El aumento en las condenas por la ocupación de tierras a mano del Estado u ociosas por parte de campesinos o indígenas, vuelve a poner sobre el tapete la vieja discusión sobre la tenencia de la tierra y la deuda histórica que la conquista tiene con los habitantes originarios, quienes fueros expropiados a sangre y fuego por los saqueadores españoles y portugueses.
Para la Federación Nacional Campesina, el reclamo de los campesinos e indígenas se remonta a los tiempos del dictador Alfredo Stroessner, que, entre 1954 y 1989 benefició a terratenientes o personas cercanas a sus familia y gobierno despojando a muchos campesinos e indígenas que vieron arrebatadas sus tierras ancestrales.
Estas usurpaciones propiciadas por la dictadura de entonces, siguieron el mismo libreto que las ocurridas históricamente en el país o en nuestraamerica, con un saldo de desplazamientos y masacres que jamás horrorizarán a las burguesías citadinas o a los multimedios tarifados del sistema.
Otra vez volvemos a escuchar la palabra “vándalos” para calificar a los trabajadores rurales o los históricos dueños de la tierra que se levantan ante la descarada arremetida jurídica ejecutada por los supuestos representantes del pueblo.
Los 49 parlamentarios del Partido Colorado en el gobierno, modificaron una ley que consagraba la propiedad privada, aumentando las penas de cuatro a seis años de cárcel para quienes ocupen ilegalmente dichas propiedades.
Pero el tema central, e hipócritamente tratado por los medios y por la clase política, es que los campesinos y fundamentalmente los indígenas están luchando por recuperar lo que les fue arrebatado desde la época de la colonia y de lo cual depende su sobrevivencia.
Con total desparpajo el senador Fidel Zavala, del Partido Patria Querida expresaba «La ley no busca perseguir a nadie sino dar seguridad a los ciudadanos de zonas urbanas y rurales, incluso de comunidades indígenas», y el senador Enrique Bachetta, del Partido Colorado afirmaba «Lo que se quiere es proteger la propiedad privada, para que la gente que quiera trabajar tenga la seguridad de que su propiedad no será invadida»
La gente que quiere trabajar esta movilizada en las calles exigiendo que no le sigan robando su fuente de trabajo y la clase política que representan estos funcionarios, lo único que pretende es proteger los beneficios de quienes especulan con la tierra, fugan los capitales y sacan provecho del blanqueo de capitales del narcotráfico.
Los rufianes que someten al hambre y a la miseria a millones de personas, se amparan en la legalidad para seguir cometiendo crímenes contra el pueblo.
En un informe del año 2006 elaborado por la Comisión de la Verdad y Justicia, creada para investigar las violaciones ocurridas durante la dictadura de Stroessner, se precisa que cerca de los dos tercios de la tierra entregada durante la reforma agraria orquestada por el gobierno dictatorial, fue a parar a manos de personas cercanas al gobierno
Desde entonces, miles de campesinos e indígenas han sido asesinados o encarcelados intentado recuperar esos terrenos mediante la ocupación temporal.
«Nunca solucionaron el problema de las tierras y nos quieren hacer ver como criminales», expresaba a la prensa Derlis López, uno de los referentes indígenas de la protesta, agregando «Vamos a venir masivamente en caso de que la ley sea promulgada, no nos vamos a callar más».
Para muestra de la situación, tenemos las declaraciones del viceministro de Política criminal del Ministerio del Interior, Rubén Maciel Guerreño, quien por las redes sociales expreso
También el Ministerio de Agricultura y Ganadería se expresó sobre el tema diciendo «repudiando todo tipo de acto violento entre paraguayos. Ese no es el camino. Hacemos un llamado a la cordura y al diálogo».
Por lo que vemos para estos funcionarios que miles de personas mueran de hambre no es un acto de violencia, solo la reacción del pueblo es visto como un acto criminal. Veamos los acontecimientos.
El gobierno del neoliberal Mario Abdo Benítez viene de sobrellevar una crisis por el mal manejo de la pandemia del coronavirus hace unos meses atrás y ahora deberá enfrentar al pueblo nuevamente en las calles.
El hartazgo expresado por distintos sectores de la sociedad que exigían a principios de año la dimisión del mandatario, vuelve a las calles de la mano de los campesinos y los indígenas que utilizarán la movilización y los cortes de rutas para presionar al gobierno, ahondando la crisis política que ha llevado al Paraguay a una desigualdad escandalosa.
Recordemos que sucedía en marzo del 2021 y sigamos con atención estos acontecimientos que requieren de la solidaridad y el acompañamiento de los pueblos de la región para que no se vuelva a ahogar en sangre un justo reclamos.
