La muerte de Isabel II, la figura que durante los últimos 70 años ha supuesto un símbolo de continuidad en el Reino Unido, ha llevado a miles de personas a acampar en las calles para poder dar su último adiós a la que se considera la última reina global. Cada vez que Carlos III se acerca a la multitud, se da un baño de masas al cántico de ‘Dios salve al rey’. Pero no todos los británicos se sienten de la misma manera.
El lunes, el abogado y activista Paul Powlesland decidió ir a la plaza que hay frente a Westminster, donde el nuevo monarca estaba dando un discurso, con una hoja de papel en blanco. Un agente de policía se acercó hacia él y le pidió sus datos. Le confirmó que si escribía “No es mi rey”, le arrestaría bajo la nueva Ley de Orden Público, bajo el argumento de que alguien podría sentirse ofendido. Tras el incidente, el activista lo explicó todo en un tuit que rápidamente se hizo viral.
Desde la proclamación del nuevo jefe de Estado, se han realizado varios arrestos de manifestantes en Londres, Escocia y Oxford. Entre ellos, un joven de 22 años que, durante la procesión celebrada en Edimburgo el pasado lunes —en la que el féretro de Isabel II fue trasladado a la catedral de St. Giles, acompañado por sus cuatro hijos—, gritó al príncipe Andrés: “Eres un viejo enfermo”. El hijo favorito de Isabel II lleva apartado de la vida pública desde 2019 por un escándalo de abusos sexuales a una menor, cargos que él siempre ha negado.
Se abre el debate de sí, en medio de un cortejo fúnebre, era el momento más oportuno para esa protesta. Pero otra cosa muy distinta es plantear si era ilegal. La pregunta es: ¿se puede arrestar a los ciudadanos que estos días se manifiestan contra la monarquía en Reino Unido?
“El público tiene absolutamente el derecho de protestar y así lo hemos dejado claro a todos los oficiales involucrados en la operación extraordinaria que se lleva a cabo actualmente y continuaremos haciéndolo”, asegura el comunicado publicado por Scotland Yard, tras acumularse las polémicas. “La gran mayoría de las interacciones entre los oficiales y el público en este momento han sido positivas, ya que la gente ha venido a la capital para llorar la pérdida de su difunta majestad la reina”, añade.
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Activistas por las libertades civiles han expresado, sin embargo, su alarma y «profunda preocupación» por la respuesta de la policía contra los manifestantes antimonárquicos, ya que estaría aplicando de manera muy generosa unos nuevos y más amplios poderes para reducir a los manifestantes, como denuncia el grupo Liberty.
Entre los arrestos de los últimos días está el de una joven de 22 años por sostener un cartel que decía “A la mierda el imperialismo, abolir la monarquía” antes de la lectura de la proclamación de Carlos III en Edimburgo. El arresto se realizó por presunto quebrantamiento del orden público. El incidente tuvo lugar fuera de la catedral, donde yacía el ataúd de Isabel II.
El lunes por la noche, Global Majority vs. Campaign, el grupo que representa la joven, emitió un comunicado asegurando que condenaba “los siglos de injusticia colonial, genocidio y extracción ilegal que se han llevado a cabo, y continúan llevándose a cabo, en nombre de la Corona británica”. “Pedir la abolición de la monarquía es tan antiguo como la monarquía misma y es una piedra angular de la libertad de expresión en Reino Unido”, añadían.
La policía de Oxford también ha arrestado a un hombre de 45 años —que, como el resto, ya ha sido puesto en libertad— por gritar “¿quién lo eligió?” cuando se leyó la proclamación del nuevo rey. La diputada laborista Zarah Sultana asegura que “nadie debería ser arrestado solo por expresar puntos de vista republicanos”. “Extraordinario, e impactante, que esto necesite decirse”, amplió.
El brazo de la ley
Toda persona tiene derecho a la manifestación pacífica en Reino Unido. Si bien no existe un derecho específico en la ley, está consagrado en los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión, protegidos respectivamente por los artículos 10 y 11 de la Convención europea de Derechos Humanos, que fue incorporada directamente a la legislación nacional británica por la Ley de Derechos Humanos.
Con todo, las limitaciones al derecho a protestar en Inglaterra y Gales se establecieron en la Ley de Orden Público de 1986 y han sido reforzadas con la polémica Ley de Policía, Crimen, Sentencias y Tribunales, aprobada este año en Westminster. Una normativa que da a los agentes aún más poderes para perseguir y controlar las manifestaciones.
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Manifestantes por el asesinato de Sarah Everard protestan frente a un agente en Londres. (Reuters)
Entre otros, pueden imponer una hora de inicio y finalización de la concentración, establecer “límites de ruido” y aplicar incluso estas reglas a una protesta de una sola persona. Llevado al extremo, si hay un individuo sosteniendo una pancarta mientras expresa sus puntos de vista a través de un altavoz y se niega a seguir las instrucciones de la policía sobre cómo debe llevar a cabo su protesta, podría recibir una multa de hasta 2.500 libras (alrededor de 3.000 euros).
Más adelante, también se convertirá en un delito no seguir las restricciones que los manifestantes “deberían” haber conocido, incluso si no han recibido una orden directa de un oficial. Hasta el momento, los agentes deben demostrar que los manifestantes estaban al tanto de las reglas antes de acusarlos de infringir la ley. La nueva normativa incluye asimismo como delito “causar molestias públicas intencional o imprudentemente”. Esto está diseñado para evitar que los manifestantes ocupen espacios públicos, cuelguen sus emblemas en puentes o empleen otras tácticas de protesta para hacerse ver y escuchar. Tanto Escocia como Irlanda del Norte tienen su propia legislación con delitos contra el orden público.
*Celia Maza. Londres, periodista, corresponsal en Londres.
Artículopublicado en El Confidencial.
Foto de portada: El féretro de la reina Isabel II. (Reuters/Ben Stansall)
