Marruecos ocupa ilegalmente el Sahara Occidental desde 1975 cuando España -que sigue siendo potencia administradora de iure–se retiró del territorio sin cumplir con el mandato asumido ante Naciones Unidas de garantizar la descolonización. Desde entonces, el pueblo saharaui ha exigido su independencia plena. Lo hizo mediante la lucha armada hasta 1991, cuando logró el compromiso de un referéndum de autodeterminación. Sin embargo, el bloqueo sistemático de este acuerdo por parte de Rabat, llevó al reinicio del conflicto militar en noviembre de 2020.
Ningún país reconoce la soberanía marroquí sobre las tierras saharauis, y tanto la ONU como la Corte de La Haya se han posicionado explícitamente en contra. Sin embargo, en los hechos la “comunidad internacional” ha sido cómplice de la monarquía que ha logrado sostener el statu quo mediante una brutal represión interna y una guerra abierta con el Frente Polisario, representante del pueblo saharaui.
Sobre esta complicidad trata Ocupación S.A., el documental dirigido por Laura Dauden y Sebastián Ruiz-Cabrera que denuncia el vínculo que distintas empresas españolas tienen con la ocupación ilegal. Ya sea mediante acuerdos de infraestructura, suministros o la explotación y saqueo de los recursos naturales del Sahara Occidental.
El filme, estéticamente impecable y con una dinámica que lo hace muy llevadero para un tema a priori denso, repasa a lo largo de sus poco más de 40 minutos el rol de multinacionales de origen español y sus vínculos con firmas marroquíes (algunas son propiedad del rey Mohamed VI).
Es el caso de la vasca Siemens Gamesa que instaló las plantas de energía eólica que proveen electricidad a la mina de fosfatos de Fosbucraa, explotada por OCP, una empresa estatal de Marruecos. Por su parte, Repsol y la Compañía Española de Petróleos S.A. (CEPSA), son las únicas dos que suministran combustible a los territorios ocupados ya que la región carece de reservas petroleras. Sin ese flujo comercial “la ocupación sería inviable”, sentencia el documental.
Pero el saqueo también incluye compañías menos conocidas fuera de España como el Grupo CEISA. Esta compra arena del desierto saharaui para venderla luego en las Islas Canarias, ya sea para la industria de la construcción como para la creación de playas artificiales.
Otro ejemplo es el de la empresa Rodman y Urovesa que, violando la propia normativa española y europea, han vendido armamento, barcos y vehículos militares a Marruecos que se han utilizado en la represión interna.
Finalmente, pero no menos importante, destaca la explotación de los recursos pesqueros. Barcos de todo el mundo faenan las aguas saharauis y entre ellos, unos 90 de bandera española. Si bien se trata de una práctica totalmente ilegal, se utiliza un artilugio para fraguar el origen de los productos al desembarcarlos en puertos de Marruecos. De esta forma se etiquetan como si fueran marroquíes.
Todo este entramado económico que reconoce y garantiza en los hechos una ocupación ilegal, no es solo producto del afán de lucro de empresas privadas. El propio Estado español cumple un rol, ya sea como mediador, como cómplice que oculta pruebas (en el caso del armamento amparado en una ley de la época de la dictadura de Francisco Franco) o como actor directo a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El Frente Polisario y el pueblo saharaui han denunciado esta situación ante diversos foros internacionales. Fue así que en septiembre de este año lograron que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) cancelara dos acuerdos de pesca y agricultura con Marruecos por involucrar la explotación de los territorios ocupados.
En su fallo, los magistrados argumentaron que «en la medida en que los acuerdos controvertidos se aplican expresamente al Sáhara Occidental, así como, por lo que respecta al segundo de esos acuerdos, a las aguas adyacentes a este, afectan al pueblo de dicho territorio y requerían que se obtuviera su consentimiento”. “Por consiguiente, el Tribunal General concluye que las decisiones impugnadas tienen efectos directos sobre la situación jurídica del Frente Polisario en su calidad de representante de ese pueblo y de parte en el proceso de autodeterminación de dicho territorio», añadieron.
No obstante, tanto Marruecos como la UE, ratificaron su alianza estratégica y señalaron que apelará el fallo. A pesar de las formalidades del derecho internacional, el mensaje enviado al pueblo saharaui parece ser que sólo obtendrá su independencia mediante la lucha. Una lucha que nunca ha abandonado y que difícilmente sea doblegada.
*Santiago Mayor es periodista
Artículo publicado en Notas, Periodismo Popular y fue editado por el equipo de PIA Global
