Ante la grave crisis que abate al país, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular le propone a las fuerzas revolucionarias, democráticas y progresistas, crear un Frente Amplio de organizaciones sociales y políticas que luche contra el régimen dictatorial que se entronizó en junio de 2019, que derrote su proyecto corrupto y que rescate al país del retroceso y lo ponga en la ruta democrática de los Acuerdos de Paz de 1992.
I. La realidad nacional e internacional
El Salvador atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su historia reciente, caracterizado por un notable retroceso en la institucionalidad democrática, una violación sistemática de los derechos humanos, un grave deterioro de las condiciones de vida de la población y una peligrosa inestabilidad económica.
1. Retrocesos políticos y régimen dictatorial
El presidente de la república violó la Constitución cuando ocupó por la fuerza y con el apoyo de la Fuerza Armada el recinto legislativo, el 9 de febrero de 2020, en lo que constituyó un Golpe de Estado Parlamentario fallido. También utiliza a la Fuerza Armada para otras acciones ilegales y asegura su obediencia aumentando el gasto militar en un 91%.
La mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa surgió de un proceso electoral viciado, donde el Gobierno utilizó las radios confiscadas al expresidente Antonio Saca y un periódico financiado con fondos públicos, para atacar a la oposición y hacerle propaganda al partido Nuevas Ideas. Esa mayoría, que sólo obedece los mandatos del Ejecutivo, impuso ilegalmente al Fiscal General de la República y a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y reformó, también ilegalmente, la Ley de Carrera Judicial, para sustituir a un tercio de los jueces y juezas por otros sometidos al Órgano Ejecutivo. Con esas acciones ilegales, el clan gobernante controla casi todos los Órganos del Estado.
Los magistrados impuestos en la Sala de la Constitucional interpretaron arbitrariamente la Constitución de la República para permitir la reelección presidencial, decisión que fue acatada por la mayoría de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, institución que ha cometido fraude de ley y está sometida al Ejecutivo.
El régimen persigue y encarcela a opositores y opositoras políticas, ataca a la prensa no oficialista, le niega las credenciales a 400 sindicatos, allana los locales de ONG que desarrollan proyectos en favor de los sectores de menos recursos y captura ilegalmente dirigentes sociales, bajo una supuesta persecución a grupos criminales, con los que el propio Gobierno realizó pactos desde el inicio de su gestión.
El Gobierno no rinde cuentas sobre sus finanzas e impide que la Corte de Cuentas las audite. Los indicios de corrupción están a la vista del pueblo, pero el fiscal oficialista no los investiga.
El clan familiar y empresarial que gobierna el país con el apoyo de sectores oligárquicos, impulsa un proceso contrarrevolucionario que incluso trata de imponer una nueva visión de la historia, distorsionando las causas y el contenido de la guerra civil y el valor de los Acuerdos de Paz, que le pusieron fin a la dictadura militar y abrieron un proceso de democratización.
A esos rasgos se les suman una política exterior de aislamiento y de apoyo a la derecha continental. No es casual la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela y el apoyo que recibe de asesores de la ultraderecha de ese país.
El régimen se sostiene a través de la fuerza, la ilegalidad, la corrupción y de recursos ideológicos, que se expresan en consignas, símbolos, mensajes engañosos, difamación, mentiras y falsas promesas. Pero las persecuciones, las amenazas y el cierre de espacios políticos, es decir, el uso de la fuerza, expresa pérdida de hegemonía en el terreno ideológico. De manera que la concentración de poder en el Estado por parte de un clan familiar y empresarial no garantiza la estabilidad política del país.
La población canaliza su malestar con masivas acciones de protesta en las calles. Núcleos cada vez más amplios de población asumen una actitud ofensiva y de lucha contra el régimen, entre ellos: sindicalistas, jóvenes, mujeres, veteranas y veteranos de guerra, lisiadas y lisiados de guerra, pobladores de líneas férreas, sectores campesinos, agropecuarios, religiosos, ambientalistas, periodistas, indígenas, profesionales, población de diversidad sexual, empleados públicos y personas despedidas del Estado, familiares de víctimas del régimen de excepción, entre otros.
El régimen ya no tiene el monopolio de la iniciativa política. El primero de mayo fue muy claro. Su intento de impedir la manifestación popular mediante el estado de excepción y las amenazas fue derrotado por las organizaciones populares. Lo mismo ocurrió con la marcha estudiantil del 30 de julio.
Las malas tendencias económicas y sociales, la emigración forzada en busca de mejores oportunidades o de asilo político y las políticas represivas del régimen atizarán el descontento popular.
2. Deterioro Social
La población resiente la falta de empleo y el encarecimiento de los alimentos y servicios básicos. La inflación de 2021 (6%) fue la mayor desde 1996 y este año podría llegar a 10%. La canasta de alimentos ha crecido 13% este año. El alza de precios afecta principalmente a los sectores de menos ingresos: asalariados, pensionados, cuentapropistas, empleadas domésticas, entre otros.
El Gobierno eliminó 15 programas que beneficiaban la población de menos recursos, entre ellos el de Alfabetización, Jóvenes con Todo, Nuestro Mayores Derechos (de apoyo a la población adulta mayor), Agricultura Familiar y otros. También despidió arbitrariamente a 14,000 empleados y empleadas públicas, incluyendo mujeres embarazadas y personas con discapacidad.
El Gobierno desmonta la Reforma de Salud impulsada en la gestión del FMLN y que tuvo impactos positivos, como la reducción de la mortalidad infantil, de 23 a 9 por 1,000 nacidos y nacidas vivas; la disminución de la mortalidad materna, de 49 a 26 por cada 100,000 nacidos y nacidas vivas; y el abaratamiento de 7,000 medicamentos. Este Gobierno cerró 17 Equipos Comunitarios de Salud y le recortó recursos al primer nivel de atención. Los boletines epidemiológicos muestran un aumento de las enfermedades prevenibles, como el dengue, la diarrea y otras. En los hospitales se evidencia un desabastecimiento de medicinas.
En tres años no se ha iniciado la construcción del nuevo Hospital Rosales con el préstamo de US$170 millones heredado de la gestión anterior, dinero con el que también se harían un hospital de segundo nivel, unidades de salud y otras obras.
Los retrocesos también abarcan el sistema educativo. El Gobierno cerró el programa de alfabetización de personas adultas, descuida la formación docente y le retiene recursos a la UES, sobre todo para la construcción de cuatro sedes regionales. La calidad educativa y la matrícula escolar disminuyeron. Entre el 2018 y el 2020, la escolaridad promedio cayó de 7 grados a 6.9 grados y la inasistencia escolar subió de 73% a 75%.
Se han deteriorado los servicios especializados para las mujeres, como Ciudad Mujer, los programas de salud y otros a los que el Gobierno les recortó dinero. El encarecimiento del costo de la vida golpea más a las mujeres, que tienen los peores ingresos y la mayor carga laboral.
Se han eliminado programas de apoyo a la juventud, como el de Jóvenes con Todo, y el de Ayuda Temporal al Ingreso, que les daba apoyo monetario a 67,000 jóvenes que realizaban actividades comunitarias. Miles de jóvenes sufren persecuciones, apresamientos arbitrarios y otros abusos por parte de las autoridades.
Miles de personas han sido encarceladas ilegalmente y muchas de ellas torturadas y asesinadas en las cárceles. Para miles de familias, sobre todo de escasos recursos, la violencia estatal es peor que la ejercida por el crimen organizado.
El deterioro social y económico ha provocado más emigración. Entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020, alrededor de 17,000 compatriotas fueron devueltos de las fronteras de Estados Unidos. En los mismos meses de 2020 y 2021 fueron devueltos casi 98,000. Y de acuerdo a la tendencia, este año la cifra será mayor.
3. Estancamiento e inestabilidad económica
La economía pierde dinamismo. El Gobierno estimó un crecimiento del PIB de 4.5% y ahora lo estima en 2.6%. Y seguramente hará otra proyección menor, pues no hay factores de demanda que estimulen la inversión privada. Los salarios y pensiones están congelados, el crédito al consumo no se dinamiza y las remesas familiares, que el año pasado aumentaron 28%, este año solo han crecido 3%, debido a la alta inflación en Estados Unidos y su impacto negativo en los ingresos.
La inversión pública está casi paralizada, pues entre enero y mayo solo se ejecutó el 8% de lo programado. Una muestra del poco dinamismo económico es que la recaudación tributaria de junio fue 23% menor a la de mayo.
El sector agropecuario está golpeado por el encarecimiento de los insumos (en algunos cultivos se han duplicado los costos por manzana) y por la excesiva importación de alimentos, que entre enero y junio aumentó 30%. Las micro y pequeñas empresas, donde labora un millón de personas (60% mujeres), son afectadas por los altos costos de la materias primas, la energía y los combustibles.
En el último trimestre de 2021 la inversión extranjera neta fue negativa, pues la salida por repatriación de utilidades supero la inversión nueva. El Salvador fue el único país de Centroamérica, Panamá y República Dominicana que tuvo esa característica. Y ello ocurrió precisamente en el momento en que iniciaba la Ley Bitcoin, que según el Gobierno generaría mucha inversión extranjera.
Entre diciembre de 2019 y junio de 2022, la deuda pública aumentó 24%, de US$19,800 millones a US$24,586 millones, que equivalen al 85% del PIB. El Gobierno necesita US$600 millones para terminar el año y US$800 millones para pagar los bonos en enero de 2023. Puede conseguir el dinero, pero con más deuda y recortando gastos, pues no le pondrá tributos a los sectores de altos ingresos.
El bitcoin fracasó pero endeudó más al Estado. No hay precios, ni salarios, ni pensiones, ni ahorros en bitcoin. Ese activo virtual no representa ni el 1% del medio circulante, que sigue en dólares. El Gobierno gastó millones de dólares para comprarlo y dárselo a 3 millones de personas, que lo gastaron y siguen usando dólares. Pero los lavadores de dinero y los especuladores pueden utilizar el criptoactivo para sus negocios ilícitos.
En síntesis, está cayendo la inversión pública y no hay estímulos a la inversión privada. Y si el Estado se endeuda más para financiar su inversión, terminará estrangulado por los organismos internacionales. El resultado sería un ajuste fiscal recesivo. Los problemas económicos se agravarán en los próximos años.
4. Crisis internacional y avances de las fuerzas de izquierda y progresistas de América Latina
A escala internacional se configuró una crisis de hegemonía caracterizada por el fin del dominio casi exclusivo ejercido por Estados Unidos y la conformación de bloques de países que inciden decisivamente en la política y la economía mundial. Estados Unidos perdió hegemonía y las grandes naciones de Asía, sobre todo China, la India y Rusia, ganaron terreno en los ámbitos político, económico, tecnológico, científico e ideológico.
China dejó atrás a las economías de Europa y a Japón y le disputa el primer lugar a Estados Unidos, al que desplazó como potencia exportadora (15% del total mundial contra un 10% de Estados Unidos) y pronto superará en la producción de bienes y servicios, pues aunque genera un 18% del total mundial contra un 24% de Estados Unidos, crece a una tasa tres veces mayor que la economía norteamericana. La producción anual de China supera la de la Unión Europea.
La India es la sexta economía del mundo, Rusia la número 11 y Brasil la 12. Esas naciones, junto a China y Sudáfrica, crearon el BRICS, el mayor bloque mundial, con el 25% de la producción, el 50% de la población y el 30% del territorio. Esos países (en menor medida Sudáfrica) producen muchos alimentos, materias primas y maquinarias, poseen importantes reservas de minerales y energía, tienen un gran desarrollo científico y crearon estructuras financieras comunes para financiar grandes proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones. China y la India tienen el 48% de los científicos y las científicas en ciencias exactas.
Junto a la decadencia del imperialismo norteamericano, en América Latina avanzan las fuerzas de izquierda y progresistas, que gobiernan en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Honduras, México, Argentina, Colombia y otros países. El próximo triunfo de Ignacio Lula, en Brasil, reforzará la corriente progresista y de izquierda.
En ese contexto, el régimen dictatorial del clan Bukele solo tiene como aliados internacionales al imperialismo norteamericano y a la derecha decadente. Se trata de un régimen anacrónico, contrario al progresismo latinoamericano, y que será barrido por las tendencias mundiales y las luchas populares.
II. Propuesta para un Gobierno de Rescate Nacional
Debemos rescatar la democracia y la república que veníamos construyendo desde enero de 1992, como resultado de los Acuerdos de Paz que desmontaron sesenta años de dictadura oligárquica y militar. Para ello hay que aplicar un programa mínimo de medidas que restablezcan y desarrollen la institucionalidad democrática, que mejoren las condiciones de vida del pueblo, desarrollen la economía y generen un clima de convivencia que estabilice al país.
Las medidas deben abarcar aspectos jurídicos, políticos, sociales y económicos, que permitan frenar todo intento de volver a la dictadura, y a la vez, refundar las bases del desarrollo de nuestro país, con libertad, democracia y justicia social, como condiciones indispensables para una paz firme y duradera.
1. Pasos necesarios
Para restaurar el estado de derecho, restablecer la democracia y enrumbar al país hacia el progreso, debemos quitarle el poder del Estado al clan Bukele, a través de la lucha social y popular, desde las calles, con la lucha ideológica en los hogares y en los lugares de trabajo, con la lucha electoral, la lucha por el empleo, la salud, la educación, el respeto a los derechos humanos, al derecho a la comida y a la tierra. Solo así derrotaremos a este régimen represivo y neofascista.
Ello requiere de la unidad del pueblo, una unidad que incorpore a las fuerzas de izquierda y progresistas y a otros sectores que se oponen al mal rumbo que lleva el país y están dispuestos a incorporarse a una alianza para desalojar del poder al clan gobernante y aplicar un programa que rescate a la nación.
El Frente Amplio debe integrar a organizaciones populares, como sindicatos, cooperativas, grupos comunitarios, feministas, juveniles, empresariales y otros, a veteranos y veteranas de guerra, lisiados y lisiadas de guerra, fuerzas políticas, iglesias progresistas e instituciones académicas. A esos y a otros sectores les deben unir dos grandes objetivos: uno, acordar una plataforma programática y una estrategia de lucha común, y dos, derrotar al régimen dictatorial del clan Bukele.
2. Sobre el programa
Presentamos un programa mínimo de corto y mediano plazo, como aporte para iniciar un diálogo con los sectores interesados en sacar al país de la crisis y crear las bases para un desarrollo sostenible.
2.1. Restablecer y fortalecer las libertades públicas y el estado de derecho
a. Liberar a las presas y presos políticos.
b. Liberar a las personas injustamente apresadas durante el Estado de Excepción.
c. Elegir un Fiscal o una Fiscal independiente de los poderes fácticos, comprometida con la defensa de los intereses del Estado y la sociedad.
d. Sustituir a los magistrados ilegales de la Sala de lo Constitucional por magistrados comprometidos con la defensa de la Constitución. En apego al texto constitucional, dicha Sala debe suprimir la interpretación constitucional que hicieron los actuales magistrados para permitir la reelección presidencial.
e. Elegir jueces y juezas comprometidos con la justicia.
f. Garantizar el respeto a los derechos humanos de toda la población.
g. Garantizar el respeto a la libertad de prensa.
h. Garantizar el retorno al país de las personas perseguidas por el actual régimen y respetarles sus derechos.
i. Remover del Instituto de Acceso a la Información Pública a los comisionados impuestos ilegalmente.
j. Eliminar la reforma a la Ley LACAP que prohíbe dar a conocer las ofertas de las empresas que pierden las licitaciones públicas.
k. Reponer el FODES, con un 10% de recursos hacia las alcaldías, y suprimir la Dirección Nacional de Obras Municipales.
l. Restituir la autonomía de los gobiernos municipales.
m. Suprimir la normativa que permite expropiar propiedades de interés público.
n. Reponer en sus puestos laborales a las personas despedidas ilegalmente.
o. Darles credenciales a los sindicatos que cumplen con los requisitos de ley.
p. Detener la persecución contra las ONG y eliminar las disposiciones legales que amenazan la estabilidad y la existencia de dichas organizaciones.
q. Eliminar la Ley Bitcoin, que es inconstitucional y solo genera deuda pública.
r. Garantizar que el combate al crimen organizado no afecte el clima de libertades ni conduzca a detenciones arbitrarias.
s. Legislar para que el pueblo tenga espacios de participación en el diseño y la ejecución de las políticas públicas.
t. Establecer un nuevo rol del Estado, que incluya las siguientes atribuciones:
- Gestor y ejecutor de la política económica y social.
- Promotor del desarrollo científico, la innovación y la productividad.
- Regulador y supervisor de las actividades económicas estratégicas.
- Garante de la soberanía alimentaria y la sustentabilidad ambiental.
2.2. Medidas urgentes para mejorar las condiciones de vida del pueblo
a. Aumentar los salarios y las pensiones (incluyendo las que reciben los veteranos y veteranas de guerra y las personas lisiadas) para que cubran el costo de la vida, cuya canasta de bienes debe ampliarse de 22 a 32 rubros.
b. Aumentar de US$50 a US$100 el programa de pensión básica a 37,000 personas adultas mayores en pobreza extrema e incorporar a otras 100,000 personas en la misma condición.
c. Equiparar los salarios de mujeres y hombres que realizan el mismo oficio.
d. Aumentar los subsidios a los servicios básicos.
e. Ampliar los recursos de Ciudad Mujer, sobre todo para el seguimiento a los casos de violencia y para mejorar la atención a la salud de las mujeres.
f. Abrir un programa especial en el ISDEMU para prevenir y atender los casos de violencia intrafamiliar y en contra de las mujeres.
2.3. Promover el desarrollo social
a. Aumentar el presupuesto de salud hasta el 5% del PIB, con un enfoque integral y un énfasis en el primer nivel de atención, para combatir las enfermedades prevenibles y mejorar el bienestar de la población.
b. Reestablecer el programa Operación Milagro.
c. Aumentar el presupuesto en educación hasta el 6% del PIB, priorizando la formación docente, la mejoría de la infraestructura escolar y las nuevas tecnologías educativas.
d. Ampliar el programa de paquetes escolares y hacerlo extensivo a la parvularia.
e. Crear escuelas técnicas para juventudes.
f. Duplicar el presupuesto de la Universidad de El Salvador.
g. Desarrollar un programa extensivo de vivienda popular, digna y de bajo costo.
h. Restablecer el Sistema de Protección Social Universal, reponiendo los programas suprimidos por el actual Gobierno y ampliando los recursos.
i. Desarrollar un sistema de protección de los derechos de las mujeres, la juventud, niñez y adolescencia, población lisiada y grupos LGTBI.
j. Otorgarles títulos de propiedad a las familias que viven en las líneas férreas.
k. Brindar atención a la población salvadoreña migrante retornada y apoyo a su reinserción social y productiva.
2.4. Crear sistema público de pensiones
a. Aprobar el proyecto de ley “Sistema Nacional de Pensiones para los trabajadores del sector privado, público y municipal, así como para las personas mayores de setenta años”, presentado ante la Asamblea Legislativa, en octubre de 2019, por un grupo de organizaciones populares, muchas de ellas pertenecientes al BRP, para crear un sistema público donde coticen todas las personas que hoy lo hacen en las AFP, en el INPEP y en el ISSS.
b. Dicho sistema sería administrado por un ente público, con pensiones vitalicias, beneficios definidos, un pilar solidario y un pilar no contributivo.
c. La aportación patronal sería de 8.75% e incluiría el pago durante los períodos de maternidad e incapacidad, comisión del ente administrativo de 0.5%
d. La tasa de reemplazo de la pensión solidaria sería de 50% y la pensión no contributiva se le otorgaría toda la población adulta mayor que no cotizó.
2.5. Proteger y conservar el medio ambiente
a. Eliminar la Ley de agua que entró en vigencia el 8 de julio.
b. Aprobar la Ley General de Aguas, que hace más de 16 años está en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa.
c. Terminar con la política de ANDA de firmar convenios con las empresas constructoras para despojar del agua a las comunidades urbanas y campesinas.
d. Retirar el permiso ambiental a la empresa de la familia Dueñas para la construcción del proyecto Valle del Ángel.
e. Desarrollar programas de recate de cuencas, reforestación, manejo de residuos y otras acciones encaminadas a reducir las vulnerabilidades ambientales.
2.6. Estabilizar la economía
a. Frenar la inflación
- Reducir los costos de energía, insumos y transporte, con medidas fiscales (subsidios o incentivos) y algunos controles del mercado, donde se verifique que haya especulación o acaparamiento.
- Inyectarle más recursos al agro para elevar la producción de alimentos.
b. Equilibrar el sector externo
Prohibir importaciones de lujo de países con los que no hay TLC.
Estimular la inversión extranjera, restableciendo el Estado de Derecho y mejorando el consumo y los niveles de vida de la población.
Gestionar cooperación externa, principalmente de los países con mayores recursos económicos, sociales y tecnológicos.
2.7. Estimular la inversión y el crecimiento económico
a. Apoyar a las MIPYMES y las cooperativas, con crédito, redes de comercialización, subsidios, participación en las compras públicas y otras medidas.
b. Reducir el costo energético mediante un plan de inversión pública en energía no renovable que reduzca el peso de la generación térmica.
c. Elevar las capacidades productivas y adquisitivas de la población.
d. Impulsar un programa especial de desarrollo agropecuario que eleve rápidamente las capacidades productivas nacionales y mejore la seguridad alimentaria de la población.
2.8. Ejes prioritarios para la transformación productiva y social
a. Aumentar y diversificar la producción bienes y servicios básicos y de materia prima, para reducir importaciones y la dependencia externa.
b. Desarrollar las exportaciones y diversificar los mercados externos.
c. Impulsar políticas relacionadas con las salvadoreñas y salvadoreños en el exterior, para defender sus derechos y darles facilidades para la reinserción y la inversión en nuestro país.
d. Modernizar la infraestructura productiva.
e. Desarrollar políticas basadas en la agroecología para garantizar la soberanía alimentaria, con alimentos sanos y nutritivos.
f. Aprobar la Ley de Soberanía Alimentaria, que se introdujo hace 14 años en la Asamblea Legislativa.
2.9. Reforma tributaria progresiva para aumentar los ingresos, los gastos y la inversión pública:
a. Aplicar impuesto a 160 millonarios con activos de US$21,000 millones.
b. Incrementar hasta en un 15% la tasa efectiva que paga el decil de la población con más ingresos y eliminar sus gastos tributarios injustificados.
c. Aprobar el impuesto al patrimonio y el impuesto predial.
d. Combatir la evasión y retención indebida de impuestos.
e. Incrementar significativamente los gastos sociales y de inversión.
f. Reducir los gastos de publicidad del Estado.
g. Mejorar la eficiencia y transparencia del gasto.
h. Renegociar la deuda externa para rebajar el pago de amortización y destinar esos recursos al rubro de inversión.
2.10. Ejes de política exterior
a. Restablecer las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela y la República Árabe Saharaui Democrática.
b. Fortalecer la integración Centroamericana y los espacios de unidad con las naciones de América Latina y El Caribe.
c. Establecer relaciones basadas en la defensa de su soberanía, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica de las naciones, la promoción de la cooperación y la solución pacífica de los conflictos.
d. Ejercer la defensa activa de los derechos humanos de la población migrante salvadoreña en el exterior, así como en las rutas migrantes.
Notas:
Fuente: Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular de El Salvador
