Cien días de desgobierno, masacres, persecución política, desapariciones forzadas, represión, desaprobación de la gestión, criminalización de la protesta, detenciones arbitrarias, todo bajo el sustento de una legalidad amañada a la interpretación mezquina de un sistema jurídico engendrado por una Constitución desprovista de legitimidad realizada por un dictador que gobernó a sangre y fuego para imponer un orden de cosas que tarde o temprano iba a volar por los aires.
Cien días en los que la comunidad internacional y la partidocracia tradicional del Perú siguen discutiendo si Castillo dio o no dio un golpe de Estado, y si la posesión de Dina Boluarte es legal, mientras la calle grita su reclamo de renuncia, cierre del congreso, y elecciones anticipadas con un llamado a una Asamblea Constituyente.
El gobierno de Dina Boluarte es ilegitimo, su imposición es criminal y la única salida a esta crisis es política, o sea hay que generar acciones legales para que la legitimidad y la legalidad permitan la gobernabilidad.
La necedad y la irresponsabilidad de los gobernantes, mas allá de la acción depredadora que genera una economía estancada producto de la falta de solución política del conflicto, hace que la situación escale de diversas maneras a formas cada día mas antagónicas con las pretensiones de quienes gobiernan como si nada ocurriera en el país y sin entender que las heridas generadas en las entrañas del Perú profundo no van a sanar sin justicia y recomposición del contrato social.
El colapso del sistema se muestra a las claras cuando se observa que desde el regreso a la democracia en el año 2000 hasta la fecha existe una lista de presidentes con un mandato truncado por acusaciones de corrupción desde un congreso que también se ha visto salpicado por ella.
Cierre del Congreso, instalación de un Gobierno de Emergencia, intervención del Poder Judicial y llamado a elecciones para renovar al Poder Legislativo y una Asamblea Constituyente, fueron los planteos tardíos de una acción desesperada a la que recurrió Castillo, tratando de recomponer su legitimidad mediante su frágil legalidad.
Luego de su detención y con la gente nuevamente poniéndole el cuerpo a la represión, hablar de democracia en Perú pasaba a ser un chiste de mal gusto.
Hoy el caos institucional hace que mientras que Boluarte y Otárola se muestran como legítimos poseedores de sus cargos, la Fiscalía General los llame a responder en persona por las muertes y las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la protesta social.
El Congreso unicameral, con mayoría de derecha, rechazó más de una docena de proyectos para adelantar las elecciones para este 2023, como lo exige el movimiento popular, mientras discuten pasar a la bicameralidad, circunstancia que les permitiría seguir usufructuando las escandalosas remuneraciones y bonos que les otorga su condición legislativa.
Sin este adelanto de elecciones reclamado por la gente, la fecha para la realización de las mismas sería el primer semestre de 2026. Creo que a nadie se le ocurriría pensar que esta situación dictatorial se pudiera prolongar hasta esa fecha.
Las marchas, las paralizaciones de servicios y bloqueos se han instalado y se desarrollan más allá de los decretos de Estado de Emergencia, Excepción o Estado de Sitio, también se han instalado las consignas de renuncia de Dina Boluarte, adelanto de elecciones para el 2023, el llamado a una Asamblea Constituyente y se extienden los reclamos ante las acciones represivas y la asfixia económica que sacude a los sectores más vulnerables de la sociedad.
En este marco es necesario que este sujeto social y político movilizado, se prepare para encarar los futuros escenarios electorales y constituyentes que se avecinan, con la experiencia y la conciencia adquirida en todo este tiempo de lucha, aprovechando el surgimiento de nuevos líderes y las conclusiones de la reflexión colectiva sobre los eventos y la raíz de los males que los aquejan históricamente.
La lucha callejera logró la unidad que no pudo lograrse en las elecciones, la solidaridad y la coordinación han permitido mantener las protestas, el hermanamiento generado ante los crímenes contra la población, ha visibilizado al interior del país dolido por la desigualdad y el racismo.
Hoy necesariamente debe generarse la transformación de esta manipulada y desprestigiada “democracia representativa” hacia una “Democracia participativa y protagónica” de la mano de una Asamblea Constituyente que exprese los intereses de toda la nación y abra los caminos por los cuales se transite hacia la justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política en el Perú
Oscar Rotundo* Analista político internacional, editor del equipo de PIA Global
Foto de portada: Familiares y amigos cargan el féretro de Leonardo Hancco Chacca, muerto durante las protestas tras la destitución del expresidente peruano Pedro Castillo, en Ayacucho, Perú. 18 de diciembre, 2022. En el cartel se lee «Dina Boluarte asesina». REUTERS/Miguel Gutiérrez Chero
