«Hooliganismo legal». Así ha calificado Víktor Orbán, primer ministro húngaro, a la Comisión Europea después de que esta semana iniciase un nuevo expediente sancionador contra el país por su ley antiLGTBI, que prohíbe hablar de la homosexualidad con los menores en colegios y en lugares públicos. Para el Ejecutivo comunitario supone una vulneración de derechos básicos como la no discriminación, la dignidad humana o la libertad de expresión. El enfant terrible de la política europea ya ha avisado de que no dará marcha atrás pese a las presiones de Bruselas.
El equipo que lidera Ursula von der Leyen ha hecho también lo propio con Polonia por declarar a lo largo del país zonas libres de LGTBI. Ambos países cuentan con dos meses para convencer y explicarse, pero todo hace presumir que los casos terminarán ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sumándose, así, a los tantos otros que encadenan las democracias iliberales europeas en Luxemburgo.
Budapert y Varsovia, las dos capitales europeas bajo el Artículo 7 [el único mecanismo de los Tratados pensado para defender los valores fundamentales], suman incontables dossiers abiertos en la corte de Luxemburgo por vulnerar el acervo comunitario y atacar los derechos y las libertades fundamentales como la independencia judicial, el trato a los refugiados o la libertad de cátedra.
Durante los últimos años, la máxima instancia judicial europea ha condenado a Hungría por detener de forma ilegal a refugiados en Roszke, su frontera con Serbia, y le ha acusado de privarles de su libertad de movimiento y de su derecho internacional a pedir asilo. Poco antes, la corte ya había fallado que la negativa del país a acoger a refugiados en base a las cuotas de reparto acordadas por la UE en 2015 era ilegal. Mismo veredicto obtuvo la polémica ley de universidades –que forzó el cierre de la Universidad Centroeuropea (CEU)-.
Luxemburgo ha dado otro varapalo reciente a Budapest desestimando el recurso que pretendía anular el inicio del Artículo 7 por parte del Parlamento Europeo. Esta misma semana, Bruselas ha vuelto a sentar al Gobierno de Orbán en el banquillo por su ley de asilo, que obliga a los refugiados a iniciar sus procedimientos de petición de asilo en embajadas de países extracomunitarios, algo que contraria el Derecho europeo.
Uno de los casos abiertos más relevantes en estos momentos toca de fondo a las ayudas europeas. Polonia y Hungría han llevado el mecanismo que vincula la recepción del dinero del Fondo de Recuperación Europeo –a través del cual España podrá recibir 140.000 millones de euros en los próximos cinco años- ante el TJUE. Alegan que la UE no tiene competencias para definir el concepto del Estado de Derecho y que la legislación es contraria a los Tratados. Este instrumento vio la luz hace un año como un nuevo cortafuegos a la deriva de países en tendencia autoritaria. Durante su fundación, la Unión no anticipaba estos escenarios de países atacando los valores fundamentales de estas forma, por lo que los instrumentos hasta la fecha existentes para defenderlos se han probado insuficientes e ineficaces.
Por su parte, Polonia centra su choque judicial con Bruselas debido al resquebrajamiento de su Justicia. El partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS) –que comparte filas con Vox en la Eurocámara- está obsesionado con la idea de que los jueces de la era comunista continúan en activo y ha emprendido una cruzada para apartarlos. Pero la reforma judicial –que contempla la jubilación anticipada de magistrados, sanciones a los críticos o que da al Ministerio de Justicia el poder completo de designación- está poniendo fin a la separación de poderes, un pilar fundamental de la democracia y del Estado de Derecho. Hasta en tres ocasiones ha tumbado la Justicia europea disposiciones de esta legislación. En los tres casos ha pedido medidas cautelares por la gravedad de la situación. Entretanto, numerosos expedientes sobre esta purga del Gobierno polaco para controlar su poder judicial continúan abiertos en el Gran Ducado.
La judicial: nueva crisis existencial de la UE
La moneda única, la libertad de movimiento en Schengen o el programa Erasmus son los logros y activos más apreciados por los ciudadanos en torno al proyecto comunitario. Pero hay otro que hace mucho menos ruido y que tiene un impacto similar: el hecho de que exista una Justicia europea cuya palabra autoridad sea superior a la de cualquier corte nacional. El TJUE es el maná que vela por los derechos de más de 450 millones de ciudadanos. Es también uno de los pilares de la construcción y la integración europea. Desde las euroórdenes hasta las cláusulas suelo pasando por los derechos de compensación en los vuelos, Luxemburgo siente cátedra a lo largo y ancho de la UE.
Pero Polonia ha abierto recientemente una lucha que amenaza con sacudir los pilares de la UE y desencadenar una crisis existencial e institucional. El país que se encuentra bajo el timón ultranacionalista ha declarado la guerra al sagrado principio de la supremacía del derecho europeo sobre el nacional. Su Tribunal Constitucional -azuzado por el partido en el poder- ha anunciado que las medidas cautelares exigidas por Luxemburgo son incompatibles con su Constitución. En poco más de dos semanas emitirá un fallo definitivo, que se estima que irá en la dirección de desacato deliberado, y que incurriría por primera vez en la historia de la UE en una violación orquestada de la obediencia a las leyes europeas.
«Este paso podría suponer una amenaza para la UE mucho más grave que el brexit», explica a Público en conversación telefónica Gavin Barret, profesor de la Universidad de Derecho Sutherland y experto en derecho europeo. Muchos analistas coinciden en que llegar a este punto sería el principio del fin de Polonia como miembro de la UE. Sin embargo, el irlandés advierte de que este escenario no es tan fácil y que para llegar al Polexit habría que «refundar» el club comunitario al completo.
La Unión no cuenta con mecanismos para expulsar a un país. Incluso si este ha perpetrado grandes aberraciones. La única vía de salida del bloque es a través de una petición voluntaria activando el Artículo 50, como hizo en su momento el Reino Unido. Además, la UE carece de herramientas para hacer frente a crisis constitucionalistas de este calado porque el respeto a la ley europea se da por sentado. Es una norma no escrita que articula y da coherencia a todo el proyecto comunitario. Por ello, la vía cortoplacista para evitar que Varsovia dé este paso de no retorno será aumentar la presión financiera a través de multas del propio TJUE y de la limitación de fondos europeos. El país es, de hecho, uno de los principales receptores de las ayudas comunitarias: en 2018 recibió hasta cuatro veces más dinero de sus socios europeos del que puso sobre la mesa.
En cualquier caso, Barret asegura que esta batalla constitucional puede poner a la Unión ante su gran «crisis existencial», por lo que estima que es «el gran momento para que la Comisión actúe». El proyecto comunitario suma años con el ‘modo crisis’ activado: la financiera, la de refugiados, la del brexit o la del coronavirus. Pero desde hace tiempo se consolida una más peligrosa y silenciosa para su supervivencia: los continuos ataques de algunos de sus miembros al Estado de Derecho y a los valores y libertades fundamentales.
*María G. Zornoza, periodista.
Artículo publicado en Público.
Foto de portada: Una protesta frente al parlamento húngaro en Budapest por su ley antiLGTBI. —REUTERS/MARTON MONUS.
