Organizaciones no gubernamentales piden al presidente estadounidense Joe Biden que cumpla su promesa de prohibir la detención de desplazados y refugiados en prisiones privadas, las cuales consideran en «condiciones degradantes».
«Se ha documentado que sí ocurren abusos», declaró este viernes a la AFP Nancy Treviño, directora asociada de Alianza Américas, una coalición de organizaciones de migrantes.
En algunas «están encarcelados 23 horas y solo les queda una hora para salir al aire libre y con la pandemia (estos centros) no tienen los recursos suficientes para proteger a la gente del covid-19», añade.
Durante la campaña electoral los demócratas prometieron acabar con las cárceles privadas, donde hay muchos desplazados recluidos.
Tras llegar a la Casa Blanca, Biden firmó una orden ejecutiva en enero de 2021 pidiendo al Departamento de Justicia (DOJ) que dejara de depender de las prisiones administradas por empresas privadas, pero no incluyó en el texto al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
En la realidad «se está haciendo uso cada vez más de compañías privadas para detener a migrantes y son muy difíciles de regular. Hemos tenido reportes de condiciones degradantes, inhumanas, en el acceso a los medicamentos a comida saludable, a recursos legales», declaró este viernes por teléfono a la AFP Fernando García, fundador y director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, desde El Paso, Texas.
Un primer paso
Este jueves, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, el Consejo Estadounidense de Inmigración, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, Amnistía Internacional, Detention Watch Network, la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes y el Proyecto Nacional de Inmigración enviaron una solicitud a la Oficina del Inspector General (OIG) para que se revise la orden ejecutiva de Biden.
Cuentan con el respaldo de 85 grupos de inmigrantes y de derechos humanos.
Quieren que la orden ejecutiva de Biden se extienda para incluir al ICE y los contratos del Departamento de Seguridad Interior (DHS) con corporaciones de prisiones privadas y gobiernos locales, como un primer paso para en una segunda fase eliminar los centros de detención privados para siempre.
La red de detención de inmigrantes del ICE se compone de unas 200 cárceles en todo el país y el 79% de las personas están recluidas en instalaciones privadas u operadas por entes privados.
Algunos estados han cerrado estas prisiones, pero los activistas ponen el grito en el cielo porque se han reabierto otras.
Los activistas afirman «haber documentado» que el gobierno federal ha permitido contratos de terceros de «solución alternativa» o «transferencia» para extender la vida de las prisiones privadas.
Según ellos, se han establecido nuevos contratos con el DHS y nuevos acuerdos entre el DOJ con condados que luego contratan a prisiones privadas.
En septiembre de 2021, el ICE anunció la reapertura del Moshannon Valley Correctional Center, en Pensilvania, que cerró en marzo de ese año después de que el DOJ se negara a renovar el contrato.
«A pesar del historial de abuso y negligencia de la cárcel, la instalación ahora funciona como un centro de detención del ICE», protestan en un comunicado.
Ahorrar
El operador de prisiones privadas GEO Group firmó un acuerdo para agrandar el Centro de Procesamiento del ICE de Folkston, Georgia, y esta expansión aumentaría la capacidad «en 1.800 camas para convertirlo en el centro de detención de inmigrantes más grande del país», añade.
Según los firmantes de la carta, el ICE estaría negociando con empresas de prisiones privadas sobre centros cerrados en todo el país, incluido el condado de Tipton, en Tennessee, Leavenworth, en Kansas, y Howard, en Texas.
Para Amy Fischer, de Amnistía Internacional Estados Unidos, esto ha llevado a la «expansión del sistema cruel y mortal por parte de las empresas penitenciarias privadas. Es codicia, pura y simple».
«Ofrecen comida de mala calidad porque no quieren gastar, servicios de salud malos, tratan de ahorrar dinero», coincide Fernando García.
Biden «parece haber olvidado sus promesas de campaña de preservar la dignidad de los inmigrantes, incluidos los solicitantes de asilo», protesta Jennifer Ibañez Whitlock, de la Asociación de Abogados de Inmigración Americana (AILA).
Y es que el presidente demócrata llegó a la Casa Blanca con la promesa de una política migratoria «más humana».
FUENTE: Jornada.com.mx
