La crisis económica y social ya existente que se ha convertido en una crisis convergente, se ha exacerbado por la crisis de representación política y por la instalación de estructuras de violencia criminales a lo largo del territorio peruano que han colonizado las esferas del estado, principalmente del poder judicial y el legislativo que hoy gobiernan y legislan para legalizar las actividades ilícitas y la economía informal.
La situación crónica ha generado un estado débil, ausente y sin gobernabilidad, lo que decantó en la destitución de la ilegitima presidenta Dina Boluarte y la asunción de José Jeri, presidente del Congreso, como nuevo presidente de la República del Perú.
La protesta social empezó a activarse el mes pasado, donde en su mayoría jóvenes que se hacen llamar la Generación Z, empezaron a convocar movilizaciones por la modificación de la Ley de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que perjudicaba directamente a los trabajadores y las trabajadoras, dando mayores ganancias a las entidades privadas aseguradoras como Integra, Prima, Hábitat y Profuturo.
Cabe resaltar que las movilizaciones que se fueron dando en septiembre hasta la fecha han concentrado no solo el tema de las AFP´s sino la inseguridad que vive el país por el crimen organizado, la precariedad laboral, la pobreza y la desigualdad. Y, además, se han constituido no solo por jóvenes, sino por distintos sectores de la población peruana que ya venían participando en las protestas sociales desde la destitución de Pedro Castillo.
El suceso que destapó el hervidero de la protesta, que ya traía consigo un malestar crónico de la población y la desaprobación de Boluarte de más del 94%, tiene origen en el atentado que sufrió el grupo de cumbia Agua Marina el pasado 8 de octubre, cuando daban un recital en el Círculo Militar de Chorrillos y fueron interrumpidos por una ráfaga de disparos que sembró terror entre todos. Posterior al evento se desataron múltiples manifestaciones de distintos sectores contra la inseguridad y el crimen organizado, que resonó hasta el Congreso y que conllevó a que los congresistas, aprovechando la situación de desaprobación de Boluarte, presentaron una moción de vacancia contra la ex presidenta y lograron destituirla.
Es importante precisar que la situación de ingobernabilidad de la gestión golpista era insostenible y las elecciones del próximo año reclamaban una reconfiguración para sostener el estatus quo imperante en Perú.
El modelo neoliberal impuesto en el país andino tiene larga data y no ha logrado desarrollar la productividad y el crecimiento del país con justicia social, más bien, la aplicación de sus políticas y la aparición de outsider como Fujimori en su momento o Pedro Castillo, como el caso más reciente, han conducido a que la política termine manejándola los grupos concentrados de poder.
La Constitución de 1993 de Fujimori significó la apertura al proceso de extracción económica donde se sentó las bases de la economía peruana extractivista de minerales y agroexportadora con un potente lobby financiero y minero que condujo a la generación de una economía precarizada y a la eliminación de los sindicatos. Configurando al Perú con una Lima centralista y con las regiones del interior totalmente empobrecidas. Con una población peruana que tiene el 70% de informalidad en el sector laboral.
El caso del oro es impactante, el 44% de la producción aurífera peruana- que es uno de los principales intercambios comerciales- es ilegal, según el último registro del 2023. Esto nos acerca a la dimensión de las estructuras de violencia mafiosas que se han implantado con la ayuda del estado peruano.
Esta situación de ilegalidad e informalidad han dado rienda suelta a lo que padece la población peruana y sobre todo el sector del transporte, las extorsiones crecientes y el cobro de cupos como formas de coacción.
La clase política peruana, lejos de representar y atender las demandas del pueblo, ha sido un vector de la instalación de estas estructuras de violencia que tanto padece la población, día a día. La crisis de representación política se evidencia con el rechazo nuevamente de la población, hacia el nuevo designado presidente Jerí- con denuncias por abuso sexual, corrupción y participación en las leyes que legalizan el crimen organizado y la economía informal- y hacia el congreso peruano, que está conformado por una comisión directiva con figuras políticas antipopulares.
Con proyección a las próximas elecciones presidenciales, se visualiza un camino de 6 meses llenos de incertidumbre porque el sistema político peruano no ofrece propuestas de cambio político donde pueda plasmarse las demandas de las regiones del interior y de los movimientos populares. Hay una orfandad de liderazgo político que logré encausar la protesta social y pueda conducirla para tomar la política y poder construir un nuevo pacto social, que este basado en los intereses nacionales.
Lo que hoy se evidencia es la instalación de la crisis como forma de producción de normalidad del sistema político que lleva a presenciar una transición camino a los comicios electorales. Hace falta la construcción de un estado que tenga soberanía y el control del monopolio del uso de la fuerza y sobre la territorialidad o caso contrario, las estructuras de violencia instaladas profundizarán el control de la fuerza y el territorio.
La situación peruana en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, es una pieza clave para el país del norte que ejecuta una serie de movimientos y que, mediante el redespliegue militar y guerrerista en América Latina, intenta desmontar la presencia de China en la región.
Y visto de la geopolítica, no es para menos, porque la relación de Perú y China es histórica. El país asiático es el primer socio comercial de Perú, maneja el 100% de la energía en Lima y el 70% de la energía en las provincias del país, añadiendo la importante y estratégica construcción del Puerto de Chancay, uno de los puertos más importantes de aguas profundas del Pacífico.
China mira el mercado peruano como una fuente de riqueza alimentaria muy importante para el mercado del Asia, por ende, es el primer destino de las exportaciones peruanas, estamos hablando del consumo de quinua y otros productos agrícolas peruanos, además de minerales como el oro, el cobre y la plata.
El país multipolar busca dinamizar la relación con Perú, a través del proyecto de la Franja y la Ruta para la incorporación de materias primas y minerales a su economía y al mercado asiático, y para la venta de productos tecnológicos y textiles al Perú. Lo que representa una provocación para el país del dólar que va perdiendo influencia en la región.
La destitución de Dina Boluarte, más allá de tener bases en su incapacidad de gobernanza en el marco de una crisis sistémica peruana, no debe dejar de mirarse geopolíticamente como una de las jugadas injerencistas estadounidenses que vienen desplegándose en paralelo.
Su destitución permitiría generar una nueva correlación política, que sostenga el statu quo imperante pero que evite que el Puerto de Chancay cumpla con el rol asignado por China y los BRICS. Un golpe para la posibilidad de un ver a un Perú multipolar.
Sobre todo, en este momento que vive la región, donde se explicita las constantes presiones y amenazas de la gestión norteamericana sobre Panamá por las empresas chinas ubicadas en el Canal de Panamá, sobre el apoyo a Bolsonaro en Brasil, por la construcción de la plataforma geoespacial en Chile y por la base de radares china ubicadas en el sur de Argentina. Añadiendo, también, la escalada en la confrontación con Venezuela.
La inestabilidad peruana que ha tenido sus orígenes en causas internas, también ha sido fomentada y aprovechada por el país imperial, precisamente mediante el rol del Comando Sur, para conducirla a un estado de caotización, mediante operaciones de guerra cognitiva y guerra híbrida para incidir sobre su población y reescribir sus registros.
Esto se ve canalizado en la irrupción del fenómeno de la Generación Z como actor fundamental en las recientes protestas sociales, en distintas partes del mundo con las mismas banderas del anime One Piece, que dicen representar la lucha contra la corrupción, con características de liderazgos horizontales o múltiples referentes. En donde, la forma de comunicación y reproducción de las consignas llegan a su máxima circulación mediante las redes sociales, operatoria que se asemeja a lo planteado en el “Manual para una revolución sin violencia” de Gene Sharp, que en la jerga geopolítica se denominan revoluciones de colores. No es que la protesta no sea legítima, las condiciones dadas son objetivas, pero sobre eso se opera para despolitizar y cooptar a través de los consumos culturales, los valores y las ideas, y poder modificar los registros genuinos de las luchas de los pueblos.
El reciente asignado presidente José Jerí a la fecha ya cuenta con un asesinado en su gestión, Eduardo Mauricio Ruiz Sanz. La protesta social y los niveles de violencia crecen ante una clase política totalmente desconectada de su pueblo, que es incapaz de brindarle respuestas a sus demandas. Cabe ver el proceso de organización popular que se geste a partir de esta nueva crisis y ver cómo se construye nuevas alternativas que respondan a los intereses del pueblo y que sean capaces de llegar a la política.
Lucia Izaguirre* Periodista miembro del equipo editorial de PIA Global
Foto de portada: Agenda Salta
