defendido por una parte importante del Congreso que modifica las reglas para la marcación de tierras indígenas. La misma establece que solo podrán ser considerados territorios indígenas aquellas tierras que estuvieran en posesión de sus pobladores originarios para el 5 de octubre de 1988, fecha en la cual se promulgó la Constitución al día de hoy vigente.
En caso de ser aprobada, dicha legislación servirá como antecedente para que aquellas tierras que no fueron delimitadas hasta la fecha antes mencionada no puedan ser reclamadas por sus pobladores originarios. A su vez, facilitaría el avance del agronegocio sobre esos territorios, una promesa de campaña del propio Bolsonaro, quien llegó a decir que durante su mandato no se marcaría un centímetro de tierra indígena y que estos debían incorporarse a la vida en sociedad y habilitar la explotación de sus territorios.
La marcha de los pueblos índígenas, convocada por 117 etnias que conforman la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), se encuentra acampando en la Plaza de la Ciudadanía en Brasilia. Para la APIB esta votación es considerada el acontecimiento más importante del siglo, ya que podría definir el futuro de muchos pueblos indígenas amenazados. A su vez, se da en un momento importante y decisivo ya que de postergarse el debate en la Corte Suprema resultaría más difícil de ser aprobado en año de elección, donde la presión sobre el Congreso crece.
«Es una ironía de los juristas, un gran libertinaje, esta teoría del hito temporal. Algunos pueblos no estaban en sus tierras en 1988 porque la forma histórica de colonización de Brasil dejó muchas marcas, con indígenas expulsados de sus territorios», argumenta en entrevista a Brasil de Fato el educador Alberto Terena, coordinador de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib).
«En cierta forma e incurriendo en la exageración, se puede inferir el intento de aniquilación de estos pueblos, ya que la nueva ley permite el avance sobre las tierras demarcadas con la instalación de puestos militares, ampliación de la red vial y exploración de alternativas energéticas de carácter estratégico, por ejemplo. Y, teniendo en cuenta el ejemplo de la historia, particularmente en este período del gobierno de Bolsonaro, no sólo los pueblos nativos están amenazados, sino también el medio ambiente que ocupan y preservan», explica el educador.
Además de la presión sobre el Supremo Tribunal Federal, la marcha convocada por APIB busca mostrar el rechazo de los pueblos indígenas a la gestión de Jair Bolsonaro. Desde que asumió en enero de 2019, Bolsonaro impulsó una serie de medidas que buscaron flexibilizar la explotación dentro de reservas y territorios definidos por ley como tierras indigenas.
Además de desmontar e intervenir en el Instituto Chico Mendes de Preservación Ambiental (ICMBio) y en el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA), los principales mecanismos institucionales de combate a la deforestación ilegal y protección ambiental, Bolsonaro nombró al delegado Marcelo Augusto Xavir Da Silva al frente de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI). La institución, que debería velar por los intereses de los pueblos originarios, se transformó en un organismo defensor de los intereses del agronegocio y la minería.
Tras más de un año de gestión de Da Silva, FUNAI atraviesa una gestión marcada por el aumento de la violencia contra indígenas, índices récord de deforestación ilegal e invasiones a gran escala de reservas indígenas y ambientales. El año pasado, una de cada tres familias víctimas de conflictos en el campo era indígena y siete líderes fueron asesinados en los estados de Amapá, Amazonas y Maranhão. Esa es la cifra más alta de asesinatos de indígenas en los últimos diez años, según el folleto Conflictos en el Campo 2019, de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).
La situación se vuelve más complicada con el avance de la pandemia de covid19, que ya contaminó a 20 mil indígenas de 145 étnias y mató a 590 personas, números que son vistos con preocupación debido a la situación de vulnerabilidad de los pueblos originarios en pleno avance sobre sus territorios.
Por estos motivos, el pasado ocho de agosto la APIB presentó una queja contra Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional de la Haia por crímenes contra la humanidad y genocidio por incentivar la invasión de tierras por parte de empresas mineras y del agronegocio. APIB explica que eligió la fecha que marca el Día Internacional de los Pueblos Indígenas para solicitar «que el fiscal del tribunal de La Haya examine los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas por el presidente Jair Bolsonaro desde el inicio de su mandato, enero de 2019, con atención al período de la pandemia de Covid-19».
El dabate en la Corte Suprema por el marco temporal representa una de las tantas embestidas del gobierno brasileño contra los pueblos indígenas del país. La decisión que de allí surja puede ser decisiva para debilitar la resistencia de este colectivo y consolidar el avance de la destrucción ambiental.
